Ancladas en visiones legales añejas y en la constante negligencia, las fiscalías continuamente sabotean los intentos de explorar nuevas maneras de enfrentar el rezago forense, que hoy contabiliza más de 50 mil cuerpos y restos sin identificar.
Hace diez años, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas nombró con toda claridad la crisis de desapariciones que ya para entonces enfrentaba México. En un momento en el que las desapariciones eran aún minimizadas llamándoles “levantones”; ante una administración en la que se relativizaban el impacto de la violencia aduciendo que los criminales “se mataban entre ellos”; en un momento en que la empatía se había adormecido a causa del miedo, de suerte que los nacientes colectivos de familiares de desaparecidos no encontraban ni siquiera espacios para reunirse, el Informe del Grupo de Trabajo vino a mostrar la magnitud de la crisis.
Publicado originalmente el día 23 de marzo de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
El informe fue consecuencia de la visita que el Grupo de Trabajo hizo al país, en la que pudo escuchar en voz de las familias las exigencias de verdad y de justicia, así como las omisiones del Estado frente a la crisis. Lamentablemente, sus alertas no fueron cabalmente atendidas. México está por alcanzar la terrible cifra de 100 mil personas desaparecidas. El fenómeno no es del pasado: son más de 20,000 desaparecidos en este sexenio.
Desde entonces, entre los principales retos que destacó el Informe se encontraban el modelo de seguridad con enfoque militarizado, la impunidad casi absoluta, y la crisis forense. Tres problemáticas vigentes a la fecha, de las que recientemente en su visita al país dio cuenta el Comité de la ONU contra la desaparición forzada. Nos referiremos aquí en particular a la tercera, relacionada con el rezago forense. Como dijo el Grupo de Trabajo, “La identificación de los restos en dichas fosas demuestran diferentes insuficiencias tales como falta de equipos forenses profesionales para identificar propiamente los cuerpos, la notificación a los familiares, el cruzamiento de la información con diferentes bases de datos y conservación de archivos suficientes de aquellos cuerpos que fueron enterrados en cementerios municipales” (párr. 50).
Aunque es triste, no por ello es menos cierto que muchas de las desapariciones podrían resolverse si el procesamiento de los cuerpos y restos humanos fuera profesional, diligente, científico y, cabe añadir, mínimamente empático con las familias. Pero esta no es la realidad que priva en el país. Ancladas en visiones legales añejas y en la constante negligencia, las fiscalías son uno de los principales obstáculos para avanzar en esta agenda de urgencia, pues continuamente sabotean los intentos de explorar nuevas maneras de enfrentar el rezago forense, que hoy contabiliza más de 50 mil cuerpos y restos sin identificar.
Ante este escenario, no es menor el mensaje de reconocimiento sobre la necesidad de tomar medidas extraordinarias, como la identificación forense con enfoque masivo, que brindaron el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda en una reciente conferencia matutina presidencial.
Al mismo tiempo, es incierta la viabilidad de la propuesta de iniciativa de modificaciones legales -aún no formalizada- que se presentó en dicha conferencia. No sólo porque no es claro si contará con respaldo suficiente en el actual Congreso de la Unión, que no se ha mostrado particularmente efectivo al legislar temas de derechos humanos, sino más aún por la resistencia que han mostrado en los hechos la mayor parte de las fiscalías -con la general de la república a la cabeza- frente a las acciones impulsadas en temas forenses, resistencia que no ha logrado ser revertida.
La Fiscalía General de la República, cuyo titular -hay que recordarlo- no apareció de la nada, sino que fue y es apoyado por el Presidente de la República y cuenta con todo el respaldo del partido en el poder, no se ha mostrado proactivo para asumir sus obligaciones frente al rezago forense ni para desempeñar el papel de liderazgo que inevitablemente le corresponde en nuestro arreglo federal. Como aquí hemos señalado, eso ha motivado que víctimas y organizaciones de derechos humanos promuevan incluso acciones legales para que la FGR cumpla con la creación del Banco Nacional de Datos Forenses al que la ley la obliga y que es la herramienta que se estableció para unificar registros forenses y permitir el cotejo constante y permanente de los perfiles genéticos con fines de identificación.
Para los familiares de las personas desaparecidas, además, el momento fundante del diseño de marco legislativo frente a las desapariciones fue la aprobación, en 2017, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Dado que esta permanece incumplida en aspectos claves como la construcción del Banco Nacional de Datos Forenses, es justificado y legítimo que exista desazón frente al inicio de otro proceso de revisión legislativa, al cabo del cual el cumplimiento de la ley seguirá siendo un resultado incierto.
En suma, proyectos innovadores son necesarios y deseables, pero más necesario aún será generar la articulación, voluntad y capacidades necesarias por parte de todas las instituciones que deben atender esta crisis. Es deseable que así ocurra pues, como obliga a concluir la lectura a diez años del fundamental informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas, los problemas del presente se siguen pareciendo demasiado a los del pasado.