- Impostergable contar con un panel de expertos independientes para investigar el espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas
- EPN debe garantizar el derecho de la sociedad civil organizada de llevar a cabo su trabajo sin temor a ser vigilados solo por la naturaleza de sus tareas
Ciudad de México, 07 de julio de 2017.- Greenpeace lanzó una petición en línea en la que convoca a la ciudadanía a demandarle al presidente Enrique Peña Nieto rendición de cuentas en torno al uso de sistemas de espionaje adquiridos por agencias del Gobierno Federal, y que han sido detectados en dispositivos electrónicos de periodistas y activistas sociales.
La organización ambientalista internacional condena y rechaza tajantemente cualquier práctica de espionaje[1] sobre la ciudadanía, en particular sobre aquellos que mantienen posturas críticas sobre las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos. El espionaje es un delito que debe ser investigado y sancionado.
Además de los casos revelados el 19 de junio a través del New York Times, este 6 de julio, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a cargo del caso Ayotzinapa revelaron que también recibieron mensajes en sus celulares muy similares a los que se describen en el informe titulado Gobierno Espía[2] por lo que podrían ser víctimas de este espionaje.
“Ante estos hechos Greenpeace apoya el reclamo que exige una indagatoria objetiva e imparcial que cuente con supervisión internacional y que haga un escrutinio de la misma a través de un panel de expertos independientes, nombrado y auspiciado por mecanismos internacionales, tal como lo han solicitado los afectados[3] ante la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE)”, indicó Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México.
Consideramos que la vigilancia sistemática a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y quienes luchan contra la corrupción -sectores fundamentales en la construcción de un estado de Derecho- es una forma de violencia, hostigamiento e intimidación encaminados a disuadirlos de llevar a cabo sus actividades y que erosiona los intentos de afianzar la democracia y las libertades ciudadanas.
Greenpeace es una organización internacional que trabaja en favor de la protección del medio ambiente, la paz y la justicia social. Señalar y denunciar a quienes destruyen nuestro planeta, así coma la colusión entre los gobiernos y las grandes corporaciones que impide que nuestros líderes actúen en beneficio del bien común es una tarea esencial para conseguirlo, que requiere un Estado que garantice los derechos de sus ciudadanos para ejercer sus libertades civiles, el derecho a disentir y ejercer la libertad de expresión sin ser intimidados ni perseguidos.
“El cierre y acoso sobre los espacios democráticos logrados en los últimos años nos asusta, aunque no nos paraliza. Por ello lanzamos esta iniciativa para canalizar la indignación de la ciudadanía en torno a los espionajes a activistas y periodistas, y así aumentar la presión desde distintos frentes para que se investiguen los hechos, se castigue a los responsables y se garantice que casos como éste no vuelvan a ocurrir en México”, recalcó Ampugnani.
La petición en línea está disponible en: actua.greenpeace.org.mx/gobierno-espia
Notas
[1] Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, es una investigación publicada por Citizen Lab y por las organizaciones ARTICLE19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, recogida por el diario New York Times, que demuestra el uso de malware4 altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
[2] Idem
[3] Los afectados en el caso del software de espionaje para intervenir teléfonos de periodistas, activistas e investigadores incómodos son Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, El Poder del Consumidor, entre otros.
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