En muchas entidades, las madres han tenido que enfrentarse a diferentes violencias institucionales que van desde negarles la obtención de una ficha de búsqueda de inmediato, hasta sugerir que sus desaparecidas y desaparecidos podrían haber estado relacionados en actividades ilícitas.

En México, miles mujeres no festejaron el Día de las Madres. No hubo motivos. Algunas desde hace meses y otras desde hace años se enfrentan a la ignominiosa realidad de que al menos un integrante de sus familias, a veces más, se encuentre desaparecido. Hoy en día nuestro país supera la lamentable cifra de 100,000 personas que no volvieron a casa. Y han sido principalmente las madres quienes se han visto obligadas a usar sus propias manos para convertirse en buscadoras. Desde diferentes regiones geográficas y contextos, interpelan al Estado y a la sociedad preguntando: “¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?”.

Publicado originalmente el día 17 de mayo de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».

Esta consigna resonó en al menos 24 entidades del país, donde se realizaron protestas este 10 de mayo. La cifra es ilustrativa: la crisis de desapariciones abarca ya casi todos los estados del país.

En muchas de estas entidades, las madres han tenido que enfrentarse a diferentes violencias institucionales que van desde negarles la obtención de una ficha de búsqueda de inmediato, hasta sugerir que sus desaparecidas y desaparecidos podrían haber estado relacionados en actividades ilícitas. Con ello, no sólo se criminaliza y revictimiza a las personas ausentes, sino que se encuentra el pretexto idóneo para no detonar procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición, como indica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Pese a esta realidad, a menudo se obstaculizan los procesos de búsqueda organizados por las mismas madres, que si bien no son la solución última pues compete al Estado primigeniamente esta labor, sí constituyen una expresión legítima e imparable de autotutela de derechos que no son aún cabalmente garantizados.

No es fortuito, entonces, que miles de fotografías de desaparecidos vistieran el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México; ni que en Puebla se exigiera acciones concretas a la Comisión de Búsqueda Estatal; tampoco que en la Plaza de Armas de Zacatecas las mujeres reclamaran a las Fiscalías estatales la “tortura” a la que se han enfrentado; o que en Veracruz las familias iniciaran su recorrido desde el Panteón Palo Verde, para remarcar el luto en el que viven.

Tampoco es azaroso que cada vez más colectivos como la Red de Enlaces Nacionales, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Fundec, Fundem, Grupo Amores, entre otras y otros, sigan sumando nombres y rostros a la causa cada año.

Y esta problemática no sólo lastima las fronteras mexicanas, también se suman las exigencias de madres originarias de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Venezuela y Colombia, quienes se sumaron al grito de “¡Justicia!” como parte de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos y Desaparecidas, pues en nuestro país hay al menos 2,000 personas en situación de migración desaparecidas —según cifras oficiales de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), pero se estiman miles más que no se tiene registro de acuerdo con el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes—.

Ante este panorama, vale la pena recordar que está corriendo el plazo fijado por el Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas para que el Gobierno Federal convoque al diseño de una verdadera Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, como lo recomendó en su Informe el Comité. Si el Presidente de la República no encabeza directamente un esfuerzo nacional en este sentido que logre articular a gobernadores reticentes y a fiscales negligentes, esta política pública nacional recomendada por instancias internacionales no podrá ser desarrollada y se corre el riesgo de que iniciativas plausibles, como el recientemente creado Centro Nacional de Identificación Humana, naufraguen política y presupuestalmente.

Como bien expresó durante la marcha Doña María Herrera, madre amorosa y digna que busca a cuatro hijos desaparecidos: “A cada una de las madres no nos queda más que abrazar el dolor, pero también la esperanza de que juntas podremos encontrar a nuestros seres queridos. No dejaremos de gritar porque somos la voz de nuestros hijos”.

Acompañemos a las madres del amor, porque las y los desaparecidos le faltan a toda la sociedad.