Dada la naturaleza de las agresiones contra periodistas, defensoras y defensores, apelar a la corresponsabilidad en el marco del federalismo mexicano siempre comportará mayores riesgos y desventajas para las víctimas que, precisamente, se ven orilladas a acudir al Gobierno Federal porque en los estados y municipios las autoridades están cooptadas, se coluden con el crimen, carecen de capacidades o son responsables de las agresiones por su autoritarismo sin contrapesos.
Con escepticismo se ha recibido entre buena parte de los gremios de periodistas y personas defensoras de derechos humanos el anuncio sobre el inicio de un nuevo proceso para revisar la Ley para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Publicado originalmente el día 31 de enero de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Esta Ley entró en vigor en 2012 después de un amplio proceso de diálogo entre sociedad civil y autoridades y ante el indudable aumento de las agresiones contra periodistas, defensores y defensoras.
A la luz de sus magros resultados, sin duda hay mucho que revisar. La Ley y el Mecanismo creado por ella han sido insuficientes para revertir el contexto adverso que priva en el país desde hace varios lustros para el trabajo periodístico y la defensa civil de derechos humanos. Y aunque las medidas otorgadas por el Mecanismo han servido en algunos casos para atemperar riesgos, los problemas estructurales continúan sin revertirse. Esto, sobre todo, porque la impunidad que suele proseguir a las agresiones contra periodistas, defensores y defensoras no ha cambiado.
El hecho de que en el mismo día en que se anunció el inicio de este proceso haya sido asesinado un fotorreportero en Baja California y una semana después otra periodista, confirma que la situación que dio pie a la aprobación de esta Ley no se ha transformado y que en México se siguen violando los derechos humanos.
Respecto de la Ley de para la Protección y el Mecanismo, por años se han hecho múltiples propuestas de mejoras. La sociedad civil, la cooperación internacional y la propia Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han formulado recomendaciones concretas en este sentido.
Con esos antecedentes, la intención de revisar la Ley -y más aún, de revisar integralmente la política pública de protección a periodistas, defensoras y defensoras- encontraría materia y horizonte si buscase cumplir de forma cabal con esas recomendaciones. Pero, lamentablemente, en los términos en que se ha anunciado el nuevo proceso y en el contexto que la rodea, el escepticismo es justificado.
En primer lugar, porque aunque se insiste con llamativo énfasis en que en esta cuestión el problema central son las autoridades locales; lo cierto es que en el propio Gobierno Federal subsisten contradicciones que no permiten asumir que en toda la administración pública federal se entienda y respete a cabalidad el rol de las y los defensores civiles y el papel de la prensa independiente: la retórica presidencial -de lo que puede dar constancia Animal Político, cuyo trabajo siempre reivindicaremos-; el fortalecimiento inédito de sectores que no han cambiado un ápice su añeja desconfianza a la sociedad civil como son las Fuerzas Armadas; o la incapacidad de la Fiscalía General de la República -que, no lo dudemos, es la Fiscalía de este Gobierno Federal– para esclarecer los casos de agresiones, dan cuenta de ello. En última instancia, es también el modelo de seguridad y justicia impulsado por esta administración, caracterizado por la militarización y la incapacidad de la fiscalía, lo que está detrás de la continuidad de la violencia.
En segundo lugar, también se justifica el escepticismo porque en este sexenio las reformas por las que han modificado normas de derechos humanos no siempre han tenido un buen desenlace: la reforma regresiva a la Ley General de Víctimas, la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República o las modificaciones en materia de prisión preventiva oficiosa dan cuenta de ello. Dada la conformación actual de las cámaras, nada asegura un análisis a la altura de las circunstancias. Esto se extiende a las dotaciones presupuestales, pues acciones recientes en el campo de derechos humanos han carecido de éstas.
En tercer lugar, las dudas son fundadas porque la insistencia en que estados y municipios deben asumir sus responsabilidades despierta preocupaciones no menores. Por un lado, es cierto que estos niveles de gobierno son críticos y que no se han caracterizado por cumplir con la Ley para la Protección. En ese sentido es pertinente que se busque una mejor coordinación con ellos. No obstante, dada la naturaleza de las agresiones contra periodistas, defensoras y defensores, apelar a la corresponsabilidad en el marco del federalismo mexicano siempre comportará mayores riesgos y desventajas para las víctimas que, precisamente, se ven orilladas a acudir al Gobierno Federal porque en los estados y municipios las autoridades están cooptadas, se coluden con el crimen, carecen de capacidades o son responsables de las agresiones por su autoritarismo sin contrapesos. Y esto no está cambiando, ni siquiera en las entidades en que gobierna el partido hoy en el poder, pues casos como el de Morelos -por poner sólo un ejemplo- muestran de manera dramática cómo en las recientes alternancias no han llegado a los gobiernos estatales mandatarios con convicciones democráticas que entiendan el papel crítico del periodismo y del activismo. Por eso, en este tema como en otros, siempre será necesario que el Gobierno Federal asuma responsabilidades diferenciadas, sin eludirlas con artilugios legales o con remisiones discursivas a las atribuciones de las autoridades locales.
Como puede verse, es sin duda justificado el escepticismo que priva ante el proceso anunciado. Entre tanto, los asesinatos periodistas y personas defensoras continúan; en ese contexto, sin embargo, la esperanza se ha vuelto a colocar de lado de la sociedad, que volvió a salir a las calles para recordar que #nosematalaverdad.