A 16 años de los hechos, ellas continúan visibilizando que la tortura y la tortura sexual siguen sin ser erradicadas de México. “Las mujeres seguimos tratando de sobrevivir a toda esta violencia que es reproducida, cobijada y alentada por el Estado”, resalta Norma.
Dieciséis años. Después de alzar la voz contra la tortura sexual en los operativos policiales realizados en San Salvador Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo, ese ha sido el lapso de vida que las mujeres han luchado contra la impunidad y por las garantías de no repetición. Hablar de ese caminar es hablar de una ardua lucha de dignidad y valentía.
Publicado originalmente el día 10 de mayo de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
A 16 años de los hechos, ellas continúan visibilizando que la tortura y la tortura sexual siguen sin ser erradicadas de México. “La práctica de la tortura sexual se tiene que detener y somos nosotras las mujeres las que seguimos dando pelea para que esto ocurra”, explica Italia. “Las mujeres seguimos tratando de sobrevivir a toda esta violencia que es reproducida, cobijada y alentada por el Estado”, añade Norma.
Tienen razón. La última Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL) 2021 revela que el 64.4% de las mujeres privadas de libertad sufrió algún acto de violencia después de la detención y antes de llegar ante el Ministerio Público, 39.8% sufrió alguna agresión física después de la detención y 25% de las agresiones físicas fueron de carácter sexual. Un caso reciente que muestra la continuidad de esta práctica es el de July Raquel Flores, quien fue torturada por Policías Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en 2020, como lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pese a lo cual permanece en prisión.
El cumplimiento cabal de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el 28 de noviembre de 2018, podría ayudar a revertir esta realidad. En este fallo internacional se ordenó —entre otras cosas— revertir la impunidad sancionando a todos los responsables, fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a casos de Tortura Sexual y crear un Observatorio independiente sobre uso de la fuerza.
Pero la sentencia permanece incumplida en sus aspectos más sustantivos. La impunidad permanece y la Fiscalía General de la República ha consentido que la Fiscalía del Estado de México siga protegiendo a los perpetradores.
Por otro lado, el Mecanismo de Seguimiento a casos de Tortura Sexual no se ha consolidado como una instancia ágil y no burocrática capaz de convocar a actores de diversas dependencias y poderes para coadyuvar a que la práctica empiece a revertirse con políticas públicas integrales, así como para agilizar la liberación de las sobrevivientes que rompiendo múltiples barreras denuncian esta grave violación a derechos humanos.
Finalmente, en cuanto a la creación de un Observatorio capaz de monitorear de manera independiente a las fuerzas federales, la militarización de la seguridad pública va en sentido contrario de lo propuesto por el Tribunal Interamericano: en lugar de fortalecer el carácter civil de la Guardia Nacional y reforzar los controles internos y externos sobre ésta, la fuerte impronta que detenta hoy esta corporación está asociada a la opacidad y la ausencia de controles.
Este panorama adverso contrasta con la repercusión social que ha tenido la lucha de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en el llamado caso Atenco. La sentencia que contra viento y manera obtuvieron es reivindicada en todo el continente. El acompañamiento y la organización con otras mujeres ha contribuido a la resiliencia: precisamente fueron las sobrevivientes de Atenco las que crearon la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la Tortura Sexual”, con el apoyo de las abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, para generar un espacio de acción, de escucha y de fortaleza para ellas y para todas. “La campaña nos salvó y lo siguen haciendo todos estos espacios de fuerza entre mujeres”, expresa Norma.
La lucha de las Mujeres de Atenco es un ejemplo más de cómo son las sobrevivientes y sus familias, quienes poco a poco abren fisuras a los pactos de impunidad que siguen asfixiando la vida nacional, ante la indiferencia del Estado y sin que se desplieguen acciones concretas, visibles y sustantivas para revertir los patrones de violación a derechos humanos que siguen afianzados en las instituciones.
Este 10 de mayo, en buena parte del territorio nacional, esa fuerza la demuestran también las madres de personas desaparecidas que, como lo hacen cada año, se organizan colectivamente para exigir justicia, hasta encontrar a sus desaparecidos y desaparecidas. Es imprescindible que todas y todos rompamos también el silencio, que marchemos con ellas, que seamos partícipes y acompañemos estas luchas desde la empatía y más allá de la polarización, hasta que lograr la dignidad de todas y de todos.