AUTOR: Ana Langner
FUENTE: El Economista
FECHA: 11 de mayo de 2017
HACE UN año, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en el Estado de México absolvió por falta de pruebas a los últimos tres militares detenidos por el caso de la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró elementos necesarios para concluir que algunas de las personas que fallecieron fueron ejecutadas extrajudicialmente.
A partir de entonces, la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a aportar evidencia que acreditara la responsabilidad de los implicados, sin que al momento, existan informes públicos sobre avances del proceso.
En junio del 2014, en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, el Ejército reportó que tuvo un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes de la localidad, en el cual murieron 22 sospechosos y un soldado resultó herido.
No obstante, fue dada a conocer la versión de testigos que denunciaban una presunta ejecución extrajudicial por parte de los soldados contra los civiles.
En su recomendación 51/2014, la CNDH determinó la existencia de la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas, mientras que la PGR reconoció ocho casos de este tipo.
En mayo del 2016, el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa ordenó liberar a tres personas acusadas de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos ocurridos en dicho poblado del Estado de México debido a la «falta de elementos para procesar».
Con esta decisión, los siete militares contra los que la PGR había ejercido una acción penal, quedaron absueltos. El magistrado Ambriz Landa no se pronunció por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino que su resolución fue determinada por insuficiencia probatoria