Gracias a los enormes esfuerzos de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y sus representantes, en marzo de 2015, el recién creado GIEI, nombrado por la CIDH llegó a México con el objetivo de coadyuvar en la investigación de la desaparición, así como de los asesinatos y heridos de un caso que había sacudido la conciencia colectiva.
La MC No. 409 de 2014, proferida por la CIDH generó un año de permanencia en el país, dividido en dos semestres, en el que el GIEI formado por cinco integrantes, coadyuvó en la investigación, la atención a las víctimas y la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. El primer informe del GIEI, en septiembre 2016, mostraba cómo la llamada versión del escenario del basurero de Cocula no tenía sustento en pruebas y era imposible científicamente. Asimismo, daba cuenta de numerosas revelaciones sobre la actuación de corporaciones en el nivel municipal, estatal y federal, así como de la existencia de un 5° autobús y el posible transporte de droga por esa vía como una plausible explicación de los hechos.
Después, el mandato se prolongó seis meses más hasta 30 de abril de 2016. Durante el segundo periodo, el GIEI fue objeto de una fuerte campaña mediática, a la vez que las autoridades cuestionaban algunas de esas revelaciones, aunque se mantenía la colaboración formal, pero dilatando el cumplimiento de diligencias. A finales de abril, se presentó el segundo informe del GIEI que profundizaba en las actuaciones de diferentes corporaciones, así como demostró con pruebas audiovisuales la manipulación del escenario del río San Juan, por altas autoridades de la PGR. Al finalizar su mandato, el GIEI salió de México por decisión del gobierno de México.
En julio de 2016, la CIDH, a petición de los padres y madres y sus representantes, creo un mecanismo de seguimiento (MESA). Este mecanismo continuó con la supervisión de la investigación, lo que facilitó la creación de una nueva fiscalía (UEILCA) y el regreso del GIEI.
En 2019, atendiendo una solicitud de los padres y madres de los normalistas acompañados de sus representantes, el nuevo presidente de la República, Manuel López Obrador pidió a la CIDH nuevamente la asistencia del GIEI, dos integrantes del GIEI formaron el GAT en 2019 y el GIEI regresó en marzo del 2020, esta vez compuesto por cuatro integrantes. La incidencia de la pandemia bloqueó las posibilidades de presencia en el país de algunos de sus miembros y de trabajo directo con la Fiscalía y la creada Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ). A pesar de ello, el GIEI realizó su asistencia técnica y acompañamiento presentando un balance en octubre de 2020 y continúa hasta hoy por petición de los padres y madres y del gobierno mexicano.
Este tercer informe, cuyo resumen se presenta, incorpora el seguimiento a las líneas de investigación recomendadas desde un inicio y actualizadas conforme el avance en la investigación. Una buena parte de su contenido se basa en el análisis de la documentación desclasificada ordenada por el presidente AMLO y que había sido solicitada por el GIEI en reiteradas ocasiones. Otra parte de ella es fruto del trabajo de coadyuvancia llevado a cabo con UEILCA para el apoyo en la investigación y judicializaciones, así como con la colaboración con la COVAJ que han sido las contrapartes gubernamentales del grupo en esta fase. Mucho tiempo se ha perdido. Algunas personas clave que intervinieron en el caso han muerto o han sido asesinadas. Muchas evidencias, obtenidas antes de la creación de la UEILCA, fueron anuladas por haber sido obtenidas bajo tortura. La destrucción y pérdida de información y la falta de respuestas durante los tres años después de la salida del GIEI han hecho todo el trabajo más complicado y comprometen gravemente las posibilidades de un pleno esclarecimiento del caso.
Agradecemos al Estado, especialmente a la COVAJ y a la UEILCA, su disposición a trabajar con nosotros, su apertura y colaboración. También, agradecemos a la CIDH y a la OACNUDH por su apoyo a nuestro trabajo. Finalmente, agradecemos la confianza de los familiares y las víctimas, así como la colaboración y el trabajo de sus representantes, Centro PRODH, Tlachinolan, Serapaz y Fundar. Desde el inicio nuestro objetivo ha sido dar una respuesta apegada a la verdad a los familiares y las víctimas que son el sentido de este trabajo y el impulso para llevarlo a cabo. Para ellas y ellos todo nuestro reconocimiento.
