A pesar de las múltiples voces que advirtieron de los peligros de una Ley de Seguridad Interior, la exigencia de las Fuerzas Armadas se impuso en el Congreso de la Unión y ésta fue aprobada a finales de diciembre de 2017.
Se trata de una ley que incluye un concepto de seguridad propio de regímenes autoritarios, que contiene definiciones laxas, que no incorpora controles de derechos humanos ni contrapesos legislativos, que altera de fondo la relación cívico-militar; una ley que perpetuará el fallido modelo de seguridad y que prescinde de la evidencia empírica. Una ley que por su mal diseño mantendrá en la incertidumbre a marinos y militares.
La posibilidad de revertir esta legislación depende ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez más, la independencia del Máximo Tribunal del país será puesta a prueba. En esta segunda edición ofrecemos un análisis de lo aprobado y de las voces que hemos advertido que el mejor camino es una seguridad sin guerra.
