AUTOR: Gloria Leticia Díaz
FUENTE: Proceso
FECHA: 12 de febrero de 2017
Tomas Zeron, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, fue el arquitecto de ta falaz «verdad histórica» sobre Ayotzinapa. Y el mismo gobierno federal ha aceptado que, en ese empeño, actuó irregularmente y con opacidad. Sin embargo, en el dictamen final sobre su actuación -que se dio a conocer la semana pasada- se le exculpa de cualquier responsabilidad penal, se imputa a funcionarios menores y se eliminan los mayores señalamientos que la propia autoridad ya había admitido.
Para los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, la reunión del jueves 9 con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue «la confirmación de las complicidades existentes para proteger a Tomás Zerón de Lucio», exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y artífice de la «verdad histórica», exhibido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por su actuación irregular en el caso.
«¿Qué le debe este gobierno a Zerón? ¿Qué sabe o qué implicación tiene en la desaparición de nuestros hijos? ¿Por qué llegar a las complicidades para protegerlo?», pregunta con desesperación Mario González Contreras, padre del estudiante César Manuel González.
En entrevista, el señor González hace un recuento de la reunión en la que se cuestionó el dictamen final de las investigaciones realizadas por la Visitaduría General de la PGR a la actuación de Zerón y otros funcionarios que trasladaron a las margenes del río San Juan, en Cocula, a Agustín García Reyes -uno de los inculpados por la desaparición de los 43- sin consignar esa diligencia en la averiguación previa.
En el dictamen clasificado como «definitivamente concluido», la Visitaduría se declara incompetente «para conocer y resolver sobre los actos u omisiones que le fueron atribuidos a Tomás Zerón de Lucio». Esto contradice el Acuerdo de Conclusión (AC) elaborado durante la gestión de César Chávez Flores al frente de la Visitaduría, revelado por este semanario en noviembre pasado. Ahí se asentaba que Zerón violó «las garantías judiciales, (de) acceso a la justicia y derecho a la verdad» y era responsable de «haber excedido el ejercicio de sus facultades» (Proceso 2090).
Aunque en el documento final se reconoce que el actual secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad supuestamente tuvo responsabilidad y participó en el traslado del inculpado a Cocula «sin contar con facultades para ello», se insiste en que su caso debe ser investigado por el Órgano Interno de Control (OIC) de la PGR, que depende de la Secretaría de la Función Pública (SFP)… es decir, de la exprocuradora Arely Gómez, quien fue jefa ríe 7.prón.
El mencionado Acuerdo de Conclusión, que implicaba a otros cinco funcionarios, también ordenaba dar vista a la SFP, «a fin de que el (entonces) director en jefe de la AIC (Zerón) sea llamado a procedimientos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos», y dejaba abierta la posibilidad para que los infractores fueran sancionados penalmente: ordenaba remitir el resultado de la indagatoria al director general de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para que «inicie carpeta de investigación contra quien resulte responsable».
El hecho de que el AC fuera ocultado durante la gestión de Arely Gómez fue lo que provocó el rompimiento del diálogo entre la PGR y los familiares de los jóvenes desaparecidos, en agosto del año pasado. De ahí que para regresar a la mesa de conversaciones con Cervantes Andrade los padres pusieran como requisito la presentación del dictamen final.
«Desde el momento en que Peña Nieto nombró a Zerón en un alto cargo sabíamos que lo estaban protegiendo, y en la reunión lo confirmamos. La nueva visitadora (Adriana Campos López) trató de justificarlo, llegó a decir que lo que Zerón quería al ir al río San Juan era encontrar a los muchachos. Tan absurdas fueron sus respuestas que ni el procurador ni Osorio Chong la defendieron.
«Nosotros le exigimos que comparara su informe con el del exvisitador César Chávez, pero ella se negó; seguro pensaba que porque somos campesinos no leemos los medios, pero no sólo es eso, sino que el propio César Chávez nos dijo antes de que lo corrieran que había responsabilidades penales que perseguir», cuenta Mario González. análisis actual no sólo se redujo el número de folios -que pasó de 177 a 128-, sino que se excluyeron las consideraciones desde la perspectiva de derechos humanos y derecho internacional.
«Olvidos» y exculpaciones…
El dictamen final -del que Proceso tiene una copia- es parte del expediente DGA/510/CDMX/2016, tiene el folio 1524/2016, está fechado el 8 de diciembre de 2016 y cuenta con la firma de la agente ministerial visitadora Rocío Ramírez Fernández.
Ahí se descarta que hayan sufrido retenciones ilegales y arbitrarias seis personas: Jorge Luis Poblete Acosta, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes, cuyas declaraciones son los pilares de la «verdad histórica», que sostiene que los 43 estudiantes fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula, y sus cenizas arrojadas en bolsas de basura al río San Juan.
Tampoco se le atribuyen responsabilidades a Zerón, como se menciona en el primer escrito, por haber «sustraído» a García Reyes de los separas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para trasladarlo por helicóptero a Cocula, «sin que mediara mandamiento ministerial o judicial que así lo ordenara» y sin presencia de su abogado (lo que violó las garantías de defensa del inculpado).
Tampoco se recomiendan sanciones sobre el daño generado a los familiares de las víctimas, a quienes la actuación de Zerón impidió «conocer información detallada sobre las diligencias de búsqueda practicadas ese día (28 de octubre), expresar sus opiniones ante la autoridad, o incluso imponer recurso alguno para impugnar la legalidad de la actuación del titular de la AIC, así como la de los peritos allí presentes, quienes incluso descartaron evidencia luego de haber entrado en contacto con ella».
De acuerdo con el dictamen avalado por los directores general de Asuntos Internos y de Área, Eliseo Guzmán Villegas y Martín López Serrano, respectivamente, «los actos u omisiones que le fueron atribuidos a Zerón» consisten en que «pudo haber participado en la diligencia en la que se trasladó al inculpado Agustín García de las instalaciones de la SEIDO a Cocula, sin contar con facultades para ello».
Responsabilidad diluida Se sostiene que es el Órgano Interno de Control de la PGR, que depende de la SFP, el que tendrá que resolver la situación jurídica de Zerón, ya que «el cargo con el que se desempeñaba no es de aquellos (relacionados con) actividades inherentes a una labor sustantiva de esta institución, como los agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, peritos y oficiales ministeriales», quienes están regidos por el régimen especial de la Ley Orgánica de la PGR.
Por lo anterior, se agrega, «esa Visitaduría General y las unidades administrativas que le están adscritas carecen de facultades para iniciar, substanciar y resolver un posible procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa en contra de Zerón».
El dictamen señala que se notificará al titular del OIC de la PGR «a efecto de que, de estimarlo procedente, inicie un procedimiento administrativo disciplinario» en contra del exdirector de la AIC.
La funcionaría responsable del dictamen no sólo exculpa a Zerón de las conductas irregulares detectadas en el AC del 18 de agosto pasado, sino que «encuentra» quién responda por ellas, aunque sea sólo en el ámbito administrativo.
Se trata de Abraham Eslava Arvizu, quien formaba parte de la comitiva de Zerón en el traslado de la SEIDO al río San Juan, y quien en octubre de 2014 era titular de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículo, cargo que le confiere atribuciones de agente del Ministerio Público de la Federación.
Es así como a Eslava -quien en el AC sólo es mencionado como acompañante del exdirector de 1a. AIC- se le achaca «omitir levantar constancia de la diligencia practicada el 28 de octubre de 2014 en Cocula» y no procurar la designación de un defensor que acompañara a García.
En el documento se admite que Eslava «no tenía a su cargo la integración de la averiguación, de igual modo tampoco se ha demostrado que haya solicitado al indiciado para la práctica de alguna diligencia».
Sin embargo, se resalta que de los cuatro funcionarios de la PGR que volaron con el inculpado (Zerón, Bernardo Cano Muñozcano -entonces funcionario de la AIC-, el agente de la Policía Ministerial Jaime Díaz Serralde y Eslava Arvizu), este último era «quien tenía facultades para intervenir en el lugar indicado», por lo que «debió asentar su actuación de manera formal por escrito y de acuerdo con las formalidades establecidas por el Código Federal de Procedimientos Penales, e informarlo al agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la integración de la indagatoria para que dicha constancia fuera glosada a la misma».
En el mismo sentido se señala que, por «por ministerio de ley», Eslava debió garantizar que se contara con un mandamiento ministerial para trasladar a García Reyes y que éste tuviera abogado».
Pese a la contundencia de estos hechos, el resolutivo se limita a apuntar que Eslava «probablemente cometió conductas irregulares de índole administrativa».
Por esto se instruye dar vista al titular de 1a. SEIDO, Alonso Lira. Salas, para que evalúe al funcionario, «quien con su actuar violentó los principios de legalidad, profesionalismo y certeza que deben regir el actuar en la función pública».
De los otros acompañantes de Eslava, cuya responsabilidad tampoco se incluía en el Acuerdo de Conclusión, se considera que Cano Muñozcano comparte el mismo tipo de responsabilidad de quien fue director de la AIC, y de la misma|igta|iflf rg se remite su caso al OIC de la PGR para que «inicie un procedimiento administrativo disciplinario» en su contra. Sobre la actuación de Díaz Serralde se da vista al titular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díaz-Leal, «en su carácter de superior jerárquico (…), ya que omitió elaborar informes y rendirlos al Ministerio Público de la Federación con respecto al traslado del indiciado, Agustín García».
La agente del Ministerio Público que elaboró el dictamen resta importancia a las conductas de funcionarios adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) de la SEIDO, y de Servicios Periciales, calificadas como «graves» en su momento por el agente Ricardo Juan de Dios Martínez, responsable del proyecto de Acuerdo de Conclusión.
Mientras en el primer documento se responsabilizó a 1a. agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla de detenciones y retenciones ilegales de siete personas, entre ellas García Reyes, en el dictamen final se suprime esa consideración y sólo se le atribuye no haber glosado el oficio de cese de custodia del inculpado, fechar la recepción del certificado médico emitido por personal de la Marina un día antes de que terminara de elaborarse, y firmar actuaciones fechadas en la Ciudad de México mientras supuestamente se encontraba en Cocula, en la diligencia del 29 de octubre.
En cuanto al fiscal de la UEIDMS, Jorge García Valentín, se le señala por entregar a García Reyes a Zerón sin causa legal que lo justificara.
En el escrito anterior se proponía la remoción de Bernal y la cancelación del certificado de García Valentín, pero en el dictamen final se considera que ambos cometieron «irregularidades de índole administrativo», y sus casos son enviados a su supe
ior jerárquico, el titular de SEIDO, Alonso Lira Salas.
En la resolución final también se consideran de índole administrativo las conductas irregulares de los peritos que participaron en las diligencias del 28 y el 29 de octubre: Eva Hernández Moreno, fotógrafa; Mauricio Cerón y Patricia Gómez.
Sus fallos supuestamente consistieron en errar al fechar fotografías, no preservar todos los restos localizados el 28 de octubre y «no levantar» la cadena de custodia, por lo que de la misma manera se instruye a que sea su superior jerárquico, en este caso el coordinador general de Servicios Periciales, Anselmo Apodaca Sánchez, quien determine las sanciones.
Ante el recorte de las primeras conclusiones y lo limitado de la resolución final, los padres de los 43 normalistas se enfurecieron durante la reunión del jueves 9, relata el señor González Contreras.
Destaca que por la información que habían tenido del propio exvisitador César Chávez, la publicada en medios como Proceso, y por las consideraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de sus propios abogados, «se habían identificado 18 irregularidades en los hechos del 28 de octubre en el río San Juan, pero lo que nos presentó la visitadora sólo consideraba siete, y de ésas casi no toca a Zerón, así que nuestro coraje fue muy grande».
Al señalar que el próximo 9 de marzo llegarán a un nuevo encuentro con el procurador Cervantes y la visitadora general, Adriana Campos, en el que presentarán su propio análisis del dictamen, Mario González puntualiza que «no es un asunto personal contra Tomás Zerón. Lo que los 43 padres y madres queremos es que se castigue a los funcionarios que manipularon la investigación, y que pusieron obstáculos para alcanzar el objetivo más importante para nosotros: encontrar a nuestros muchachos».