La magnitud de la crisis de derechos humanos y violencia que hoy enfrentamos en nuestro país tiene diversas causas. Una de ellas es, sin duda, el papel que han tenido las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Área y Marina) a partir de su participación en tareas de seguridad pública e incluso en la investigación de delitos.
La presencia del personal militar en calles, parques, caminos y, en general, en el espacio público, se justificó en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto argumentando que se trataba de un apoyo para “instaurar el orden” y “recuperar la paz” mediante el “auxilio temporal” a las fuerzas policiales civiles en lo que se denominó la Guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, esta política pública tiene hoy una clara intención de permanencia: se ha ido profundizando su presencia y actividades tanto en los hechos como en las legislaciones, a pesar de que la evidencia refleja que su participación no ha disminuido la violencia y sí ha generado violaciones a derechos humanos.
Muchas voces de la sociedad civil y la academia vimos en la alternancia de 2018 una posibilidad de que esta política de seguridad cambiara por una de corte civil. Sin embargo, con la creación de la Guardia Nacional (GN) y –recientemente– con el Acuerdo que dispone de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, emitido el 11 de mayo de 2020, la administración de Andrés Manuel López Obrador optó también por no fortalecer la institucionalidad civil en estos temas y por delegar la seguridad pública al Ejército y a la Marina.
Desde el Centro Prodh esperamos que esta cartilla se convierta en una herramienta útil que nos ayude a entender el esquema de seguridad pública en el que nos situamos, cuáles son las alternativas para trascenderlo y qué estrategias podemos llevar a cabo cuando el ejercicio de los derechos humanos se ve en riesgo.
