Desaparecidos: la deuda permanente

El pasado martes 25 de mayo, coincidiendo con la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, se cumplieron 10 años de la desaparición de Iván Eduardo Castillo Torres, Estrella Jaqueline Jiménez Estrella, Pedro Alberto Gayosso Martínez y Jenny Isabel Jiménez Vázquez a manos del crimen organizado y la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla. El colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica, creado e impulsado por sus madres, realizó un acto de memoria que evocó sus nombres pero también recordó las deudas del Estado con quienes siguen desaparecidos.

Desde el primero momento, recuerdan, las madres salieron a buscarlos y acudieron con las autoridades con la firme esperanza de que pronto regresarían a casa.

“Los primeros días las horas eran eternas; la autoridad nos pidió confianza. Decidimos salir a las calles, a las comunidades, recorríamos caminos y brechas, preguntamos. Las autoridades nunca realizaron acciones de búsqueda efectivas, y con el tiempo verificamos que fueron decenas, quizá cientos los desaparecidos en pleno centro de Poza Rica. El patrón era el mismo: desapariciones colectivas de jóvenes operadas por el crimen organizado y la policía intermunicipal”, explica Maricel, madre de Iván.

Diez años después, lamentan, la carpeta de investigación está plagada de omisiones y negligencias y no hay un solo elemento de la policía intermunicipal investigado o llamado a declarar, “mucho menos alguien del crimen organizado”.

Aunque se trata de una década de injusticia e indolencia por parte de las autoridades, las madres afirman que esta apuesta al desgaste de las familias no servirá, pues ellas seguirán luchando por verdad, memoria y justicia.

“Nos arrebataron la paz, el patrimonio, pero hoy construimos un espacio de lucha y esperanza para muchas familias, no vamos a dejar de buscarlos, los amamos y no nos cansaremos de buscarlos”, insisten las madres a través de la voz de su representante.

Sus acciones lo demuestran: son ya 150 familias organizadas en la región norte de Veracruz, decenas de fosas halladas por ellas y 25 personas devueltas a sus familias para que descansen en paz.

Ellas han dedicado ya una década de su vida a la búsqueda de tiempo completo, incluyendo la asesoría a las familias que el Estado no atiende, las brigadas y, sobre todo, el trabajo de día a día. Conocen los servicios médicos forenses y sus múltiples fallas, han vivido y tratan de revertir la indolencia de las fiscalías, saben y denuncian la colusión de las policías con el crimen organizado, insisten en la importancia de la búsqueda inmediata. Y sobre todo, saben de la frustración de ver que, conforme avanzan los meses y se convierten en años, las autoridades se ocupan cada vez menos de sus casos. Así, este aniversario propicia que también demanden estrategias de búsqueda de desaparecidos de larga data por parte de las autoridades y que éstas no se limiten a lo que las familias puedan encontrar con sus escasos recursos económicos y de personas.

Sin duda, esta experiencia refleja las deudas en esta materia que no se están solventando. Al día de hoy, hay más de 83 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país¹. Los colectivos de familiares han denunciado por años las irregularidades, lentitud y falta de coordinación institucional tanto en la búsqueda de las personas en vida como en los procesos de identificación forense. Es incierto cuántos cuerpos y restos sin identificar corresponden a personas que son buscadas por sus seres queridos y es muy común que los pocos avances que pueda haber en una investigación sean los aportados por las propias familias.

Las y los buscadores enfrentan, además, riesgos severos. El asesinato reciente de Javier Barajas Piña, en Guanajuato, da cuenta de ello: comenzó buscando a su hermana, continuó integrándose a los pujantes colectivos de la entidad y en el último tiempo se integró a la Comisión de Búsqueda. Su homicidio muestra los riesgos que enfrentan los colectivos y los servidores públicos que se toman en serio su tarea, así como la incapacidad de los gobiernos estatales y federal para preservar la vida.

En el presente, la crisis de desapariciones se ha reconocido y las búsquedas civiles han dejado de criminalizarse, pero continuamos sin que se desarrollen las herramientas previstas en la ley que se aprobó para hacer frente a la crisis: el Banco Nacional de Datos Forenses,  el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas ni con el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Por su parte, el Registro Nacional de Personas de Personas Desaparecidas y No Localizadas no se ha vuelto una herramienta útil para la búsqueda al no ser cabalmente transparente. Tampoco se ha anunciado alguna iniciativa de gran escala para ofrecer beneficios a personas hoy privadas de la libertad que puedan ofrecer información verificable sobre el paradero de los desaparecidos.

Finalmente, tampoco ha sido de ayuda la publicación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que echa para atrás avances arrancados por las familias a las anteriores administraciones y que, además,  emite un mensaje preocupante que puede influir en que las fiscalías locales se abstengan también de colaborar con las comisiones locales.

El acto de memoria en Poza Rica y las múltiples acciones desarrolladas por los colectivos a lo largo de esta semana de memoria claman, a quien quiera escuchar, que la deuda con los familiares de los desaparecidos persiste y que la movilización digna y legítima de estos será siempre necesaria para señalarlo, sin distingo de quién gobierne.