El escalamiento de la estigmatización verbal en contra de periodistas, comunicadores y medios de comunicación desde la conferencia matutina debe considerarse, indudablemente, incompatible con el respeto cabal de la libertad de expresión.
México ha vivido durante la última semana días intensos respecto del ejercicio de la libertad de expresión.
Sin duda, el primero de los temas que desde la óptica de los derechos humanos tendría que destacarse es el relacionado con la continuidad de la violencia homicida en contra de las y los periodistas en el país. Como muestra el puntual y fundamental recuento de la organización civil Artículo XIX, son ya 150 periodistas asesinados en los últimos años; 30 en este sexenio, y 5 en los escasos dos meses que lleva el 2022. 1
Publicado originalmente el día 22 de febrero de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Lo que esta continuidad muestra es que la violencia sigue siendo el gran pendiente de esta administración, sin que la apuesta por el modelo de seguridad centralista y militarizado que es la Guardia Nacional esté revirtiendo las grandes inercias desarrolladas en los últimos lustros. Frente a esta realidad, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas no ha sido efectivo; más que un diseño legal deficiente, lo que su fracaso demuestra es que sin un diálogo político con otros niveles de gobierno en el que la Federación asuma su responsabilidad diferenciada y sin coordinación con las instancias de procuración de justicia que tienen a su cargo revertir la impunidad, poco se avanzará en articular una política de Estado eficiente en este urgente tema.
Pero una segunda cuestión que no puede obviarse es el escalamiento de los señalamientos que desde la conferencia presidencial matutina se han venido formulando en contra de diversos periodistas, comunicadores y medios de comunicación, a partir de determinados trabajos periodísticos. Señalamientos que de forma irresponsable otros actores políticos, como el grupo en el Senado del partido en el poder, han llevado a niveles inaceptables en un entorno que aspira a ser democrático.
Frente al tono adoptado, retomando los estándares internacionales, es fundamental señalar que las declaraciones del presidente de una república tienen, por su posición institucional, una trascendencia diferenciada y, cabe decir, única en un sistema presidencialista. Y es de primera importancia resaltar también que esos mismos estándares señalan con claridad que las figuras públicas están sujetas a un mayor escrutinio por parte de los medios de comunicación.
Así, respecto de lo primero, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “(…) las declaraciones de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas por razón de su línea editorial, pueden conducir a aumentar el riesgo propio de la actividad de periodismo”. 2 Y sobre lo segundo, la misma Comisión explica que: “los límites a las críticas con relación a los políticos son más amplios que los límites frente a las críticas contra los particulares. Los políticos se han expuesto a un escrutinio riguroso de sus palabras y actos por la opinión pública y los periodistas, por lo cual deben demostrar un mayor nivel de tolerancia (…) la protección del derecho a la reputación de los políticos, incluso cuando no están actuando como particulares, es un objetivo legítimo, pero que debe ponderarse en relación con los intereses de un debate abierto sobre asuntos públicos”. 3
En ese sentido, el escalamiento de la estigmatización verbal en contra de periodistas, comunicadores y medios de comunicación desde la conferencia matutina debe considerarse, indudablemente, incompatible con el respeto cabal de la libertad de expresión. Que se profieran, además, en un contexto de continuos asesinatos contra periodistas, las vuelve todavía menos pertinentes; máxime dado que otros actores políticos locales bien pueden entenderlas como modelo o incluso como licencia para generar otras violencias, ahí donde la vida de las y los periodistas está permanentemente en riesgo.
Desde esta misma perspectiva, debe decirse con claridad que la intención de exhibir públicamente los ingresos de un comunicador, a partir de información fiscal, tampoco es compatible con el respeto pleno de la libertad de expresión. Como bien señaló en el INAI al responder puntualmente la inusitada solicitud del presidente, proceder de esta manera implicaría infringir la ley.
En ese tenor, no debe dejarse de señalar, como se ha hecho en otros lados, que si lo que se pretende es más transparencia fiscal, lo que el partido en el poder tendría que impulsar es una reforma legal que acote el entendimiento -excesivamente amplio en nuestro país- del secreto fiscal. En esta cuestión ocurre algo similar a lo que acontece respecto del funcionamiento de los medios de comunicación: si de verdad se quisiera una transformación de fondo, el actual gobierno habría tenido que impulsar una reforma legal -una Ley General de Comunicación Social más democrática, en el caso- que incluyera por ejemplo criterios más transparentes para la asignación de publicidad oficial, compromiso de cambio que se dejó de lado. Al no haber sucedido esos cambios de fondo, que requerían modificaciones legislativas serias, el debate público se va agotando en la casuística del día a día, donde tristemente se observa una postura gubernamental cada vez más alejada del respeto a las mejores prácticas de respeto pleno a la libertad de expresión; evitar la censura activa es una condición necesaria mas no suficiente para que tal libertad se preserve, pues como señalan los estándares internacionales, en las sociedades contemporáneas mediante otros mecanismos indirectos se puede inhibir el debate público robusto que es propio de la democracia.
Entre tanto, la violencia letal continua, quedando en mayor exposición de las personas defensoras y periodistas que realizan su labor lejos de la visibilidad y la polarización del centro.