AUTOR: Redacción
FUENTE: La Crónica de Hoy
FECHA: 20 de junio de 2017
- LA EMPRESA FABRICANTE, NSO GROUP, SEÑALO QUE SOLO DEBER SER UTILIZADO PARA INVESTIGAR CRIMINALES Y TERRORISTAS
A través del software de espionaje Pegasus varios periodistas, activistas y defensores de ley anticorrupción fueron afectados; este programa fue adquirido por el gobierno mexicano y la empresa fabricante, NSO Group, señaló que, en teoría sólo deber ser utilizado para investigar criminales y terroristas.
En un reportaje del New York Times, titulado «Somos los nuevos enemigos del Estado»: el espionaje a activistas y periodistas en México (Using Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families, en su versión en inglés), se señala que los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, el economista y activista de la Ley Anticorrupción, Juan Pardinas, el director del Centro Prodh, Mario Patrón, así como el abogado de los familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Santiago Aguirre, y la defensora estadunidense de mujeres violadas por policías, Stephanie Brewer, recibieron amenazas de hackeo en sus teléfonos celulares para ser espiados.
En el reportaje, escrito por Azam Ahmed y Nicole Perlrothm y con la colaboración de Paulina Villegas se señala que «los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente. Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí».
PEGASUS. El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia: el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
La versión del New York Times, después de analizar, junto a analistas forenses independientes, es que el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
El reportaje señala que, aunque existan sospechas del uso de programas espías por parte del gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó.
NSO Group se deslindó de su uso y aseveró que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.
El analista Bill Marczak, investigador sénior en Citizen Lab, confirmó que los teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros del software.
NSO Group aseguró que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa sólo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales.
NSO Group afirmó que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién se usan.
La compañía les cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
En caso de que NSO Group descubriera que se está haciendo un mal uso de su software, la empresa advierte que no podría hacer mucho al respecto: no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware.
Lo único que queda para NSO Group es que sus clientes cooperarán con una inspección interna que realizaría la empresa, la cual entregaría los resultados a la autoridad legal competente.
El único recurso de la empresa es ir reduciendo poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el transcurso de varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o actualizaciones del software.
En el caso de México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software.