Controles sobre la industria armamentista

El Gobierno mexicano, con razón, ha insistido en que el tráfico ilegal de armas de alto poder está directamente relacionada con el aumento de la violencia en el país, pues el armamento fabricado y vendido en los Estados Unidos termina en manos de los cárteles de la droga y grupos criminales de este lado de la frontera. La demanda busca que las empresas respondan por los daños que causan sus prácticas negligentes y que desarrollen estándares verificables para monitorear a los distribuidores.

Esta acción sin duda alguna, debe saludarse. La frontera norte es la puerta por donde entran a nuestro país la mayoría de las armas. El valor simbólico que comporta el iniciar una demanda en contra de las empresas armamentistas es significativo.

En particular, es necesario que las empresas cuenten con mecanismos adecuados de control y trazabilidad para la venta y exportación de sus armas. No debemos olvidar que las empresas, además de tener que acatar leyes civiles y comerciales, están obligadas a respetar derechos humanos bajo estándares de debida diligencia. Es falso, por tanto, que no tengan ninguna responsabilidad sobre el destino y uso de sus productos.

Adicionalmente, el Estado mexicano también debería tomar acciones que dentro del ámbito de sus responsabilidades en lo relativo al control y supervisión del despliegue de armas en su territorio.

Y es que en México prevalece también la necesidad de fortalecer los controles, incluyendo tanto la exportación como la distribución y, finalmente, su uso por los destinatarios finales. Sobre todo, es fundamental que cuando se cometen delitos en este ámbito, la Fiscalía General de la República indague y acuse a los responsables. Esto, sin embargo, no ocurre en el presente.

Un caso particular que así lo demuestra es el ligado a las armas producidas por la empresa alemana Heckler & Koch, que llegaron ilegalmente a estados de la República donde, de acuerdo con las normas alemanas y europeas, no podían distribuirse. Así, fueron utilizadas por corporaciones como la Policía Municipal de Iguala que intervino la noche en que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Como es sabido, el saldo que esa noche dejó fue de al menos 6 personas privadas arbitrariamente de la vida en los hechos y de varias personas heridas de gravedad.

La historia de uno de los heridos, Aldo Gutierrez Solano, normalista que a la fecha permanece en estado mínimo de conciencia como consecuencia de impactos de bala, pinta nítidamente las consecuencias de la falta de controles adecuados sobre la industria armamentista, tanto en el país exportador como en el comprador.

Una vez que se acreditó que en el ataque contra los estudiantes fueron usadas las armas HK, en Alemania sí se iniciaron acciones legales. Dado que la distribución en Guerrero de esas armas supuso un grave incumplimiento de las leyes comerciales en Alemania, el impulso de organizaciones y periodistas repercutió en que en 2018 iniciara un juicio en contra de la empresa. El 20 de febrero de 2019, el Tribunal de Stuttgart condenó a la empresa y a algunos exempleados por tráfico ilícito de armas, confiscándole cerca de 4 millones de dólares correspondientes a las ganancias que obtuvo por la venta a los lugares prohibidos. La empresa apeló la resolución, pero el Tribunal Superior Federal de Alemania, máxima instancia judicial en ese país, resolvió confirmar la sentencia toda vez que hasta el 48% de las armas de H&K fueron destinadas precisamente a las entidades federativas de México que la ley germana había prohibido.

En el juicio seguido en contra de Heckler & Koch, la familia Gutiérrez Solano buscó -con el acompañamiento del Centro Prodh y del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR)- que Aldo fuera reconocido como víctima en el proceso. Su hermano Leonel acudió a una audiencia en la que portó la fotografía de Aldo para hacer tangibles los impactos humanos del tráfico ilícito de armas.

Más allá de este proceso, lo que interesa destacar en el contexto de este artículo es que durante el proceso en Alemania, un testigo informó sobre posibles actos de  corrupción en que habrían incurrido mandos militares mexicanos de alto rango en complicidad con representantes de la empresa, para facilitar la entrada a México de las armas HK y, sobre todo, su distribución en los estados vedados. Pese a la gravedad que reviste esta revelación, en México no se ha iniciado investigación alguna -ni administrativa ni penal- por las responsabilidades en las que habría incurrido personal de la SEDENA involucrado en la trama ilícita; en este, como en otros casos, campea la impunidad castrense sin que la FGR ni ninguna otra instancia sea contrapeso al estamento militar. Esta impunidad adquiere un peso muy particular en un contexto en el que el protagonismo militar está incrementándose debido a las múltiples y diversas tareas que desde el Gobierno federal se le están encomendando al sector castrense.

Como este caso ilustra, para que el armamento de alto poder que se usa indebidamente en México ingrese a nuestro país, concurren múltiples actores que se articulan en redes de corrupción. Sin duda, las opacas empresas de la industria armamentista son parte activa de este entramado; por eso, debe saludarse la reciente acción de la Cancillería. Simultáneamente, no debe pasarse por alto la responsabilidad de los actores mexicanos que se benefician de ese tráfico. Si estos no rinden cuentas -si, por ejemplo, militares mexicanos que se beneficiaron de las acciones corruptas de empleados de HK no son investigados mientras en Alemania sí avanzan los juicios- las acciones impulsadas, como la reciente demanda, pueden perder contundencia.