AUTOR: Teresa Moreno
FUENTE: El Universal
FECHA: 20 de junio de 2017
Diez personas, entre abogados, defensores de derechos humanos y periodistas, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, por el presunto acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones privadas.
Acusan que entre 2015 y 2016 el gobierno mexicano en 76 ocasiones intentó instalar un programa en los smartphones de 15 personas para espiarlas, como publicó The New York Times.
Señalan que la Sedeña, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional habrían adquirido licencias de NSO Group, una empresa israelí, para espiar a quienes trabajaban los temas de Ayotzinapa, Atenco, Tlatlaya, Tanhuato, la casa blanca o la ley 3de3.
La Presidencia de la República les pidió que presenten denuncias y dijo que no hay pruebas del espionaje a activistas y periodistas.
** Diez periodistas y abogados acusan espionaje en PGR
Un total de 10 personas, entre ellos abogados, defensores de derechos humanos y periodistas presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones privadas, que tienen como penas entre 6 y 12 años de prisión.
La denuncia es por las 76 ocasiones que entre 2015 y 2016, el gobierno mexicano supuestamente intentó instalar el virus de espionaje Pegasus en los teléfonos de 15 personas: periodistas, activistas defensores de derechos humanos y un adolescente. Mediante este malware, los smartphones de las víctimas se habrían convertido automáticamente en espías de bolsillo.
En conferencia de prensa, seis de los demandantes presentaron la denuncia que en parte publicó ayer el diario The New York Times. Se trata de una análisis que realizó Citizen Lab, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3d) y Social TIC, en la que se acusa que supuestamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) habrían adquirido licencias para utilizar el malware comercializado por NSO Group.
Desarrollado por la empresa israelí, el malware Pegasus se vende únicamente a entes gubernamentales de los países. Cada licencia de infección tendría un costo de 77 mil dólares, plantearon al presentar el documento Gobierno Espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Según la explicación que se ofreció de cómo funciona, cuando una persona recibe un mensaje SMS en su teléfono, es atacada con Pegasus, porque contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo.
Si la persona hace clic en el enlace, el virus Pegasus infecta su dispositivo, con lo cual el atacante adquiere acceso a toda la información almacenada en él: mensajes de texto, correos electrónicos, contactos, registro de cada tecla oprimida, monitoreo remoto de datos de localización e, incluso, la activación inadvertida del micrófono y cámara, revela el informe, para cuya presentación se elaboró un hashtag: #GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México.
«El mensaje SMS está diseñado a la medida de la persona que está siendo atacada. Muchas veces contiene su nombre, aspectos relacionados con un familiar, la localidad donde vive o cosas que se relacionan con ella. Una vez que se le da clic a ese enlace se descarga el malware Pegasus y si la infección es exitosa, el atacante toma control del dispositivo», señaló Luis Fernando García, director de la R3D.
El reporte agrega que fueron atacados en total 12 personas relacionadas con temas como Ayotzinapa, Ateneo, Tlatlaya, Tanhuato, la casa blanca o la Ley 3de3, entre otros, y que todos los objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas.
Las ONG destacaron su preocupación de que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor y con el hecho de que «todas tuvieron un actor en común que fue el gobierno federal.
«No me parece un asunto menor, ni siquiera en un contexto tan violento, porque por el espionaje se abre la puerta para que [se] llegue más lejos (…) Todo va en la misma dirección. Quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables y que sepamos que ellos saben de nuestros hijos, nuestras vidas privadas y laborales», afirmó el periodista Carlos Loret de Mola en un mensaje grabado que envió a la conferencia.
«Hay que preguntarle varias cosas al gobierno mexicano, ¿dónde está esa información? ¿qué hicieron con ella? Tenemos derecho a saberlo. Estamos aquí para sumarnos a una denuncia formal, porque en este país tan querido, sabemos que no pasa nada; es como la marca de la casa», dijo Carmen Aristegui durante la conferencia de prensa.
Recibieron estos mensajes de texto con links para infectar con Pegasus: Mario Patrón, Stephanie Brewer, y Santiago Aguirre, colaboradores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); los periodistas Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias, así como el hijo adolescente de ella, Emilio Aristegui.
El periodista Carlos Loret de Mola, colaborador de El Universal, Televisa y Radio Fórmula,- Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Patrón demandó al gobierno federal transparentar los contratos que tienen las diversas instancias de donde supuestamente saliéronlos mensajes que espiaron a la docena de personas.
Pidió que se integre una comisión independiente de expertos que investiguen el caso y hagan un monitoreo de los sucesos, porque «el gobierno no tiene la capacidad de investigarse».
Se recordó que el 23 de mayo, en una denuncia similar por espionaje de los investigadores Simón Barquera, Luis Encarnación y Alejandro Calvillo, 10 organizaciones abandonaron la Alianza para el Gobierno Abierto.