La lucha contra la minería, que hoy encuentra en la arena jurídica un nuevo espacio, es ejemplar de los múltiples y muy variados esfuerzos que los pueblos indígenas llevan adelante para defender su territorio.
En memoria de Carmen Santiago Alonso.
El pasado 5 de febrero de 2022 falleció Carmen Santiago Alonso, emblemática defensora de derechos humanos que entregó su vida a los pueblos y comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, su tierra. De sonrisa afable y con un compromiso social fuertemente afianzado en su fe religiosa, Carmelina -como la conocimos- fue fundadora y parte esencial del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto A.C., conocido en el último tiempo por librar una intensa lucha por el derecho al agua de las 16 comunidades asentadas en la microrregión Xnizaa de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, articuladas en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA).
Publicado originalmente el día 14 de febrero de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Nada sería más apropiado, al evocar a Carmelina, que llamar la atención sobre algunas luchas recientes que muestran la vitalidad de los pueblos y de las comunidades originarias en la reivindicación de sus derechos colectivos.
Desde esta perspectiva, es fundamental apuntar a la importante lucha contra la Ley Minera, que hoy tiene otro episodio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La lucha de los pueblos indígenas contra la minería es una constante en todo el continente, desde Canadá hasta Argentina; esta resistencia, además, se ha intensificado por las técnicas especialmente agresivas contra el medioambiente de la minería contemporánea, tales como la extracción a cielo abierto. La constante en toda la región es la ausencia de consulta a los pueblos indígenas sobre la implementación de proyectos de desarrollo a gran escala que ponen en riesgo su subsistencia; la afectación al derecho al territorio al destruirse sitios de especial connotación cultural para las comunidades; la discriminación expresada en el trato preferencial brindado a las empresas y no a los pueblos; y la criminalización de las y los líderes que oponen resistencia, quienes además en no pocas ocasiones han experimentado en carne propia el riesgo de defender al territorio.
México no ha sido la excepción: en Oaxaca, comunidades de la Sierra Chontal acompañadas por Tequio Jurídico han rechazado la explotación minera; en Chiapas, defensores comunitarios como Mariano Abarca fueron ejecutados por defender el territorio; en Guerrero, San Miguel del Progreso (Jubaa Wajiin) y Tlachinollan abrieron el camino jurídico que aún se sigue recorriendo.
Desde el Centro Prodh hemos acompañado a diversas comunidades que se han opuesto a la explotación de minerales. Parte de esa experiencia la hemos plasmado en diferentes materiales pedagógicos, como nuestro “Manual Antiminero”. A partir de ese caminar, sin duda compartimos las perspectivas de quienes ven en la Ley Minera actual una amenaza latente sobre los territorios indígenas.
Por eso hemos representado a comunidades que han buscado la protección de la Justicia Federal frente proyectos mineros que les amenazan. Así, acompañamos a San Juan Huitzontla, una comunidad nahua de Michoacán, que en 2018 interpuso una demanda de amparo para proteger su territorio. Tras más de cuatro años de litigio, en los que lamentablemente la Secretaría de Economía de esta administración mantuvo la misma posición que esa dependencia había sostenido en anteriores sexenios, esta acción finalmente se resolvió el 21 de enero, cuando un juzgado de distrito le concedió la razón a esta comunidad nahua.
Esta sentencia ocurre cuando en la SCJN está por resolverse el amparo en revisión identificado con el número 134/2021, en el que la comunidad de Tecoltemi, acompañada por Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, han impugnado la constitucionalidad de la Ley Minera.
La resolución que se dictará es relevante pues, como señalamos en el amicus curiae que presentamos ante la SCJN: “de prevalecer el actual estado de cosas la subsistencia de cada concesión minera que abarque un territorio indígena dependerá de que cada comunidad tenga acceso a representación legal y capacidad para sostener un litigio durante varios años, lo que en la realidad mexicana no es frecuente”.
La lucha contra la minería, que hoy encuentra en la arena jurídica un nuevo espacio, es ejemplar de los múltiples y muy variados esfuerzos que los pueblos indígenas llevan adelante para defender su territorio. En este sentido, es similar a otros procesos en curso, como los diversos juicios de amparo interpuestos por el Congreso Nacional Indígena para hacer frente al Acuerdo Presidencial que, al asignar el carácter de “interés público” y “seguridad nacional” a proyectos estratégicos de infraestructura, abre la puerta a que se impongan esquemas de desarrollo sin consulta indígena y sin respeto a los derechos territoriales.
Como lo ponen de relieve estos ejemplos, una y otra vez las comunidades y los pueblos indígenas siguen acudiendo a las vías institucionales para buscar la protección de sus derechos colectivos, a pesar del colonialismo interno institucionalizado. Precisamente, esa fue la apuesta de vida de Carmelina Santiago Alonso. Apenas el pasado 24 de noviembre de 2021, tras una lucha de años que fue jurídica, organizativa, civil y comunitaria, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se puso fin a la veda que afectaba a las comunidades articuladas en la COPUDA, reconociéndose el derecho a la administración comunitaria del agua. En la conferencia de prensa respectiva, las comunidades y Carmelina irradiaban la satisfacción de quienes cumpliendo su deber finalmente habían vencido. Ante su triste fallecimiento, hoy evocamos esa imagen para recordar a Carmelina como ella hubiese querido: celebrando la vigencia de las luchas indígenas en curso.