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AUTOR: Arturo R. Pansza 
FUENTE: La Prensa 
FECHA: 11 de febrero de 2017

  • Por presuntas irregularidades cometidas en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos
  • Derivaron en la negación del derecho de acceso a la justicia para las víctimas y para el pueblo de México 

Es prudente realizar una investigación penal internacional sobre las acciones de Tomás Zerón de Lucio, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, relativas a la construcción de la verdad histórica del caso de los 43 estudiantes normalistas, porque sus actos han derivado en la negación del derecho de acceso a la justicia para las víctimas y para el pueblo de México, demandaron representantes populares.

Al respecto, la vocera de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Cristina Gaytán Hernández, criticó la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizar una investigación administrativa en contra de Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por las irregularidades cometidas en el desarrollo de las investigaciones sobre la desaparición de los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, cuya consecuencia fue la construcción de la verdad histórica del gobierno federal, desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Dejó asentado que el PRD rechaza que la investigación sea conducida por la PGR debido al evidente conflicto de interés, a la vez que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se acuda, nuevamente, a instancias internacionales para garantizar el derecho a la verdad de las y los mexicanos.

Mientras tanto, la diputada de Morena, Araceli Damián González expuso que el gobierno federal encubre al extitular de la AIC de la PGR, en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, y pidió su destitución como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

En su calidad -de integrante de la Comisión Especia) sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dijo que la decisión de la PGR de que la SFP investigue la participación de Zerón de Lucio en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, «lo deja en total impunidad» y recordó que es cuestionado por la diligencia que realizó el 28 de octubre de 2014 en el Rio San Juan, cuando se desempeñaba al frente de la AIC.

Al opinar sobre el hecho de que la Visitaduría General de la PGR difundió a los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que la SFP será quien determine si existen elementos para aplicar una sanción a Zerón de Lucio, refirió que «es realmente dejarlo en la total impunidad, y deja la misma desconfianza que tiene actualmente la sociedad a la Procuraduría».

A su parecer, «es claro que el exfuncionario cometió abaso de autoridad, al haber llevado al supuesto delincuente a la zona donde se ha encontrado el único resto humano sobre el cual se está sustentando la mentira histórica».

Lamentó «el encubrimiento por parte del gobierno federal hacia Zerón de Lucio» y expresó que «con esto las autoridades siguen mostrando esta falta de disposición de resolver y aclarar lo que sucedió la noche del 26 y 27 septiembre de 2014» con los jóvenes de Ayotzinapa.

Por su parte el vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Federico Dóring Casar, estimó que el gobierno federal defiende a Tomás Zerón de Lucio, respecto a su probable responsabilidad por la presunta alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa.

Y detalló: «por supuesto que lo está defendiendo, tan lo está defendiendo que lo premió con una nueva responsabilidad política y administrativa».

Opinó «existe el delito de obstrucción de impartición de justicia, que es un delito que lé pueden configurar y que le podrían aplicar a Tomás Zerón».

Abundó que «si el gobierno federal no lo hace, pues los padres (de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa) tienen la opción del amparo indirecto para exigir que se vuelvan a valorar los elementos, cuando se dictase el no ejercicio de la acción penal o se le concediera esta salvaguarda administrativa».