Las madres del amor

Como lo han hecho desde hace ya diez años, ellas irrumpieron en el espacio público para recordar la deuda del Estado frente a una crisis de desapariciones que no tiene parangón en el continente.

Se trata, en efecto, de una deuda de Estado: la obligación de buscar a las y los desaparecidos hasta dar con su paradero subsiste aunque las desapariciones se hayan perpetrado en administraciones previas, más aún dado que la crisis continúa. Se han documentado nuevas desapariciones en estos últimos años: 8,964 en 2019, 6,957 en 2020.

Una de las expresiones más notorias de esta crisis es la proliferación, en el país, de colectivos de familiares -mayoritariamente, madres hijas y hermanas- que literalmente han tomado en sus propias manos la búsqueda de sus seres queridos.

Prácticamente no hay entidad de la República ajena al surgimiento de estas expresiones organizativas que constituyen hoy, sin duda, la vanguardia organizativa y la reserva moral del movimiento de derechos humanos en México.

Desde su irrupción como actor público, los colectivos de familiares, acompañados con frecuencia por organizaciones civiles de derechos humanos, han ido resquebrajando la indiferencia que ha privado desde que la intensificación de la ininterrumpida “Guerra contra el Narcotráfico” arreció en el país. Así, han logrado que tanto en el nivel federal como en el nivel estatal hayan surgido leyes e instituciones que sientan bases necesarias, pero no suficientes, para lidiar con esta problemática; también ha logrado que sus búsquedas, antes criminalizadas, hoy sean reconocidas en su legitimidad en tanto expresión extrema de autotutela de sus derechos ante la indolencia estatal. Han logrado, también, un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense que, de instrumentarse adecuadamente y lograr la cooperación de las entidades, puede ser una herramienta útil para revertir el rezago que se presenta las morgues del país, donde se acumulan restos y cuerpos humanos, sin que exista un tratamiento científico, humanitario, estandarizado y retrospectivo que contribuya a la identificación.

Pero aún estamos en México lejos de contar con una verdadera política de Estado ante esta grave crisis y los pasos que hasta ahora se han dado, en algunos aspectos específicos, son de retroceso. Prueba de ello es que algunos de los colectivos llamaron la atención, durante las movilizaciones de este 10 de mayo, sobre las preocupaciones que genera la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que han sido ya ampliamente comentadas.

Desde luego, este no es el único y principal pendiente. Un buen recuento de dónde se ubica México de cara a sus obligaciones ante esta crisis puede encontrarse en el reciente balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “En síntesis, el Estado ha adoptado medidas tendientes a la implementación de la Ley General, particularmente con relación a la instalación del SNB, así como con la creación y puesta en marcha de herramientas de búsqueda.  Esto último se ha visto reflejado en el establecimiento total de las Comisiones Locales de Búsqueda, así como con la adopción del Protocolo Homologado de Búsqueda y la puesta en funcionamiento de la versión público del RNPDNO, con las atingencias planteadas anteriormente.  No obstante, a más de dos años de la entrada en vigor de la Ley General, aún existen algunas deficiencias con la instalación de las Fiscalías Especializadas en las entidades federativas, así como con la creación de las herramientas a cargo de la FGR. En este escenario, la CIDH advierte que la adopción del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación y el Programa Nacional de Búsqueda, así como la instalación de los Consejos Ciudadanos Locales y los Grupos de Búsqueda, se observan nulos o escasos avances. La  misma  conclusión  es  de  advertir  respecto  de  las  herramientas  en  materia  de  gestión  de  la información como quedó detallado anteriormente, con especial énfasis en el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Reclamadas”.

Como puede verse, los pendientes son múltiples y no menores, y exigen una coordinación entre las instituciones y entre los diferentes niveles de gobierno que aún no se ha verificado en el país.

Por eso, la legítima y digna protesta de las madres seguirá siendo indispensable. Como confirma la historia de América Latina, son ellas y su movilización -y no ningún personaje, gobierno, institución, política pública, organización civil o partido por sí mismo- la mejor y más relevante garantía social para preservar sus derechos, para construir memoria.

En el contexto argentino, Leon Gieco escribió para las abuelas y madres de la Plaza de Mayo: Enarbolando dignidad / … / abriéndose caminos entre sueño y horror / van pariendo mucha más vida / de la que se truncó / … /  Y mañana seguirán con fuego en los pies / quemando olvido, silencio y perdón / … / Van cruzando este destino / … / luz en la oscuridad / las Madres del Amor.

En otro contexto y con características diferentes, pero con una dignidad similar, hoy caminan por las calles de México nuestras madres del amor, que son luz en medio de una oscuridad que sigue, hasta hoy, ensombreciendo al país. Todos y todas estamos en deuda con ellas.