En el informe Justicia fallida en el estado de Guerrero de la Open Society Justice Initiative -con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Prodh-, entra a fondo para describir la impunidad y las carencias que han hecho posible que hoy Guerrero sea la entidad con mayores retos políticos y estructurales para investigar, perseguir, sancionar y reparar casos de atrocidades y violaciones masivas de los derechos humanos.
Entre las recomendaciones que también incluye el documento resaltan la necesidad de garantizar que la Comisión de Derechos Humanos en el estado sea reformada por el Congreso local y mejorar la recopilación de datos en el sistema de justicia; crear una vicefiscalía independiente especializada en violaciones a derechos humanos; crear servicios periciales independientes de autoridades políticas y de la fiscalía general y reformar la ley contra la tortura, entre otros.
El informe resalta: “Los acontecimientos de septiembre de 2014 revelaron rasgos de cacicazgo, autoritarismo, criminalidad, corrupción, impunidad descarada e incompetencia. El repentino desmoronamiento del sistema que ocurrió a la vista de México y del mundo entero provocó protestas y representó la posibilidad de inestabilidad política. Pero también pudo haber representado una oportunidad. Guerrero corre el riesgo de hundirse en una crisis y una disfunción profundas, a menos que sus nuevos líderes estén dispuestos a reconocer las fallas estructurales e iniciar una serie de reformas que obligan a desafiar a los intereses criminales y políticos arraigados. Únicamente un cambio así de dramático podría resultar, un día, en el ?n de la historia de atrocidades de Guerrero”.
