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AUTOR: Redacción 
FUENTE: Milenio Diario 
FECHA: 20 de junio de 2017

  • ACTIVISTAS DE DERECHOS Y PERIODISTAS INTERPONEN DENUNCIA ANTE PGR Y CNDH

Gobierno niega espionaje; pide indagar acusaciones «Como su propio texto señala, no hay pruebas de que agencias del Estado sean responsables de la supuesta vigilancia descrita en su artículo», responde vocero de la Presidencia a NYT Redacción/México En un reportaje publicado ayer, el diario estadunidense The New York Times acusó al gobierno mexicano de espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas con un sistema empleado en Israel para investigar a posibles terroristas.

De acuerdo con la publicación, el sistema Pegasus únicamente ofrece este servicio a gobiernos, con la condición de que la herramienta sea utilizada para combatir a grupos criminales. 

El reportaje «Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México» señala que entre tos «objetivos del gobierno» están el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardiñas, y su esposa; los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, así como Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárezydos abogados de su equipo, quienes ayudan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Para estas acciones, el gobierno federal habría gastado desde 2011 alrededor de 80 millones de dólares.

«El software se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, incluso puede utilizar el micrófono y la cámara para realizar vigilancia», detalla la investigación.

Aunque más adelante indica: «Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas, cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.

«Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos del hackeo».

En ese sentido, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, difundió a través de Twitter la postura que el gobierno envió a 7he New York Times respecto a esta publicación.

«Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo.

Para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y estado de derecho. Por lo tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona».

En el texto, firmado por Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de la Presidencia, se hace un llamado «a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo a que presenten su denuncia ante la procuraduría, a fin de que se puedan hacer las investigaciones correspondientes».

Los presuntos afectados presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y solicitaron una investigación «exhaustiva, seria, imparcial y transparente «No me parece un asunto menor.

Por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los levantones, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad que favorece que nada de esto se investigue y nada de esto se castigue, todo va en la misma dirección.

«Es claro que quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables, que sepamos que ellos saben de nuestros hijos, de nuestras vidas privadas y también de nuestras vidas laborales; que ellos saben qué temas estamos trabajando, con qué fuentes estamos hablando y con quiénes nos estamos reuniendo», señaló Loret de Mola.

En entrevista con MILENIO, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, respaldó la postura del gobierno federal y reiteró el rechazo de aplicar cualquier tipo de espionaje.

«(El gobierno) rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o cualquier otra persona sin previa autorización judicial».

La PGR sostuvo que por el momento, no tendría ningún pronunciamiento al respecto.

En tanto, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados exigió un informe sobre estas actividades a la Secretaría de Gobernación, elCisen, laPGRyla Secretaría de la Defensa Nacional.

Legisladores de PAN y PRD lamentaron que los recursos aprobados para contar con los mejores equipos tecnológicos para enfrentar a la delincuencia organizada sean utilizados para espiar a quienes le resultan incómodos al gobierno y su partido.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que «no son los periodistas y los activistas a quienes el gobierno debe tener bajo la lupa; ellos no son los enemigos de México, como sí lo son aquellos que ponen en riesgo la paz, a las familias, su integridad y su patrimonio». M «El software se infiltra en los celulares para monitorear detalles de la vida de las personas» MHHW «En esas acciones se han gastado alrededor de 80 millones de dólares», asegura Con información de: María Eugenia Jiménez, Ornar Brito, Fernando Damián y Jannet López Ponce