AUTOR: Carlos Puig
FUENTE: Milenio Diario
FECHA: 20 de junio de 2017
La primera vez que supimos que un software que solo se vende a gobiernos y había sido comprado por el gobierno mexicano estaba siendo utilizado contra ciudadanos mexicanos, fue en agosto del año pasado, cuando con base en un reporte de Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, The New York Times reveló el espionaje contra Rafael Cabrera, uno de los periodistas del equipo que reveló la casa blanca.
En febrero de este año, con la colaboración de, entre otras, la ONG mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales, un nuevo reporte de Citizen Lab reveló espionaje contra investigadores del Instituto Nacional de Salud y miembros de la ONG el Poder del Consumidor.
Desde febrero, la decena de organizaciones no gubernamentales que colaboraban con el gobierno en la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral conformada por 75 países que trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia y combatir la corrupción pidieron al gobierno federal explicaciones sobre estas revelaciones.
La respuesta del gobierno fue el silencio.
En mayo de este año, las organizaciones decidieron retirarse de ese esfuerzo. «En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto», acusaron.
De parte del gobierno, solo silencio.
Ayer, en The New York Times, un nuevo reporte de estas organizaciones amplía las víctimas del espionaje a periodistas -Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola- y funcionarios de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Centro Pro y el Imco.
La respuesta del gobierno llegó hasta la tarde. Dice que no hay pruebas de que ellos lo hicieron, cosa normal porque la empresa que hace el software para espiar dice que una de sus ventajas es que es imposible rastrear a quien espía.
Dice el gobierno que quien haya sido víctima, denuncie ante la PGR, pero sabemos que la PGR es una de las instituciones que ha comprado el software. ¿Y si ellos son los espías? El Cisen, la Sedena y algunos gobiernos estatales también lo tienen.
Y por qué hay que ir a la PGR. Si ellos no fueron, ¿no le preocupa al gobierno mexicano que alguien ande espiando? ¿No debería el mismo gobierno pedir una investigación? O, simplemente, ya tiene la respuesta…Y no puede revelarla.