Ayotzinapa: derecho a la verdad

No es fácil imaginar el impacto que tiene esta información en una familia que, al igual que las de sus compañeros, no ha dejado de buscar, con todo el corazón, a su ser querido durante casi siete años, a pesar de todas las adversidades y obstáculos que se les han puesto delante. El efecto de la noticia se hace extensivo a los otros padres y madres, quienes indefectiblemente viven el tormento de preguntarse si el destino de sus hijos queridos ha sido similar.

Sin dejar de poner en el centro esta consideración de elemental empatía, es importante ponderar este suceso en varias dimensiones adicionales: en lo que dentro del caso Ayotzinapa representa para la investigación y en lo que implica ante la crisis de desapariciones que vive México aún.

En términos de investigación, la identificación de Jhosivani en un lugar diferente al que la Procuraduría General de la República postuló como destino único de todos los normalistas refuerza lo que ya se ha constatado de múltiples formas: que las autoridades entonces encargadas del caso mintieron a las familias y a la sociedad. En efecto, la vértebra fue recuperada tras un año de rastreo en un lugar que -al igual que sucedió con Christian Alfonso Rodríguez Telumbre– no es el que se identificó en la versión oficial. El hallazgo y la identificación deben, por tanto, desembocar en que rindan cuentas los responsables del uso desviado de la justicia en el caso.

Es importante también recordar, en este sentido, que la Procuraduría General de la República pretendió incluso imponer a la opinión pública la certeza de que Jhosivani había sido identificado entre restos que, se dijo, provenían del río San Juan, con resultados que no tenían un umbral de certeza suficiente.

Estas manipulaciones fueron expresión de un claro afán de precipitar conclusiones para realizar un cierre forzado del caso por razones políticas sin evidencia científica contundente, a partir de declaraciones obtenidas mediante tortura. Ahora, aunque no se ha esclarecido plenamente lo sucedido el 26 y 27 de septiembre, la identificación y el hallazgo parten de información científica incontrovertible, verificada por instancias externas.

Adicionalmente, esta vez la notificación fue hecha con la mayor dignidad posible: dando prioridad a la familia antes que a la opinión pública, con el acompañamiento de los representantes de los familiares, con el apoyo de los expertos y peritos internacionales que trabajan en el caso, y con la presencia de las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y de la Fiscalía Especial creada para indagar el caso, mostrando éstas cómo es posible y necesario que haya coordinación de Estado para atender la crisis de desapariciones.

La justicia debe aún llegar en el caso Ayotzinapa y, hay que decirlo, el tramo por recorrer todavía es largo.

Entre tanto, la nueva identificación trae algo de certidumbre a una de las familias victimizadas y muestra que es posible realizar identificación de restos humanos a través de procedimientos serios y científicos, a pesar del transcurso del tiempo, con acompañamiento de organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos; muestra, también, que estos procesos se pueden y deben hacer poniendo en el centro un trato digno a las familias.

Así que es importante repetirlo: es posible tratar con dignidad a los familiares de desaparecidos y es posible dar con la verdad. Estas pautas de trato a las víctimas deben extenderse más allá de Ayotzinapa y estamos lejos de que esto suceda. El Presidente no ha vuelto a reunirse con familiares de personas desaparecidas, la Fiscalía promovió una Ley Orgánica regresiva en el tema, el Sistema Nacional de Búsqueda no termina de contar con los recursos que debe, y las fiscalías locales siguen enfrentando con negligencia su rezago forense.

Ante este panorama, es claro que la deuda con los familiares de los desaparecidos permanece. Frente a esta y su dolorosa inmensidad, Ayotzinapa muestra que es posible dar pasos hacia adelante con dignidad y con verdad.