A un año de su renovación, estamos perdiendo lo rescatable que había en la CNDH y la oportunidad histórica de volverla una instancia realmente relevante y útil para las víctimas.
A un año de la renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en el marco del 10 de diciembre, el momento es oportuno para hacer un balance preliminar de la actual gestión.
Como en otros asuntos públicos, el relevo en la CNDH estuvo marcado por la polarización. De un lado, se afirmaba que la CNDH sólo había servido para encubrir la crisis de violaciones a derechos humanos. Desde el otro lado, se sugería que la CNDH había fungido como verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo.
Publicado originalmente el día 8 de diciembre de 2020, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
La realidad presenta más matices. Aunque el Ombudsman anterior empezó a poner de pie a una institución que, tras dos pésimas gestiones, llevaba 15 años sin ejercer a cabalidad su autonomía, con serios problemas de opacidad, la mera continuidad era insuficiente. La CNDH seguía con inercias que debían revisarse. Siendo la institución de su tipo más costosa en América Latina, su desempeño podía mejorar: su relación con las víctimas tenía que ser más cercana; sus capacidades de investigación debían fortalecerse; su gestión de expedientes podía ser menos burocrática; su equipo de visitadores podía mejorar en pluralidad y paridad. La atención de casos especialmente complejos debía ser corregida, también, para no repetir los errores cometidos en la anterior gestión en casos como Ayotzinapa.
Por ello, elegir bien a la Ombudsperson resultaba fundamental. Sin embargo, el modo en que ocurrió la designación tuvo un desenlace que le restó legalidad y legitimidad. Lo que pudo ser el inicio de un cambio de fondo, por el nombramiento de una persona víctima a la cabeza de la institución garante de los derechos, quedó debilitado por un proceso desaseado, sin que hoy esté garantizada la autonomía de esta institución. Más aun, subsisten litigios aún no resueltos en los que se impugnó el proceso, mismos que debe ser analizados a profundidad por el Poder Judicial de la Federación.
En este panorama, era fundamental que en su primer año la Ombudsperson priorizara su legitimación de ejercicio con una agenda clara, con trabajo sustantivo y con especial atención a los temas en que el gobierno federal requería monitoreo estricto: militarización, política migratoria, megaproyectos de desarrollo en territorios indígenas, espacio cívico y estigmatización de la sociedad civil, expansión de la prisión preventiva, entre otros. Esto, sobre todo, a partir de los ámbitos de actividad propios de una institución de su tipo: emitir recomendaciones en casos, presentar acciones de inconstitucionalidad, difundir la cultura de derechos humanos mediante una política de comunicación social consistente y mantener una gobernanza interna mínimamente congruente con los valores que defiende. Enseguida presentamos un balance inicial sobre estos cuatro ámbitos.
En cuanto a la emisión de recomendaciones, durante este año la CNDH ha emitido más de 60, 8 de ellas sobre graves violaciones a derechos humanos. Aunque en cifras este ejercicio no dista mucho de los que se han hecho en el pasado, y en especial del primer año de la anterior gestión -que es con el que metodológicamente resulta más adecuado hacer el contraste- dos temas llaman la atención. El primero es que la gran mayoría de las recomendaciones han sido emitidas por violaciones a derechos humanos cometidas durante la anterior administración, más de 40; aunque esto es comprensible porque este es el primer año de ejercicio, si esta tendencia no se revierte puede ser indicativa de condescendencia y complacencia con las actuales autoridades federales. El segundo es que el tiempo que en promedio transcurre entre una queja y una recomendación no se está reduciendo, es de casi 30 meses, aunque existen excepciones notables que parecen obedecer más bien a sesgos deliberados; por ejemplo, la actual CNDH emitió recomendaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en expedientes que se integraron en menos de tres meses, mientras que las quejas contra la Guardia Nacional no se resuelven con igual premura. Este rezago en las recomendaciones lo hemos constatado en el Centro Prodh desde el trabajo concreto de acompañamiento a víctimas que realizamos cotidianamente: por ejemplo, no han avanzado las investigaciones de 8 casos de mujeres víctimas de tortura sexual que acompañamos desde el 2018. Y en casos como Ayotzinapa, aunque ante los medios la CNDH sostiene que ha realizado grandes contribuciones, lo cierto es que ha sido ajena al proceso de esclarecimiento en marcha.
