La reforma energética fue la bandera insignia de los cambios prometidos por la actual administración federal. A cuatro años de su entrada en vigor, es momento de hacer un balance de lo que verdaderamente ha significado para las y los habitantes de este país, destacadamente para los pueblos indígenas, desde la perspectiva de los derechos humanos.
En primer lugar, basta con recordar el gasolinazo –y los conflictos sociales derivados de este abrupto aumento en el precio del combustible– para saber que la promesa de energéticos más baratos no solamente no fue cumplida, sino que las consecuencias de abrir este sector a los vaivenes del mercado llevaron a la pérdida de vidas, precipitada por el abuso de la fuerza, y a un aumento de precios que impacta directamente en la calidad de vida de la gente.
En segundo lugar, y de forma no menos grave, la reforma energética está amenazando vastos territorios de México con la contaminación de tierras y aguas (debido a la laxa regulación en la materia) y con el despojo a los pueblos indígenas, cuyos derechos a la tierra y el territorio, a la consulta, al consentimiento, al medio ambiente sano, entre otros, fueron pasados por alto desde la misma concepción de la reforma. Esto puede desembocar, sin duda alguna, en el exterminio de la forma de vida de diversos pueblos que enriquecen la multiculturalidad de este país.
Como era de esperarse, quienes ven afectados sus derechos humanos no se están quedando de brazos cruzados. Las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, los académicos y las diversas coaliciones de actores de la sociedad civil están emprendiendo la resistencia a través de las herramientas jurídicas y organizativas a su alcance, e incluso están imaginando algunas otras.
A lo largo y ancho del país se están produciendo materiales informativos que, con sustento científico, advierten de los peligros de la extracción de hidrocarburos; las y los especialistas en transparencia atacan las zonas de opacidad de las nuevas leyes; las organizaciones establecen alianzas territoriales para resistir; las comunidades tejen reglamentos comunitarios en los que plasman su rechazo a las actividades extractivas; las y los defensores de derechos humanos elaboran amparos que van a la raíz de los derechos afectados. Y así, la defensa de los derechos de todas y todos se multiplica.
En este número de DeFondho buscamos tener un primer acercamiento a las consecuencias de la reforma energética desde todos estos ángulos con el objetivo de que lo que hemos aprendido en diferentes espacios pueda compartirse y nutrirse y nutriendo esta batalla que está lejos de terminar.
