- Creación de Unidad Especial y designación de Fiscal avanzan en la ruta correcta.
Ciudad de México, 26 de junio de 2019. El día de hoy –a 57 meses de los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014- se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa”. Unas horas después se dio a conocer la designación del Titular a cargo de dicha Unidad, adscrita a la Oficina del Fiscal General de la República.
Para los familiares de los estudiantes desaparecidos y para las organizaciones que les acompañamos, el anuncio significa el inicio de una nueva etapa en la investigación penal de los crímenes cometidos contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En particular, el nombramiento del nuevo titular es motivo de esperanza. Su conocimiento profundo del caso y su trayectoria en organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos permiten presumir que su aproximación a la indagatoria será profesional y objetiva.
Los retos de la recién creada Unidad no son menores. El nuevo Fiscal estará a cargo de una investigación compleja, con múltiples líneas pendientes por profundizar; con acusaciones pendientes que presentar y con planes de búsqueda que materializar. Por ello resulta fundamental que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dé seguimiento a esta acertada decisión y acompañe e impulse permanentemente los esfuerzos de la nueva Fiscalía.
También por este motivo, es fundamental que el titular de la nueva Unidad trabaje de la mano de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, cuyo impulso al esclarecimiento pleno del caso está siendo determinante para este y otros avances.
Asimismo, la recientemente creada Fiscalía deberá trabajar de la mano con organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), instancias que han dado ya asistencia técnica a la investigación y que han mostrado su generosa disposición para seguir colaborando con el Estado en esta labor.
Para las familias de los estudiantes desaparecidos, el anuncio abre una nueva oportunidad para que la Fiscalía General de la República muestre que puede dar respuesta a las familias que buscan a sus desaparecidos y que es capaz de romper los pactos de impunidad que encubren las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país, como tantas otras víctimas y como la sociedad en su conjunto lo anhelan.
Contacto:
Narce Santibañez Alejandre
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
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