Las propuestas que hoy se enfrentan en el debate público no apuntan a que podamos contar todavía con una política que promueva, proteja, respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas.
El pasado 01 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que había enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional sobre energía eléctrica. Desde ese momento se abrió un intenso debate que sigue acaparando la atención pública.
Publicado originalmente el día 22 de octubre de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
En trazos gruesos, la propuesta le otorga de nuevo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el papel preponderante en el sector eléctrico. Con esta propuesta se eliminaría a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyas funciones reguladoras pasarían a la CFE. La reforma, que propone modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana, contempla también que no se otorgarán concesiones a particulares para explotar litio y otros minerales estratégicos, además de que se eliminarán los Certificados de Energías Limpias.
El Gobierno federal sostiene que la reforma busca garantizar la seguridad energética del país, dar acceso a la población a tarifas justas y eliminar privilegios empresariales. Las perspectivas críticas de la propuesta, en cambio, señalan que atacaría la libre competencia en el sector y limitaría las inversiones en energías renovables.
En este debate polarizado una de las dimensiones que suele dejarse de lado es la de la mejor garantía de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
Estos sujetos colectivos suelen ser afectados por la política energética en México -y en otras partes del mundo también-, pues resultan ser habitantes y propietarios de una porción significativa de las tierras que serán utilizadas, por unos u otros, empresa del Estado o empresa privada, para la generación de energía. Además, como se ha reiterado una y otra vez, fungen como verdaderos guardianes de la casa común y viven en primera línea las consecuencias del calentamiento global.
Desde esta perspectiva debe decirse que si bien se han revertido algunas políticas y algunos de los aspectos de la reforma energética del sexenio anterior que constituían amenazas latentes a los territorios indígenas -como por ejemplo, la entrega sin consulta previa de concesiones mineras en estos-, también es cierto que las propuestas que hoy se enfrentan en el debate público no apuntan a que podamos contar todavía con una política que promueva, proteja, respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, en la reforma a la Ley de Hidrocarburos no se derogaron figuras jurídicas potencialmente lesivas para los derechos de los pueblos indígenas, que otorgan preferencia a la explotación de los energéticos frente a cualquier otra actividad que se pudiera dar en los territorios, ya sean de supervivencia económica o prácticas culturales. Un ejemplo es la figura llamada “servidumbre legal”, que en los hechos obliga a ejidatarios y comuneros a ceder sus tierras para las mencionadas actividades si esto se estima prioritario.
Organizaciones indígenas también han señalado que las propuestas de reforma aún no atienden necesidades de sus comunidades, como la autogeneración de energía eléctrica y la garantía de que se respetarán su negativa a consentir ciertas actividades en sus territorios.
Es necesario que comencemos a escuchar las voces que desde el territorio llaman a que el interés nacional que buscan proteger las reformas en materia energética no soslaye los intereses, las especificidades y los derechos de los pueblos indígenas.