AUTOR: Marcos Muedano
FUENTE: Excélsior
FECHA: 26 de mayo de 2017
- NINGÚN DELITO HA SIDO COMPROBADO
- Fallas en la Integración del expediente de investigación por la desaparición de los 43 normalistas han generado que los detenidos por esta tragedia logren amparos a su favor o evadan la justicia
A 32 meses de la desaparición de 43 alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) han sido Insuficientes para comprobar los cargos presentados en contra de más de 130 personas detenidas por las investigaciones efectuadas por el caso. Hasta el momento, no hay sentenciados.
De acuerdo con las investigaciones del gobierno federal, incluidas en más de 300 tomos, el 90% de las acusaciones en contra de los detenidos son por secuestro y delincuencia organizada.
También, se incluyen cargos por homicidio y tentativa de homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, cohecho, delitos contra la salud, abu so de autoridad, recursos de procedencia ilícita, entre otros.
Sin embargo, ninguno de los delitos que se integraron en los expedientes durante los últimos 32 meses, han sido comprobados, debido a las inconsistencias de las investigaciones, así como por amparos presentados por tortura o violaciones al debido proceso presentados por algunos de los detenidos.
Diferentes organismos nacionales e internacionales han mencionado irregularidades en las investigaciones que se han efectuado. Entre ellas se encuentran violaciones al debido proceso en contra de por lo menos 60 de las personas detenidas.
Las inconsistencias incluyen a Agustín Reyes, E1 Chereje, una de las personas señaladas por el gobierno federal de ser quien privó de la vida a los alumnos. Las autoridades encargadas de la investigación indagan la autenticidad de una firma con la que se autorizó que El Chereje fuera trasladado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el »28 de octubre de 2014 al río San Juan.
De acuerdo con el expediente, en ese lugar, Agustín Reyes explicó al extitular de la AIC, Tomas Zerón, la forma en que trasladaron a los alumnos, cómo los asesinaron y la forma en que se deshicieron de los restos.
El testimonio de El Chereje es una de las pruebas más relevantes de la PGR para sustentar la «verdad histórica» que el exprocurador General de la República, jesús Murillo Karam, dio a conocer el 7 de noviembre de 2014.
Autoridades de la dependencia explicaron que, en caso de que se compruebe que Tomas Zerón no siguió los protocolos, sólo ameritará una sanción administrativa, porque al momento de estar al mando, era una persona de confianza.
Actualmente, siguen sin investigarse las peticiones ¿que han realizado los pa. dres de los alumnos, entre felas, una indagatoria contra elementos del Ejército jnexicano del 27 Batallón «» de Infantería, así como a los policías de Huitzuco. Otra de las peticiones es analizar las llamadas de celular, para conocer el contenido de las conversaciones y su geolocalización. El último punto es investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión.
Esta semana, se dio a conocer otra irregularidad en el caso, ya que una libreta que fue asegurada durante la captura de Sidronio Casarrubias Salgado, exlíder de Guerreros Unidos, fue ocultada al Ministerio Público.
La libreta que no se entregó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, incluye los nombres y teléfonos de mandos de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Las autoridades investigan a personal de la dependencia para determinar por qué se ocultó el documento. A 32 meses de la desaparición, las autoridades buscan a siete personas implicadas en el caso, entre ellas elementos de Seguridad Pública y civiles.
Hasta el momento, las investigaciones están estancadas, ya que a pesar de que la PGR ha asegurado que se han hecho nuevas investigaciones, desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).