Informe de la ONU sobre personas desaparecidas

En el discurso que fue leído cuando el Senado le otorgó la medalla Belisario Domínguez, a inicios de la actual legislatura, Doña Rosario advirtió: “El puñal clavado tan profundamente por los malos gobiernos, tal vez sea retirado, pero la herida abierta sólo dejará de sangrar cuando sepamos dónde están los nuestros, y aun así quedará por siempre una cicatriz indeleble que nos recordará lo sufrido y que no permitirá que nuestra conciencia se aquiete mientras haya injusticia”.

Con esa expresión tan suya, Doña Rosario expresó el sentir de muchos y muchas de los familiares de las personas desaparecidas en México: la herida que les causa no saber el paradero de sus seres queridos no puede cerrar ni sanar en tanto éste no sea esclarecido. Por eso, la interpelación de los familiares siempre será legítima y potente, más allá de las coyunturas políticas que se presenten. A dicha legítima exigencia se le suma la relevante mirada proveniente de instancias internacionales, que realizan supervisión y evaluación  sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por países como México en materia de justicia, verdad, reparaciones, memoria y medidas de no repetición, frente al flagelo de las desapariciones. En ese sentido, la reciente evaluación efectuada por el Comité de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, es fundamental.

Después de pedir durante ocho años que se autorizara su visita al país, el Comité, compuesto por expertas y expertos de diversas nacionalidades, visitó México en noviembre de 2021. Durante su estancia en el país, se reunió con familiares, autoridades, organizaciones, especialistas y periodistas. Acudió a centros de identificación forense, zonas de búsqueda y centros de detención. Acompañó exhumaciones y dialogó con colectivos de buscadoras. Se trató, además, de la primera visita que el Comité realiza a un país.

Luego de un exhaustivo proceso de análisis de la información acopiada, el Comité publicó su Informe durante su período ordinario de sesiones, la semana pasada también.

El documento, elaborado con rigor, firmeza y sentido propositivo, constituye el más acabado diagnóstico de la crisis de desapariciones que vive México al tiempo que representa, además, una hoja de ruta con propuestas concretas que ayudan a trazar camino para la reversión de esta crisis.

En el diagnóstico, que se suma a las revisiones que antes realizó el Comité, destaca que las desapariciones siguen siendo “generalizadas” en México y que en estas participan como perpetradores tanto actores civiles como actores estatales. Asimismo, destaca que factores como la “impunidad casi absoluta” -que, como dice el Comité, hace de la desaparición el “paradigma del crimen perfecto” en nuestro país- y la persistencia de la violencia -aparejada, como bien señala la ONU, a la militarización de la seguridad- contribuyen a que sigan ocurriendo desapariciones en el presente. Desde esta perspectiva, el Comité sugiere que las desapariciones no son una herencia del pasado sino una dolorosa herida del presente que no hemos logrado revertir.

El Comité constató también que, aunque existen esfuerzos relevantes y personas servidoras públicas comprometidas con la atención seria a esta crisis, no se ha adoptado una política de Estado -integral, global, sistemática e inclusiva de diversas instituciones y niveles de gobierno- que esté a la altura de la crisis. Por ello, recomendó centralmente la adopción de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas. Ésta, de acuerdo con el informe, debería diseñarse sobre la base de cuatro condiciones mínimas y enfocarse en diez prioridades básicas.

Las condiciones indispensables, a juicio de las expertas y los expertos de la ONU, incluyen: erradicar las causas estructurales de la impunidad; abandonar la militarización de la seguridad pública; sensibilizar sobre el impacto de las desapariciones, e implementar adecuadamente el marco legal de los derechos humanos.

En tanto, las prioridades que el Comité destaca son: fortalecer a las instituciones de búsqueda; garantizar la coordinación entre instituciones; avanzar en la judicialización de casos; atender específicamente las desapariciones en contexto migratorio; impulsar las medidas en los casos de la mal llamada “Guerra Sucia”; atender la crisis forense; incorporar el enfoque diferencial; reconocer el papel de las víctimas; proteger a los servidores públicos que participan en búsquedas e investigaciones, y atender las deficiencias en los registros y bases de datos, como el hasta hoy inexistente Banco Nacional de Datos Forenses.

Como era de esperar en un país en el que, según datos oficiales, estamos por llegar a 100,000 personas desaparecidas, el informe del Comité CED es crítico e incisivo. Pero también es respetuoso y propositivo: ofrece una y otra vez asistencia técnica al Estado Mexicano y propone un plazo de 4 meses para que las autoridades respondan el reporte con sus observaciones.

La respuesta del Estado fue, inicialmente, promisoria. En un boletín conjunto, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores expresaron que: “El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”.

No obstante, al día siguiente, en una de las conferencias de prensa matutinas, el presidente de la República adoptó un tono diverso, recordando al empleado por la anterior administración cuando respondió al Relator sobre la Tortura. Después de que se le cuestionara específicamente sobre el balance crítico del Comité a la decisión de profundizar la militarización, el Primer Mandatario refirió que la ONU no estaba actuando “con apego a la verdad”, insistiendo en que “ningún organismo internacional” iba a poner a México “en el banquillo de los acusados” cuando “no vieron nada de los abusos que se cometían” en el pasado, subrayando que ya “no hay impunidad”. Adicionalmente, sugirió que en este tema podría estar incidiendo una campaña mediática contraria a su gobierno.

Estas declaraciones son lamentables. La ONU no ha puesto a México en el “banquillo de los acusados”, pues no ha dejado de ofrecer asistencia técnica y en todo caso lo que evalúa es el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia; no ha inventado nada, pues ha procedido con rigor empleando datos que el propio gobierno ha hecho públicos; no calló en el pasado, pues sus señalamientos sobre las violaciones a derechos humanos -incluyendo las asociadas a la militarización- han sido constantes durante los últimos tres lustros; además, el Comité no mintió cuando afirmó que frente a las desapariciones la “impunidad es casi absoluta”, pues no han aumentado considerablemente en los últimos tres años los casos presentados por las fiscalías a los tribunales ni, mucho menos, las sentencias condenatorias. En suma, el Comité constató la realidad, al punto que sugerir lo contrario y aducir una campaña mediática sólo puede entenderse como un penoso distractor que -dado el peso diferenciado de la palabra presidencial- no contribuye a que las instancias de Estado se sepan y se asuman impelidas a colaborar con el diseño y la ejecución de esa Política Nacional que la ONU propone y que la situación demanda.

La vida de Doña Rosario Ibarra de Piedra fue fecunda. Estuvo presente -generosa y solidaria- en cada lucha social relevante de las últimas décadas. Pero no puede soslayarse que murió sin conocer el paradero de su hijo y sin que en México hubiese justicia y verdad por las desapariciones políticas de los años setenta, en un contexto en el que desapariciones de distintas características pero de igual impunidad han aumentado exponencialmente, como quizá no lo llegó a imaginar esa generación de madres y padres. Hoy son miles las mujeres que protestan contra las desapariciones como lo hizo Doña Rosario, incluso tomando en sus manos la búsqueda de fosas en lugares cruentos donde exponen a menudo su vida. Y las Fuerzas Armadas, hoy empoderadas como nunca antes, siguen sin aportar información de forma proactiva para el esclarecimiento y sin disculparse con los familiares por las desapariciones que cometieron tanto en el contexto contrainsurgente del pasado como en el contexto de las políticas de seguridad de los últimos años.

La mejor manera de honrar la memoria indómita de doña Rosario, de todas las doñas que abrieron la ruta para la reivindicación pública de los derechos humanos, es recordar que no hay democracia con desaparecidos. Es entender que la profunda herida que abre la desaparición provoca un digno grito que, en su exigencia legítima de justicia y verdad, siempre será necesario escuchar y atender. Es asumir a cabalidad los diagnósticos y las propuestas de instancias como el Comité de la ONU, para construir entre todos y todas ese país -pese a todo entrevisto con esperanza por valientes mujeres como Rosario Ibarra- en el que ya sólo desaparezcan la impunidad y la indiferencia.