México enfrenta, desde hace varios años, una crisis de violencia y violaciones a derechos humanos, incubada en buena medida por un sistema de justicia que prodiga impunidad respecto de los delitos que más agravian a la sociedad: los homicidios, la corrupción y las violaciones graves a derechos humanos.
Recientemente se han adoptado diversas modificaciones institucionales que buscan investigar y sancionar más ágilmente algunos de estos crímenes. Igualmente, en la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General de la República (FGR) se ha anunciado la creación de una instancia especializada para la investigación de delitos que constituyan violaciones graves a derechos humanos.
Estas modificaciones institucionales son relevantes, pero difícilmente revertirán la impunidad si no se acompañan de una profunda revisión de las prácticas que se han arraigado en el Ministerio Público.
A partir de la labor que realiza el Centro Prodh en la representación legal de víctimas, nos hemos dado a la tarea de identificar patrones de impunidad en diferentes investigaciones para contribuir a identificar dónde se encuentran los principales nudos de impunidad. Como contracara de esta realidad, en la segunda parte de esta publicación nos referiremos a sentencias del Poder Judicial que intentan acotar estas malas prácticas, como una muestra de la manera en que las juezas y los jueces pueden ser un contrapeso relevante para modificar el generalizado estado de impunidad.
La presente publicación se edita en un momento en que desde el Gobierno federal se alude a la necesidad de revertir la impunidad.
Este texto busca mostrar que, si en efecto se busca erradicarla, además de la voluntad política es imprescindible corregir técnicamente las prácticas del Ministerio Público.
