Presupuesto y derechos humanos

El documento entregado la semana pasada a la Cámara de Diputados aún no prioriza adecuadamente las diversas problemáticas asociadas a los derechos humanos, pues algunos de los montos asignados a las instituciones y las políticas más relevantes en este rubro no muestran todavía el tratamiento que correspondería ante una crisis como la que vivimos.

A esta conclusión puede llegarse analizando dos botones de muestra: los recursos asignados a la atención de la crisis migratoria y aquellos asignados a revertir la impunidad generalizada en materia de derechos humanos.

Respecto de la crisis migratoria, el proyecto de PEF para 2022 no incluye aumentos relevantes para el Instituto Nacional de Migración (INM) ni mucho menos para la más necesitada Comisión de Ayuda a los Refugiados (COMAR). Estas dos instancias son fundamentales para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes que se ven forzadas a cruzar México en búsqueda de mejores condiciones de supervivencia.

Como hemos visto en las últimas semanas, en el caso del INM la insuficiencia presupuestal aumenta su proclividad a contagiarse más fácilmente con las inercias de uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza pública que caracteriza a las instituciones que hoy, dada la militarización de las fronteras, participan en la “contención” migratoria; esa insuficiencia presupuestal incide, además, en el deterioro de las estaciones migratorias.

A esto se suma el nulo aumento de la asignación presupuesta prevista para la COMAR, incluso más preocupante desde la óptica de los derechos humanos. Que no se asignen más recursos a dicha institución pese a que hoy se encuentra claramente rebasada, incidirá sin duda en que continúe la falta de atención pronta y diligente a las solicitudes de refugio que la Comisión recibe, precisamente cuando por las condiciones imperantes el funcionamiento de la COMAR es más que nunca indispensable.

Algo similar puede decirse de la FGR. El tránsito de la procuraduría a la Fiscalía, en este sexenio, no estuvo acompañado de un fortalecimiento presupuestal acorde con la renovación necesitada. En esto influyó, sin duda, que las actuales autoridades no buscaron esa inyección de recursos que le urgía a la justicia y, careciendo de visión de futuro, no centraron sus esfuerzos en el mejoramiento estructural de una institución quebrada en su imagen pública y resultados reales, sino en regresar a concepciones anteriores sobre el ministerio público y sus funciones, proyecto en el que les acompañó de forma casi uniforme el partido en el poder. La reforma de la Ley Orgánica de la FGR fue la mejor muestra de esta regresión.

En este contexto, el proyecto de PEF para 2022 sigue asignando un papel secundario a la FGR. Como ha sido la tónica en este sexenio, mientras han crecido notoriamente y prácticamente de manera constante los montos asignados a la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, lo asignado a Fiscalía está estancado desde comienzos de sexenio. En ese panorama, las áreas especializadas en la investigación de delitos que constituyen graves violaciones a derechos humanos son especialmente afectadas.

En ese sentido, aunque en el proyecto de PEF para 2022 hay un ligero aumento en el monto presupuestal asignado a FGR, como se ha explicado, éste no constituye un incremento en términos reales. Dentro de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, áreas clave como la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas no reciben tampoco un aumento relevante, como tampoco ocurre con las áreas periciales.

Esto, aunado sin duda a la falta de voluntad política, incide en que a la fecha permanezca incumplida la obligación, prevista desde 2017 en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, de crear un Banco Nacional de Datos Forenses, que sin duda contribuiría notablemente a avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas. Según se ha reportado, el cumplimiento de esa obligación sigue sin ocurrir, dándose en el presente pasos lentos y con poca coordinación. El proyecto de PEF, al respecto, no permite advertir ninguna medida innovadora en se rubro.

La falta de incremento en los montos asignados a las instituciones que podrían atender en lógica de derechos humanos los profundos problemas que tenemos en materia de migración o impunidad, así como el continuo aumento en las partidas para una Guardia Nacional que se ha militarizado o para proyectos que generan preocupaciones legítimas frente a los derechos ambientales y colectivos indígenas en juego, ponen en duda que realmente estemos ante un proyecto de presupuesto pensado en clave de derechos humanos.