Ciudad de México, 1 de octubre de 2018

  • Se ha violado el derecho a la verdad de la sociedad mexicana, por no incluir las graves violaciones a derechos humanos cometidas en México durante la Guerra Sucia de los años 60, 70 y 80.
  • A 50 años de la masacre de Tlatelolco, cometida en 1968, gran parte de la sociedad mexicana desconoce a plenitud que sucedieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El Estado mexicano, no ha garantizado verdad, justicia y reparación integral del daño a miles de víctimas del periodo histórico conocido como la Guerra Sucia, caracterizado por represión estatal y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Como parte de la dicha omisión encontramos que no hay políticas de memoria para reivindicar a las víctimas y sus familiares. De igual manera, no existen contenidos educativos que permitan vislibilizar las atrocidades cometidas por el Estado mexicano, mismos que debieran formar parte de políticas de reconocimiento, no-repetición, memoria y verdad. En este marco, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha violado el derecho a la verdad de la sociedad mexicana en su conjunto, por no incluir en sus programas educativos la enseñanza de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en México durante la Guerra Sucia de los años 60, 70 y 80. En virtud de ello, las organizaciones firmantes hemos presentado una demanda de amparo para exigir a la Justicia Federal que subsane esta omisión histórica. El reconocimiento de las atrocidades cometidas por el Estado es fundamental en toda sociedad democrática.

A 50 años de la masacre de Tlatelolco, cometida en 1968, gran parte de la sociedad mexicana desconoce las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por parte del Estado durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid. En el marco internacional de la llamada Guerra Fría, México, al igual que el resto de América Latina, fue escenario de represión estatal a todo tipo de disidencia y movimientos sociales, desde censura y encarcelamientos políticos, hasta masacres, tortura y desapariciones forzadas.

La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un capítulo que se enmarca en una estrategia de represión estatal y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos a la vida, la libertad e integridad personales que ocurrieron durante la Guerra Sucia. Casos en contextos urbanos (como la Matanza del Jueves de Corpus “El Halconazo”), así como en áreas rurales (como la Operación Telaraña y la Operación “Vuelos a Oaxaca”), constituyeron ese período de represión estatal que ha sido reconocido y analizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1], la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Oficialmente, se reconocen al menos 771 desapariciones forzadas durante ese contexto[2].

La crisis de violaciones a derechos humanos que hoy día vive México debe entenderse a la luz de la ausencia de verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Tras la transición electoral en el año 2000, el Estado Mexicano no generó una transición institucional que permita la abolición de prácticas represivas, ni ofreció una justicia transicional a las víctimas. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado  cerró en 2007 sin lograr el acceso a la justicia y sin construir una narrativa sobre qué ocurrió y por qué razones.

El Estado Mexicano lleva 50 años dando el mensaje que graves crímenes en contra de los derechos humanos pueden cometerse sin consecuencia de ningún tipo. El primer paso para revertir ese mensaje y comenzar a abordar medidas de no repetición es garantizando que la sociedad en su conjunto conozca los hechos de lo ocurrido y que éstos no pueden quedar impunes. En 2016, el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes creado para investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, incluyó entre sus recomendaciones garantizar el derecho a la verdad por los crímenes de la Guerra Sucia.

Las víctimas y sus familiares de la Guerra Sucia no son víctimas del pasado. Son personas agraviadas por el Estado que forma parte de nuestra sociedad y que siguen esperando justicia. Los crímenes no han prescrito legal, moral, ni históricamente. Atender la memoria de este período es el primer paso para formular propuestas para una transición efectiva ante la violencia de la actual guerra contra el narcotráfico y garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de ambos períodos.

El Juzgado Séptimo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo 1014/2018, tiene la oportunidad de emitir una sentencia histórica que reivindique a las víctimas y que permita ir construyendo una nueva relación entre la sociedad en su conjunto y el período de represión estatal y violaciones de derechos humanos conocido como la Guerra Sucia.

En la demanda de amparo se planteó que, conforme a la Constitución Federal, la educación tiene como una de sus principales metas la formación en derechos humanos y los valores democráticos. Cuando han ocurrido graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país, ese mandato implica garantizar, además, el derecho a la verdad de la sociedad, el cual es un derecho humano reconocido en el ámbito internacional.

Distintas instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición han señalado que la educación histórica sobre las graves violaciones a derechos humanos es uno de los principales medios para evitar la repetición de los hechos, así como para fortalecer el debate democrático y permitir que se establezcan distintos mecanismos institucionales para fortalecer el Estado de Derecho.

El hecho de que las y los jóvenes desconozcan por completo qué ocurrió durante el período histórico de la Guerra Sucia representa una violación directa al derecho a la verdad de la sociedad mexicana y el derecho a una educación en materia de derechos humanos, además de la falta de reconocimiento de las atroicidades cometidas por el Estado mexicano.

Por parte del Poder Judicial de la Federación, como garante de los derechos humanos y el orden constitucional, debe enviarse la señal de que todas las autoridades, incluyendo la SEP, están obligadas a garantizar todos los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, Incluyendo el derecho a la verdad. Confiamos en que el juicio será analizado y resuelto a través de los más altos estándares constitucionales e internacionales en materia de derecho a la verdad y del derecho a la educación.

[1] CNDH habla de alrededor de 500 desapariciones forzadas: CNDH, Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, [En línea] en CNDH, 2001, Dirección URL: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2001_Desapariciones70y80.pdf. [Consultado: 12 de enero, 2018];

[2] FEMOSPP, Informe Histórico presentado a la Sociedad Mexicana, 2006;