Fiscalía rota

Sin duda, toda intervención ilegal de telecomunicaciones debe condenarse, en tanto implica una violación al derecho a la privacidad, que en el caso agravia además a funcionarios a quienes la ley encomienda las más altas y delicadas responsabilidades públicas. La gravedad de este espionaje no debe soslayarse, aunque es cierto que tal vez la propia FGR ha contribuido a diluir el rechazo que merecen estas conductas, al prodigar impunidad a sus expresiones más groseras, como en el caso Pegasus.

Pero al margen de esta consideración, sin soslayar la condena a las escuchas ilegales y reconociendo también que la ilicitud de una intervención de esta índole impide considerarle prueba ilícita en un proceso, el análisis del contenido de las conversaciones difundidas es insoslayable.

Es en dicho análisis donde la llamada difundida muestra dramáticamente la bancarrota moral y política en que se encuentra la FGR. En la conversación, con referencia a un litigio privado en que interviene el Fiscal General como parte, se alude a cuestiones inaceptables como la presunta posesión anticipada de un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aún no se ha hecho público y el presunto conocimiento adelantado del Fiscal sobre las posiciones de algunos ministros y ministras, entre otras. Todo ello en medio de expresiones inadecuadas en boca de quien encabeza una institución llamada a hacer valer el Estado de Derecho.

La llamada en cuestión, además, muestra a dos de los funcionarios más relevantes de la Fiscalía General de la República, distrayendo tiempo y recursos públicos en un litigio privado. En un país con impunidad casi absoluta, en el que las organizaciones delictivas se fortalecen cada día y en el que en breve llegaremos a las 100,000 personas desaparecidas, esta sola distracción debería ya ser en sí misma escandalosa. En esta Fiscalía, el tiempo que se dedica a litigios privados no es el que se brinda a cuestiones urgentes de interés público, como atender el rezago en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses.

El Estado en que se encuentra la FGR condensa una de las mayores decepciones generados en estos tres años de alternancia política. Siendo la reversión de la impunidad y la construcción de un sistema de justicia funcional una de las mayores exigencias del pueblo de México, pues la impunidad y el uso desviado de la justicia agravian especialmente a quienes menos tienen, lo que ha ocurrido en este ámbito es tan lamentable como triste. La administración actual tuvo ante sí la oportunidad de refundar el sistema de justicia, aplicando la ley orgánica de la FGR que se había diseñado con el consenso de múltiples actores y levantando el andamiaje institucional requerido para hacer frente a la criminalidad del siglo XXI; en vez de eso, se optó por encumbrar una perspectiva nostálgica del pasado autoritario, que bajo la premisa falsa de que bastaba cambiar la cabeza para arreglar la institución, desdeñó el nuevo diseño hasta el punto de modificar la ley y no inició la depuración interna necesaria, al tiempo que -hoy lo sabemos- se distrajo la atención en litigios particulares. El resultado está a la vista.

Los daños que esto genera no se agotan en la propia FGR. Por el contenido de las llamadas, hay una afectación que se extiende hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emplazada por ello más que nunca a realizar un trabajo pulcro y conforme a los más altos estándares, respetuoso de la igualdad de partes, al resolver próximamente el asunto que involucra el interés privado del Fiscal.

Entre tanto, con una institución rota y lastimada en su legitimidad, subsisten todas las razones para seguir exigiendo en México una #Fiscalíaquesirva.