- Las y los peticionarios llaman al Estado a garantizar condiciones adecuadas de participación y medidas de no repetición como ruta para considerar un proceso de Solución Amistosa
- La interlocución de la CIDH sería relevante para asegurar que la voluntad y los compromisos adquiridos por el gobierno avancen adecuadamente.
4 de agosto de 2021. El pasado 26 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos informó a las y los peticionarios del caso Pasta de Conchos, que trasladó al Estado mexicano las comunicaciones que enviamos el 20 de mayo y 15 junio pasado, en respuesta al ofrecimiento de solución amistosa al litigio interamericano, propuesto por parte del Estado.
En los escritos que le fueron trasladados a las autoridades mexicanas, hicimos señalamientos puntuales “para poder estar en condiciones de iniciar un diálogo de solución amistosa”, lo que sin duda sería una oportunidad para que el Estado, con acompañamiento de la CIDH, atienda los compromisos y legítimas exigencias que por más de 15 años mantienen las familias de Pasta de Conchos.
En dicha comunicación, las y los peticionarios refirieron que para iniciar un proceso de solución amistosa, el Estado debe garantizar condiciones que permitan el reconocimientos de todas las y los peticionarios del litigio, permitiendo su acceso a reuniones e información, así como su participación en el seguimiento de los acuerdos asumidos por el propio titular del Ejecutivo. Lo que en los hechos no ha ocurrido, debido a una falta de política victimal organizada y adecuada que integre a todas las peticionarias. Además, solicitamos a la CIDH una reunión de trabajo, en lo posible presencial y en la mina, con el fin de dialogar entre las partes sobre las condiciones y el seguimiento de los acuerdos asumidos por las autoridades.
También referimos la necesidad de que las autoridades tomen de manera urgente “Medidas de No Repetición”, que incluyan acciones estructurales para evitar siniestros como el ocurrido en Pasta de Conchos en 2006. Dicha exigencia, se reiteró en escrito de 15 de junio, derivado de los lamentables acontecimientos ocurridos en las cuevas de Rancherías, en Múzquiz, en dónde la inundación de la mina, ocasionó la muerte de 7 compañeros, que pudieron ser rescatados en los días subsecuentes. Reiteramos así, la necesidad de que los acuerdos asumidos por el Ejecutivo incorporen medidas de no repetición para garantizar la seguridad de los mineros en la región, sobre todo debido a que a la fecha, se continúan haciendo nuevas cuevas para surtir carbón derivado del contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además, pese a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social restringió el acceso a las minas, los trabajadores continúan denunciando que las mismas siguen en operación.
Por ello, las comunicaciones trasladas por la CIDH al Estado son tan relevantes, pues en su respuesta, que deberá ocurrir en el plazo de un mes, permitirá a las autoridades atender las deficiencias que hasta ahora persisten en la interlocución, y asegurar que la voluntad y los compromisos adquiridos por el gobierno, se lleven a cabo bajo esquemas de participación adecuados y atendiendo a la integralidad de las medidas, incluyendo la no repetición, así como el Rescate que habrá de ocurrir en el mes de octubre. Estaremos a la espera de conocer su respuesta.
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