AUTOR: Salvador García Soto
FUENTE: El Universal
FECHA: 9 de mayo de 2017
El documento elaborado por el ex visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, y revelado ayer por EL UNIVERSAL, es el golpe definitivo que termina de derrumbar la cuestionada «verdad histórica» del ex procurador Jesús Murillo Karam y toda la investigación oficial del gobierno mexicano que se tejió y se construyó sobre ilegalidades. Según lo documentado en su momento por el visitador de la Procuraduría, las averiguaciones previas federales incluyeron testimonios obtenidos bajo tortura, diligencias fuera de la legalidad, imputaciones de delitos con base en violaciones graves al debido proceso y a derechos humanos de los detenidos, además del rompimiento de la cadena de custodia, lo que significa que ningún tribunal ni nacional ni internacional sostendría esa investigación, si se impugna su legalidad o constitucionalidad.
La denuncia interna, hecha por Chávez Flores, la cual le costó su separación del cargo en septiembre de 2016, fue conocida en su momento por la procuradora Arely Gómez y por el presidente Enrique Peña Nieto; tras entregar el documento, al visitador general le pidieron «retirar o modificar» su documento, en el que ya denunciaba las irregularidades, incluidas las diligencias ilegales realizadas por Tomás Zerón en el río San Juan para la «siembra de evidencias» en el hallazgo de los primeros restos y el traslado ilegal, sin presencia de su abogado, del reo Agustín García Reyes, a la zona donde se encontraron, supuestamente, las primeras osamentas que después se identificaron como pertenecientes al normalista de Ayotzinapa, Alexander Mora.
Pero ante la negativa de César Chávez de desaparecer o desdecirse de su investigación, el presidente Peña Nieto ordenó su destitución y el nombramiento de una nueva visitadora, y en lugar de proceder legalmente en contra de Tomás Ruiz, por delitos contra la administración de la justicia, aún cuando ya era señalado públicamente por el GIEI y los padres de los normalistas como responsable de la «siembra de evidencias», el presidente le ordenó a la procuradora Arely emitir un comunicado anunciando su «renuncia» de la Agencia de Investigación Criminal y «reconociéndole su trabajo», al mismo tiempo que desde Los Pinos salía, con unas horas de diferencia, otro comunicado en el que Peña premiaba a Zerón y lo invitaba como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, dependiente de la Presidencia de la República.
Se sellaba así no sólo la impunidad de Tomás Zerón, quien fuera coordinador de Investigación de la Procuraduría mexiquense en los tiempos del gobernador Peña Nieto y estuviera al frente de polémicas investigaciones como la del caso de la niña Paulette, bajo el mando del entonces procurador Alfredo Castillo, además de otras «polémicas» y dudosas investigaciones. Y de paso, el gobierno peñista confirmaba una vez más que detrás de todo el entramado de ilegalidades, mentiras y violaciones sobre el que se construyó su «verdad histórica» del caso Ayotzinapa, estaba la intención de ocultar, de desviar y de enterrar los verdaderos sucesos y responsables involucrados en la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.
Hoy que se revive el documento elaborado por Chávez Flores -por cierto aspirante a la Fiscalía Anticorrupción que sigue pendiente en el Senado de la República- no sólo queda en evidencia que durante los últimos 2 años y 8 meses las investigaciones de la PGR no sirvieron para esclarecer ni los móviles ni las razones por las que desaparecieron con tanta saña a 43 jóvenes, sino que además tergiversaron evidencias y siguieron pistas y declaraciones forzadas que no necesariamente dijeron la verdad sobre todas las personas, grupos criminales o instituciones que participaron o fueron cómplices, ya sea por acción o por omisión, en la detención, secuestro, desaparición y asesinato de los normalistas. Y también la reaparición y difusión de esa investigación interna, con sus documentadas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de varios de los acusados, abre la puerta a que se caiga definitivamente la indagatoria oficial. Y entonces sí, 32 meses después, el Caso Ayotzinapa volvería a empezar de cero. Y tal vez esta vez ya no sea el gobierno federal quien investigue, sino las instancias internacionales a las que tanto se criticó y se atacó por su colaboración en este caso impune y paradigmático.
** Notas indiscretas… Como se lo adelantamos, finalmente se cumplió la exigencia del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y rodó la cabeza de la directora de Comunicación Social de la PGJDF, Elena Cárdenas. La renuncia busca poner fin al penoso capítulo de los tuits desafortunados. Cárdenas trabajó los últimos dos años con el profesionalismo y la experiencia que tiene en el ámbito de procuración de justicia, pero al final los errores se pagan y éste lo tuvo que pagar…Los dados mandan Escalera. Mejora el tiro.