Confirma ONU: ante las desapariciones, la impunidad no ha cambiado

Se trata de una realidad que conocen las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos: la impunidad en México es casi absoluta. Los colectivos, que hoy conforman la vanguardia del movimiento de derechos humanos, logran con frecuencia –las más de las veces gracias a su propio esfuerzo– localizar personas o recuperar sus cuerpos, pero son excepcionales las ocasiones en las que después se logra saber la verdad tras este crimen tan atroz, fundamentalmente por el rezago forense, y aún más raras aquellas en las que los perpetradores son llevados ante la justicia y son condenados, sobre todo por la negligencia de las fiscalías.

Los números no dejan duda de la gravedad. En información reciente, se cuentan apenas 50 sentencias en un país donde oficialmente se reconoce a más de 94 mil personas desaparecidas. Las autoridades no pueden y no quieren encontrar la verdad y garantizar el acceso a la justicia.

Así, tras más de diez días de recabar información  de las autoridades, la sociedad civil y las propias familias, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) confirmó esta realidad innegable: la impunidad en México alcanza la categoría de estructural y fomenta la reproducción de las desapariciones. Así ha sido desde los años de la mal llamada Guerra Sucia, y ahora es alarmantemente claro para quien quiera de verdad entender la crisis que seguimos padeciendo: las desapariciones siguen ocurriendo  porque no hay consecuencia alguna para quien comete ese acto atroz. Como dijo el Comité, las desapariciones no son una herencia del pasado sino una herida del presente: aún suceden y es innegable que en México se violan los derechos humanos impunemente.

Pero dentro de ese panorama desalentador, sí hay rutas de salida, y el CED ha señalado –tanto en sus informes anteriores como en esta ocasión- los senderos que deben recorrerse. Aunque se espera que en abril del próximo año el Comité emita un informe oficial con recomendaciones estructurales, al final de su visita sus integrantes ofrecieron algunos adelantos de lo encontrado. Éstos, no está de más decirlo, coinciden con los diversos diagnósticos que se han hecho también desde las organizaciones, colectivos y academia.

Las y los expertos recalcaron que atacar la impunidad requiere de una estrategia integral que ataque sus múltiples causas, entre ellas: la ineficacia en la investigación; el uso desvirtuado de la  autonomía de las Fiscalías para negar su cooperación en el proceso de búsqueda; el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas a las víctimas:  un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado; la falta de coordinación interinstitucional; y la falta de presupuesto suficiente. No se trata de temas que requieran de otra reforma legal más, como las que ya han ocurrido en el pasado; el problema no es normativo sino, ante todo, de voluntad, coordinación y capacidades de Estado.

No son lejanas ni escasas las batallas que se han dado para que esto cambie. Dos de ellas fueron, por ejemplo, la exigencia de que se verdaderamente se fundara una #FiscalíaQueSirva, y la oposición a la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, aunque cambiaron de nombre, las fiscalías no abandonaron las perjudiciales inercias de las décadas anteriores.

De esta manera, año tras año, caso tras caso, y gobierno tras gobierno, las familias en búsqueda siguen enfrentando un calvario. Algunos de los obstáculos identificados por el CED en el camino de la justicia son: una limitada asistencia jurídica a las víctimas, la falta de aplicación de mecanismos y herramientas ya previstos en las leyes, la actitud pasiva de las instituciones judiciales, la falta de resultados en las investigaciones, la fragmentación y la insuficiente articulación entre las entidades de búsqueda e investigación, la negativa de algunas autoridades a proporcionar información, la frecuente omisión de estándares de debida diligencia y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Además, como señaló el CED bajo este enfoque integral, las causas profundas de las desapariciones siguen sin atenderse y  el enfoque de seguridad que se ha adoptado no sólo ha sido insuficiente, sino además inadecuado: sin duda, puso el dedo en la llaga el Comité, pues al señalar esta realidad aludió a la forma en que el modelo de seguridad centralista y militarizado no está resultando eficiente para revertir la violencia, como lo acreditan las más de 20 mil desapariciones que se acumulan en lo que va del sexenio.

En este contexto, como señaló el Comité, la lucha en contra de la impunidad es impostergable si lo que se quiere es revertir la crisis y no solamente ofrecer paliativos. Tal y como dijeron las víctimas al Comité, “habiendo injusticia”  el alma de la persona desaparecida “nunca descansa”.

No obstante la relevancia y la contundencia del informe preliminar, es llamativo que en la sociedad y los medios masivos de comunicación la labor del CED no hay sido, mayoritariamente, recogida conforme lo amerita la gravedad de la evaluación. Sin duda, este vacío expresa una condición igualmente preocupante: la normalización de la violencia y la difundida falta de empatía de la sociedad, que repercuten en que estos diagnósticos no generen la indignación que deberían causar, contribuyendo con ello a que las autoridades no se sientan suficientemente presionadas para atenderlos.

Pese a ello, sin duda los colectivos de familiares y las organizaciones que les acompañan encontraron en la visita del Comité espacios de escucha digna que no son frecuentes en el país. Su presencia en estos espacios permite presumir, además, que las recomendaciones que en su informe final presentará esta instancia internacional contribuirán a trazar la ruta que México debe seguir si genuinamente se pretende dejar atrás esta dolorosa realidad. En ese sentido, la visita del Comité y su seguimiento abren una esperanza por cuya concreción -como ocurre siempre en la reivindicación de los derechos humanos- hay que luchar.