GINEBRA (19 de julio de 2017) – Un grupo de expertos* de las Naciones Unidas exhortó hoy al Gobierno de México a llevar a cabo una investigación transparente, independiente e imparcial sobre las denuncias de la presunta utilización de spyware para espiar a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas.
El llamado de los expertos se produce a un mes de las revelaciones hechas por organizaciones civiles y medios internacionales sobre el presunto uso por parte de autoridades mexicanas de un spyware denominado ‘Pegasus’ para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016.
“Las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”, afirmaron los expertos.
Según se ha informado, la intervención informática habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad.
También se habría visto afectado el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado para participar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
Entre los periodistas que afirmaron haber sido vigilados se encuentran Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. Además, de acuerdo a la evidencia publicada, también se habría dado un caso de espionaje contra el hijo menor de edad de una de las periodistas afectadas y contra algunos miembros de partidos políticos de oposición.
“Dada la gravedad de los hechos, el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia”, recalcaron los expertos de la ONU.
“La posible implicación en la compra y el uso de ‘Pegasus’de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación”, indicaron. “En ese sentido, llamamos al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador”.
Asimismo, los expertos hicieron un llamado a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.
“Urgimos al Gobierno mexicano a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo”, señalaron. “Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado”.
Para los expertos de la ONU, “la resolución de este caso a través de una investigación independiente e imparcial representa un paso clave para demostrar la voluntad del Gobierno en la lucha contra la impunidad en la procuración de justicia en México”.
(*) Los expertos: el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; la Sra. Houria Es-Slami, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y el Sr. Joseph Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.
Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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