AUTOR: Staff
FUENTE: Reforma
FECHA: 20 de junio de 2017
Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción expresaron ayer su indignación tras revelarse una investigación sobre espionaje.
The New York Times informó que agencias de Gobierno mexicanas usaron un avanzado programa de espionaje contra líderes y activistas cuando, en teoría, sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Ayer, 11 de los involucrados en la lista de personajes espiados exigieron al Gobierno una investigación independiente y presentaron una denuncia ante la PGR.
«Estos nuevos casos no son aislados, sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento», señaló Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, al dar lectura a un posicionamiento conjunto.
Entre las víctimas están los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; el defensor de los derechos humanos Mario Patrón, y promotores de leyes anticorrupción, como Juan Pardinas y Alexandra Zapata.
«No hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo», respondió el Gobierno mexicano al NYT a través de su director de medios internacionales, Daniel Millán.
Infiltran teléfonos celulares de periodistas y activistas Revelan espionaje Cobra empresa 650 mil dólares por vigilar a 10 usuarios de iPhone AZAM AHMED Y NICOLE PERLROTH / NYTMEWSSERVICE Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano que, en teoría, sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupcion, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han justado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.
El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cama ra de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software envía a los dispositivos un mensaje con información falsa que los invita a abrir una liga, la cual vulnera su privacidad «Somos los nuevos enemigos del Estado», señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, incluyendo uno en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.
Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas. Es muy poco probable que el Gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron ex funcionarios mexicanos.
«I¿is agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían», dijo Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México.
Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el caso de la periodista Carmen Aristegui, un operador se hizo pasar por la Embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa.
compañía cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a 10 usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
GAJES DEL OFICIO En abril de 2016, Mario Patrón, director del Centro Prodh, cayó en la trampa.
Un panel internacional que investigó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa divulgaría su informe final Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades y se preguntaba cómo respondería el Gobierno.
Sono su telefono y vio la pantalla la noticia que había estado esperando: «El Gobierno de México sale al fiente del GIEI», decía el texto.
Parecía ser la noticia que estaba esperando, así que dio clic al enlace que lo redirigió a una página en blanco.
Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.
«Es parte de defender los derechos humanos en México», aseguró Brewer. «Son los gajes del oficio».
Presidencia lo niega REFORMA/STAFF
El Gobierno de la República negó haber espiado a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, como publicó The New York Times.
En una carta dirigida al diario, la Administración federal condenó el intento de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas.
«No hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje.
«Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protecdón de datos personales son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho», indicó la carta firmada por Daniel Millán, director de medios internacionales.
Asimismo, el Gobierno federal llamó a las víctimas de espionaje a presentar su denuncia ante la PGR.