Derivadas de la «Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Via Civil», realizada los días 25 y 26 de octubre y convocada por la Universidad Iberoamericana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, les compartimos las conclusiones y el pronunciamiento público sobre la creación del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática.
CONCLUSIONES
Los días 25 y 26 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil, convocada por la Universidad Iberoamericana, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económicas y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Conferencia tuvo el objetivo de promover la construcción de políticas públicas de seguridad integrales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos, conducidas por autoridades civiles y sujetas a rendición de cuentas; promoviendo con ello la desmilitarización gradual de las políticas públicas de seguridad.
A continuación se delinean las principales conclusiones derivadas del ejercicio de diálogo plural sostenido en el evento:
- La actual política de uso preponderante de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad, no está en un plan o política definida, sin embargo lejos de ser una excepcionalidad se ha convertido en una regla.
- Los especialistas coinciden en que las definiciones tan amplias de seguridad interior contenidas en las iniciativas en la materia no son viables y representan un riesgo en el caso de habilitar poderes a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, normalizando con ello lo que debiera ser una excepción.
- La crisis de derechos humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre- transicionales. Estos modelos enfrentan varios obstáculos, entre ellos la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos.
- La evidencia empírica acumulada hasta el momento permite concluir que el modelo de seguridad fundamentado en la punición y el papel preponderante de las Fuerzas Armadas (FFAA) en labores de seguridad pública no ha tenido un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país.
- Existe consenso entre la academia, la sociedad civil y los operadores del sistema de seguridad sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo con una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad para la toma de decisiones, combata la corrupción y la impunidad y tenga a los derechos humanos y a la rendición de cuentas como ejes transversales.
- El paradigma prohibicionista de la política de drogas, de acuerdo con la evidencia, ha generado condiciones de militarización y violencia, de modo que debe ser objeto de revisión.
- La prioridad de la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles son aspectos que requieren de atención urgente para tener condiciones que permitan el retiro paulatino, no inmediato, de las FFAA de labores de seguridad. La participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas debe ser temporal, subsidiaria y sujeta a mando civil.
- El sector académico especializado en seguridad, así como las estrategias de gestión policial más avanzadas en el mundo, postulan que es imposible un modelo viable de seguridad sin evaluación y sin toma de decisiones con base en evidencia. Ello es posible con la alianza constructiva entre el sector académico y las autoridades civiles responsables de la seguridad.
- Es necesario generar reformas integrales, de carácter estructural, con perspectiva de derechos humanos y que partan de un diagnóstico informado y que reconozcan la situación geográfica e histórica del país.
- La vía civil para un nuevo modelo de seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, la prevención como eje sustantivo y la atención diferenciada a grupos en mayor situación de riesgo por condiciones socioeconómicas, de género, edad u origen étnico; contribuyendo así a la coproducción de mejores condiciones de seguridad y convivencia con la activa participación de la sociedad civil, poniendo al centro las experiencias de las personas vulneradas por la violencia criminal y víctimas de violaciones a los derechos humanos.
- La importancia del tema de seguridad en la agenda nacional exige que las diferentes fuerzas políticas retomen recomendaciones y propuestas para un modelo de seguridad en democracia.
- Esta agenda de trabajo será objeto de observación, análisis y propuesta por medio del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática lanzado en este evento.
Ciudad de México, 26 de octubre de 2017.
FORO MEXICANO PARA LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Pronunciamiento público
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín “Pro” Juárez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) comunican la creación del FORO MEXICANO PARA PARA LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.
A. Antecedentes
Las políticas de seguridad en México requieren una revisión profunda, de cara a la persistente crisis de inseguridad, violencia y delincuencia, a su vez asociada a un extendido conflicto con los derechos humanos. Las evidencias disponibles permiten afirmar que las políticas públicas vigentes en estas materias no están dando los resultados deseados y sí en cambio con frecuencia parecen agudizar los problemas.
En el lugar más importante de esas evidencia está la reiterada confirmación del incremento de las víctimas, cuya experiencia en incontables ocasiones suma múltiples embates desde actores no estatales, pero también desde representantes de las propias autoridades. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada anualmente desde el 2011, encuentra cada vez más víctimas. En la aplicación correspondiente a 2016, se encontró una víctima del delito en uno de cada 3 hogares visitados y más del noventa por ciento de ellas no presentó denuncia ante la autoridad.
Muchas de las víctimas padecen experiencias de indescriptible sufrimiento producto de los peores crímenes, a su vez acompañados por las más graves violaciones a sus derechos humanos, hechos intolerables que, por si no fuera suficiente, con enorme frecuencia terminan en la impunidad. En este escenario nacional se combinan múltiples tipos de violencia y delincuencia que amenazan y hacen daño en particular a las personas en condiciones de la mayor indefensión.
La cara más visible de todo esto es el homicidio violento, mismo que en este año enseña ya los más altos registros desde que el Sistema Nacional de Seguridad Pública los comenzó a acumular en 1997. En aquel año la tasa de homicidios por 100 mil habitantes fue de 13.94; en 2016 ascendió casi a 20; La Organización Mundial de la Salud reconoce que un país sufre una epidemia de violencia cuando esta cifra es igual o mayor a 10.
En tal contexto, el temor se ha multiplicado. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), también del INEGI, levantada trimestralmente desde el 2013, encontró apenas en septiembre de 2017 que el ochenta por ciento de las mujeres y el setenta por ciento de los hombres entrevistados se siente inseguro en la ciudad donde vive, de tal manera que en promedio el 76 por ciento de la población adulta en México se siente insegura. Es muy importante enfatizar que esta percepción desbordada de inseguridad atraviesa ciudades con menores y mayores condiciones de desarrollo.
El esfuerzo de las autoridades para contener la inseguridad, la violencia y la delincuencia tampoco tiene precedentes. Gracias a reformas del mayor calado, en 1995 se creó la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), misma que fue reformada en 2009 para fortalecer la profesionalización de las instituciones policiales; en 1996 entró en vigor un régimen especial de investigación y persecución de la delincuencia organizada; en el 2008 se modificaron los ejes del sistema de justicia penal y en el 2011 se aprobaron profundos cambios constitucionales en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, en particular desde el 2007 se multiplicó el despliegue militar en tareas de seguridad pública, de tal manera que hoy día, tal como lo han informado las propias Fuerzas Armadas, se mantiene a más de 52 mil militares tareas de “reducción de la violencia”.
Tampoco ha hecho falta el incremento del presupuesto, en especial en los últimos diez años, periodo en el que el gasto federal para la seguridad se duplicó en términos reales entre 2006 y 2016.
Los resultados, sin embargo, no corresponden al esfuerzo y recursos que involucran el trabajo de centenas de miles de operadores de las instituciones de seguridad pública y de las autoridades políticas de las que dependen, las cuales además vienen siendo cada vez más acompañadas por un vibrante movimiento social que emerge y se consolida tanto en la exigencia de rendición de cuentas, como en la construcción de propuestas de mejora a las políticas vigentes.
B. El Foro para la Seguridad Democrática
1. ¿Qué es el Foro para la Seguridad Democrática?
Es una nueva red de construcción de conocimiento, intercambio e incidencia en políticas públicas orientada hacia el fortalecimiento del paradigma de seguridad ciudadana en un contexto democrático y con perspectiva de derechos humanos.
2. ¿Cuáles son los principios que fundan y orientan el Foro?
- Las personas son el centro de las políticas de seguridad y éstas deben responder a sus necesidades individuales y colectivas.
- Las políticas de seguridad deben ser coherentes con la promoción y el respeto de los derechos humanos.
- Tales políticas deben construirse con base en la evidencia y los más avanzados conocimientos científicos y técnicos.
- La seguridad ciudadana debe anteponer la prevención de la violencia y la delincuencia.
- Las políticas de seguridad deben ser conducidas por autoridades civiles responsables, competentes, profesionales y sujetas a rendición de cuentas, a su vez auxiliadas de manera excepcional, subsidiaria y temporal por las autoridades militares.
- Las políticas de seguridad deben enfocarse en estimular la creatividad y la innovación, para así construir casos de éxito susceptibles de replicación.
3. ¿Cuáles son los primeros objetivos estratégicos del Foro?
- Diseño y puesta en marcha de una agenda de investigación científica orientada hacia la incidencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades civiles responsables de la seguridad.
- Integración y puesta en marcha de una oferta educativa de nivel superior y de posgrado dirigida a la formación de cuadros especializados entre autoridades y sociedad civil.
- Construcción y puesta en operación del primer laboratorio de innovación para la Seguridad Ciudadana.
- Diseño y lanzamiento de un ranking nacional de intervenciones en seguridad ciudadana que incluirá una plataforma de reconocimientos a las mejores prácticas.
- Construcción de alianzas estratégicas con foros de seguridad de otros países.
- Integración y publicación del manifiesto del Foro, mismo que incluirá el marco teórico y conceptual que enmarcará su trabajo, la estrategia política de incidencia y el plan de trabajo de los primeros tres años de operaciones.
4. Perspectiva integral y vocación de colaboración e intercambio del Foro
Este espacio se orienta por una perspectiva integral y compleja que promueve la coherencia de las políticas de seguridad con respecto a otros sectores públicos directamente relacionados, en particular la política criminal y la reforma del sistema de justicia penal. El Foro encauzará sus esfuerzos hacia la mayor colaboración e intercambio posible entre los esfuerzos de mejora, oficiales e independientes, en todos los ámbitos que la investigación científica más avanzada incluye en los enfoques democráticos de la seguridad.
La vocación de colaboración e intercambio entre el sector académico, la sociedad civil organizada y las autoridades responsables de la seguridad, la prevención, las instituciones policiales, el sistema de justicia penal y otras agencias del Estado será la columna vertebral para lograr la incidencia en las políticas públicas.
5. Primera sede de operaciones
En la primera etapa del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México coordinará el diseño e implementación del programa de trabajo desde una secretaría técnica creada al efecto.