La Ley General en Materia de Desaparición Forzada ordena la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, que debía operar desde enero de 2019. No ha sucedido.
Hace casi 6 años desapareció Marco Antonio Montoya en Guanajuato. Hasta la fecha, su paradero es desconocido. Su hermana, Olimpia, se ha enfrentado a las múltiples negativas y omisiones de las autoridades durante la investigación. Como ella, durante años, más de 103 mil familias de toda la República han exigido a las autoridades acciones concretas para atender la crisis de desapariciones y de rezago forense en México, donde se registran más de 52 mil cuerpos encontrados en toda la República sin identificar.
Publicado originalmente el día 11 de agosto de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
El pasado 6 de agosto un centenar de madres buscadoras, integrantes de colectivos de búsqueda articulados alrededor de la Red de Enlaces Nacionales, se reunieron en la Glorieta de las y los desaparecidos portando lonas y carteles con los rostros de sus familiares desaparecidos, para realizar una protesta pacífica que incluyó una acción ecuménica promovida por el Eje de Iglesias de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una concurrida marcha que partió de la Avenida Reforma y una clausura simbólica de la Fiscalía General de la República. La exigencia central en esta acción fue la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF). Para las familias es impostergable la sistematización, el procesamiento y el cotejo de los perfiles genéticos de los miles de cuerpos sin identificar. Por ello, “Identificación YA” fue la consigna.
Esta no es una demanda nueva. Desde 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, también impulsada y promovida por las familias de personas desaparecidas, ordena la creación del BNDF, que debía operar desde enero de 2019. El 31 de diciembre de 2021, el Juzgado de Distrito Décimo Primero en materia administrativa en Ciudad de México admitió una demanda de amparo contra la Fiscalía, presentada por Olimpia, acompañada por el Centro Prodh. Hasta el momento, a un año de interponerse el amparo y casi 5 de emitida la Ley, no hay resolución, por lo que las familias también realizaron un llamado al Poder Judicial, el cual tiene la oportunidad de revisar la omisión de la FGR, dependencia que ha eludido el ordenamiento, dejando en desamparo a miles de personas que buscan a los suyos.
Desde luego las familias reconocen otros esfuerzos para atender la crisis forense como la reciente creación del Centro Nacional de Identificación Humana, pero ante la falta de certidumbre sobre la asignación de recursos presupuestales bastantes para este Centro y tras múltiples experiencias sobre la inconstancia de los esfuerzos que el Estado emprende en el tema, advierten también que deben seguir exigiendo el cumplimiento de la ley que tanto esfuerzo les costó obtener, misma que claramente pone en el ámbito de la Fiscalía General de la República la consolidación de un Banco Nacional de Datos Forenses, como bien lo supo señalar en su reciente informe el Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas.
“Somos cientos de familias que estamos padeciendo esta crisis forense en toda la República. Se necesita crear el Banco Nacional de Datos Forenses y necesitamos que sea funcional, así como lo determinó la Ley. Hoy no se cubren las necesidades de todas las familias que estamos aquí y de toda la República”, enfatizó Olimpia en su discurso frente a Fiscalía, luego de que las y los familiares colocaron sellos de clausura simbólica en las puertas de la institución. “Esta clausura simbólica es porque los familiares estamos cansados y necesitamos respuestas. ¿Dónde están las más de 100 mil personas desaparecidas? Deben estar, por lo menos más de la mitad, en esa crisis forense”, añadió Jaqueline Palmeros, quien busca a su hija desaparecida desde julio de 2020.
La creación del Banco no es la única omisión de la Fiscalía. De acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información pública, también se encuentra el incumplimiento de su obligación de concentrar la información forense del país: cuenta con la información genética de 15 mil cuerpos no identificados de los más de 52 mil cuerpos sin identificar reconocidos; es decir, la información de 2 de cada 3 cuerpos no se encuentra en la base de FGR. A ello contribuye, también, la indolencia e incapacidad de las fiscalías estatales.
La información tampoco se encuentra actualizada ni completa, ya que 7 de cada 8 perfiles genéticos obtenidos no se envían de las entidades federativas a la FGR. La Fiscalía también reconoce haber recibido 35 mil perfiles genéticos, mientras que los estados refieren haber enviado más de 53 mil; es decir, habría 18 mil faltantes. Desde 2006, sólo el 1% de las identificaciones en todo el país fueron realizadas por la FGR.
Eso sin contar las diligencias insuficientes que se realizan día a día para encontrar a las y los desaparecidos y la falta de voluntad política para generar estrategias de prevención, como ya lo han señalado en diferentes ocasiones organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos. Lo han remarcado las buscadoras en diferentes protestas y lo enfatizaron durante la clausura simbólica: “La FGR nos debe mucho a las familias, por eso la clausuramos hoy”.
Las acciones en la Glorieta, durante el recorrido y en la Fiscalía también sirvieron para incluir a más personas. El llamado de las madres y los colectivos va también hacia la sociedad para que se involucre y se solidarice con la campaña que han promovido para exigir la creación del BNDF. Al ocupar el espacio público mediante protestas pacíficas, las familias ejercen sus derechos e interpelan a un país que se ha vuelto indiferente ante la permanente violencia. El rezago forense es una problemática que afecta a todo el país, y es necesario unir más voces a la digna exigencia de #IdentificaciónYa.