La continua presencia de noticias sobre graves violaciones a derechos humanos en México es habitual tanto en medios de comunicación nacionales como en los de otros países. También lo son las expresiones y rostros concretos de esa crisis: las madres en búsqueda de sus personas desaparecidas, las familias que buscan justicia para quienes sufrieron la pérdida de la vida, las personas injustamente encarceladas que buscan limpiar su nombre y los hombres y las mujeres buscando reparación al proyecto de vida truncado por los abusos de las autoridades.
Esta situación tiene hondas raíces, destacadamente la impunidad de las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias cometidas en décadas pasadas especialmente contra opositores políticos y las fallas estructurales en el sistema de procuración de justicia.
Una parte significativa de las víctimas de esta inhumana crisis de violencia –que abarca cada vez más rincones de la geografía mexicana y se ensaña particularmente con los más desfavorecidos– no han sido personajes pasivos, sino personas que remontan su dolor para emprender acciones que ayuden a revertir la situación y prevenir que siga ocurriendo.
Para las víctimas, sin duda, las organizaciones defensoras de derechos humanos han sido grandes aliadas. Y, utilizando su enorme capacidad técnica y su legitimidad, los mecanismos internacionales de derechos humanos han tenido un papel destacadísimo en el diagnóstico de un amplio espectro de temáticas de la grave crisis y en ofrecer sus habilidades para elaborar rutas de salida a la situación partiendo de la garantía a los derechos humanos.
Así, México ha recibido a una variedad de relatores –tanto del sistema interamericano como de las Naciones Unidas– que han venido a encontrarse con autoridades de los tres niveles de gobierno, sociedad civil organizadas y víctimas de las graves violaciones a derechos humanos. Algunos de sus aportes se han recogido en las nuevas leyes generales que se han dictado –como la relativa a la tortura y la de desapariciones–, pero aún quedan en sus documentos muchos elementos que han de tomarse en cuenta a la hora de diseñar las hojas de ruta que cambien la situación que hoy padecemos.
Justo hoy que vivimos un tiempo de alternancia política bajo la esperanza de una transición y cambio para el país, acudir al legado que nos han dejado los mecanismos internacionales de derechos humanos nos permite descubrir una agenda de transformación.
