@GlorietaMx: memoria y espacio público

El Estado mexicano no ha impulsado, con visión sostenida e integral, políticas de alcance nacional para construir memoria sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en el país. Por poner sólo un ejemplo: en todo el territorio nacional, las mexicanas y los mexicanos caminamos sobre los sitios donde, en el pasado y en el presente, han ocurrido atrocidades que no deberían repetirse, sin que nada nos indique que ahí sucedió algo que no queremos que vuelva a ocurrir y sin nombrar e identificar a las personas que más directamente padecieron esos abusos.

Las iniciativas gubernamentales adoptadas en el pasado para hacer frente a esta realidad han oscilado entre las afrentas y la indiferencia. El polémico memorial instalado a un costado de Campo Marte durante el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, terminó por ser más una expresión de la incapacidad de las autoridades para dialogar con las víctimas, al decidir unilateralmente y no un sitio del que la sociedad se haya apropiado para hacer memoria.

Frente al desinterés imperante, las víctimas y la sociedad han tomado la iniciativa. La reapropiación de la estela de luz por parte de los colectivos; las marchas periódicas en fechas simbólicas; el trabajo editorial en libros, reportajes y sitios de internet; las distintas expresiones artísticas que abordan los impactos de la violencia; la instalación de placas conmemorativas en lugares emblemáticos; las ofrendas dejadas —de modo más humilde y menos difundido— en tantos lugares de exterminio del país o, de forma señalada, la profusión de anti monumentos sobre el Paseo de la Reforma en la CDMX que perfilan una verdadera ruta por la memoria, muestran la intensidad de las luchas por la memoria en México.

Esta irrupción en el espacio público es esencial. Como se señala respecto de la ruta de la memoria en Paseo de la Reforma en la publicación Antimonumentos: memoria, verdad y justicia, editada por la Fundación Heinrich Böell, con palabras aplicables a otras expresiones, se trata de esfuerzos que buscan: “mantener encendida la alerta memoriosa y el reclamo social. Quienes han denunciado estas tragedias asumen que la ignorancia y la indiferencia frente a lo ocurrido no son una opción. Por ello, con esta iniciativa se deja una huella en el espacio público con varios objetivos: desde dejar una señal de memoria en forma de una escultura, pasando por una expresión de forma y dimensión, hasta informar sobre un hecho trágico proponiendo un sentido preciso”.

En ese mismo sentido, en su Resolución 3/2019 sobre Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado: “Los Estados deben diseñar e implementar iniciativas orientadas hacia el reconocimiento y disculpas por los hechos relacionados a las graves violaciones de derechos humanos, la reivindicación de la memoria y dignidad de las víctimas y el establecimiento y difusión de la verdad histórica de tales hechos. Dichas iniciativas pueden incluir actos públicos, medidas educativas, culturales o de otra naturaleza, respetuosas de la interculturalidad y la diversidad, y con enfoque de derechos humanos, y perspectiva de género, ejemplificadas por las siguientes: “(…) Instauración de monumentos, señalizaciones en espacios públicos, memoriales y museos en reconocimiento de las víctimas, y quita o enmienda contextualizada de monumentos, memoriales, museos, escudos, insignias y placas que alaben la memoria de perpetradores” (Principio IX).

Es en este contexto que hay que situar la propuesta que actualmente impulsan de forma directa diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas respecto de una de las glorietas de Paseo de la Reforma. Su reivindicación, plausible y legítima, es parte de una lucha más amplia por la justicia y por la verdad; específicamente, por la memoria de tantas heridas abiertas que, por la impunidad estructural, arrastra el país.

Ante este reclamo legítimo, la respuesta del Gobierno de la CDMX no ha sido la ideal. Poner a votación la propuesta es inadecuado: someter a contienda de popularidad el deber de memoria no es la mejor manera de garantizar derechos. Tampoco es pertinente sugerir una interpretación de la historia reciente en la que habrían dos grandes períodos de comisión de desapariciones: la “Guerra Sucia” y la “Guerra contra el Narcotráfico”, sugiriendo que esta última es también pasado y que en el presente ya no ocurren desapariciones. La realidad es otra: de 2018 a la fecha se acumulan alrededor de 30,000 desapariciones, como se reconoce en las cifras oficiales; la política de seguridad se ha caracterizado por la profundización de la militarización, sin que la violencia —y específicamente, la desaparición de personas— disminuya de forma sustantiva; y aunque hay esfuerzos individuales desde la Secretaría de Gobernación para atender esta problemática, no se están fortaleciendo todas las instituciones que deben hacerse cargo de la crisis —lo que ocurre con la FGR, que todavía adeuda el Banco Nacional de Datos Forenses, es ejemplo de ello—.

Las desapariciones no son una herencia del pasado, sino una herida del presente: siguen ocurriendo y no se debe negar esta dolorosa realidad en aras de sostener la narrativa política de los actores que se encuentran en el poder. Sería mejor que las autoridades de la CDMX, desde el más alto nivel, se acercaran a escuchar con respeto a las víctimas; en el país roto que tenemos, siguen haciendo falta son políticos y políticos que se formen en la empatía dejándose tocar por el dolor

La disputa por el espacio público que sostienen hoy diversos colectivos de familiares de desaparecidos en la CDMX es relevante y pertinente. Es, desde luego, legítimo que los colectivos de familiares busquen visibilizar lo que ocurre en la CDMX, donde siempre han reverberado en un clima de libertad las luchas sociales del país. No dejemos solas a las familias.