Las instituciones públicas mexicanas conocían el caso de Juana desde hace casi ocho años y ninguna había buscado activamente cesar la injusticia; no fue sino hasta que desde la sociedad se visibilizó el caso, que el camino hacia su libertad comenzó a abrirse.
Como miles de personas, Juana Alonzo Santizo, mujer del pueblo indígena chuj de San Mateo Ixtatán, Guatemala, se vio obligada a dejar su comunidad para buscar su subsistencia con el anhelo de llegar a Estados Unidos para trabajar y poder tener mejores oportunidades para ella y su familia. Pero en México encontró, como es común, una realidad atroz.
Publicado originalmente el día 25 de mayo de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
En 2014, elementos de la policía ministerial del Estado de Tamaulipas la detuvieron de manera arbitraria, la torturaron y la obligaron a firmar una declaración autoinculpatoria por el delito de secuestro. Todo en castellano, idioma que ella no dominaba en ese momento. Juana tuvo un intérprete que hablaba su lengua materna hasta cuatro años más tarde.
Para exigir su libertad, su familia, su comunidad, organismos internacionales de derechos humanos, instancias académicas y organizaciones de la sociedad civil iniciaron una campaña de denuncia. Ésta implicó un arduo esfuerzo de su familia. Desde su comunidad en San Mateo Ixtatán, Juana recibió cientos de mensajes de solidaridad y aliento; también de protesta y de exigencia: “Ser migrante no es un delito”, “Basta de criminalizar a una mujer inocente”, decían algunos de ellos.
Miles de personas en todo México y Guatemala se unieron a la campaña “Libertad para Juanita”, que desde el Centro Prodh acompañamos junto a Promotores de la Liberación Migrante, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH). Fue fundamental el trabajo de medios de comunicación que documentaron el caso y lograron poner rostro a esta historia de injusticia. También fue de primera relevancia que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las detenciones arbitrarias acreditara los abusos cometidos contra esta digna mujer indígena y migrante.
Todo este esfuerzo derivó en que el presidente de la República y el gobernador de Tamaulipas se pronunciaran instando a analizar el expediente.
En igual sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas emitió una recomendación sobre las violaciones a los derechos humanos de Juana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido.
Luego de una nueva revisión del caso y de un impulso adicional brindado en esta última fase por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas atendió finalmente el llamado a no continuar con la injusta acusación contra Juanita y promovió un incidente que derivó en el sobreseimiento de la causa. Así, Juana Santizo recuperó la libertad que hace casi ocho años le arrebató México indebidamente y, acompañada de autoridades, el domingo, alrededor de las 14:15 horas, pudo volar de regreso con su familia a Guatemala.
Pese a la alegría de la liberación, aún hay exigencias atendibles dado el daño causado. Lo dijo Pedro Alonzo, tío de Juanita que en varias ocasiones acudió a México para pedir justicia, en conferencia de prensa con autoridades guatemaltecas, realizada en cuanto Juanita volvió a su país: “Como familiares de Juanita estamos agradecidos de que ella pueda volver sana y salva con nosotros. Mi respeto hacia las autoridades que están aquí y que están haciendo un compromiso con Juanita en remendar todos los años que estuvo en la cárcel. ¿Quién va cerrar esa cicatriz? (…) Hay muchas cosas que esperar y también mucha esperanza”.
Más allá de estos pendientes, es relevante destacar que el caso de Juana Santizo vuelve a visibilizar una realidad que no ha sido revertida en nuestro país: la de la generalizada violación de los derechos de las personas migrantes que atraviesan México en su paso hacia los Estados Unidos, quienes enfrentan en nuestro país no sólo la violencia criminal de actores privados sino también la violencia institucional de las autoridades mexicanas, que no en pocas ocasiones se expresa en procesos penales injustos, cargados de estigmas y discriminación. Estos juicios penales son especialmente severos contra las personas migrantes, pues los servicios consulares que brindan las embajadas de los países centroamericanos no se dan abasto para asistir y asesorar a todos sus connacionales. En el caso de las personas indígenas, además, el acceso a intérpretes es prácticamente nulo, y en el caso de las mujeres, la desigualdad ante la justicia es extrema como documentamos en el informe “Criminalización de Mujeres Migrantes”.
Frente a esta realidad, que no ha cambiado pues en México se siguen violando los derechos de las personas migrantes, el caso de Juana Santizo muestra que el trabajo coordinado de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, las instancias internacionales de la ONU y las redes transnacionales de solidaridad es indispensable. Las instituciones públicas mexicanas conocían el caso de Juana desde hace casi ocho años y ninguna había buscado activamente cesar la injusticia; no fue sino hasta que desde la sociedad se visibilizó el caso, que el camino hacia su libertad comenzó a abrirse. En ese sentido, la liberación de Juana no es una concesión graciosa del poder, sino un acto de justicia conquistado por ella, por su familia, por su comunidad y sus acompañantes, que nunca cejaron en su empeño de alcanzar su anhelada libertad.
La historia de Juana Santizo condensa mucho de la tragedia de la migración en México; visibilizar su caso debe traer luz sobre lo que debe cambiar para asegurar el respeto a los derechos humanos de la población que migra.