En los próximos días la Guardia Nacional deberá entregar al Centro Prodh versiones públicas de los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza que sus elementos hayan generado desde su creación, de acuerdo a lo ordenado por el INAI.
El pasado 01 de septiembre, el INAI dictó la resolución del Recurso de Revisión 6771/21 -interpuesto por el Centro Prodh-, mediante la cual ordenó a la Guardia Nacional elaborar y entregar las versiones públicas de todos los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza que sus elementos hubieran generado desde su creación.
Publicado originalmente el día 30 de septiembre de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
En un contexto de empoderamiento castrense -que incluye la militarización de la Guardia Nacional– prácticamente sin controles externos, esta noticia es, sin duda, positiva.
En la tardía entrega de su segundo informe de labores, la Guardia Nacional reiteró la afirmación de que respeta los estándares nacionales e internacionales sobre uso de la fuerza. De acuerdo con respuestas del cuerpo a solicitudes de información -como la que hicimos para elaborar nuestro informe Poder Militar-, la Guardia Nacional incluso sostiene que en ningún caso sus elementos se han excedido al emplear las armas.
Sin embargo, la información disponible no permite ver más allá de los números que la propia Guardia presenta en sus informes.
Conforme a los registros, desde su creación y hasta el 10 de marzo de 2021, la Guardia Nacional hizo uso de la fuerza en 161 eventos. En todos estos fueron utilizadas armas de fuego y en ninguno -según concluyó su propio Órgano Interno de Control- se determinó que hubo exceso de la fuerza.
Asimismo, en al menos 63 de esos eventos fallecieron 14 guardias nacionales, 5 “civiles” y 89 “presuntos agresores”, según las categorías que la Guardia Nacional emplea, en continuidad con las empleadas desde el inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que, como se ha dicho, la distinción entre “civiles” y “presuntos agresores” no es compatible con los estándares internacionales. Además, hasta este momento se desconoce el nivel de fuerza utilizado en esos eventos, así como las circunstancias y razones que se tuvieron para emplear armas de fuego.
Por ello, el pasado 10 de marzo el Centro Prodh presentó una solicitud de acceso a la información con la finalidad de conocer el número y las versiones públicas de los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza que hubieran generado los elementos de la Guardia Nacional, quienes -de acuerdo con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF)- tienen la obligación de presentar un informe a su superior jerárquico inmediato cada vez que utilizan la fuerza en cumplimiento de sus tareas. Esta obligación fue ideada, sobre todo, como un medio de control para evitar abusos y violaciones a derechos humanos y no sólo como un registro administrativo interno.
En respuesta, la Guardia Nacional clasificó todo lo relacionado con los reportes pormenorizados como información reservada por un periodo de 5 años, con base en una presunta afectación a la adecuada investigación de delitos, equiparando esos reportes con el Informe Policial Homologado (IPH). La Guardia consideró que ninguna persona podría acceder a esa información sino hasta 2026, dejando a la sociedad sin vías para constatar si realmente los elementos de la Guardia Nacional hacen uso de la fuerza de manera racional y proporcional. Por ese motivo, interpusimos ante el INAI el recurso de revisión RRA 6771/21 en contra de la reserva mencionada.
Antes de emitir resolución, el INAI concedió a la Guardia Nacional una audiencia para que mostraran algunos de estos reportes, con lo que se corroboró su existencia. También realizó una diligencia en el interior de las instalaciones de la Guardia Nacional para constatar que los reportes pormenorizados y el Informe Policial Homologado son documentos distintos y que esos reportes se encuentran en cada uno de los expedientes de los elementos involucrados en eventos de uso de la fuerza. Esto puso en evidencia que la negativa de la Guardia Nacional se debe a un empeño de mantener sus actuaciones en la opacidad y no a consideraciones de otra índole.
El 01 de septiembre, con ponencia del comisionado Adrián Alcalá, el INAI dictó resolución considerando correctamente que deben elaborarse versiones públicas de los reportes y dio a la Guardia Nacional un plazo de 20 días hábiles para cumplirlo.
Para ello, el Instituto indicó a la Guardia Nacional cómo elaborar esas versiones públicas, señalando qué información puede ser clasificada como reservada (datos personales e identificación de armas y vehículos), sin reservar la totalidad del reporte pormenorizado, y precisó la información que deben contener los documentos (circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como el nivel de fuerza empleado). Dada la importancia de la información, esto será revisado por el INAI antes de transmitir las versiones públicas.
Los términos de la resolución significan un revés a la intención de la Guardia Nacional de mantener en la oscuridad información fundamental para que pueda ejercerse un verdadero control ciudadano sobre el uso de la fuerza que realizan sus elementos.
La importancia de contar con la información contenida en los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza es tal que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la resolución del INAI y ofreció asesoría y asistencia técnica a la Guardia Nacional en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de derechos humanos.
Con esta resolución, el INAI abona a la vigilancia sobre los cuerpos de seguridad y a la rendición de cuentas en un contexto en que los controles sobre las fuerzas federales de seguridad son casi inexistentes. En unos días podremos comprobar si la Guardia Nacional, mantiene su propensión castrense a la opacidad o bien se abre a la transparencia.