AUTOR: Rubén Mosso
FUENTE: Milenio Diario
FECHA: 10 de febrero de 2017
- La ex procuradora Arely Gómez indagara probables «faltas administrativas» de Zeron
- Descarta la PGR siembra de evidencia durante las diligencias en el río San Juan
- LA SFP INDAGARÁ POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS EN CASO IGUALA
- Luego de seis meses, reanudan el diálogo con los padres de los normalistas: descarta la PGR siembra de evidencias en río de Cocula
La Procuraduría General de la República (PGR) determinó que siete servidores públicos, entre ellos, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón incurrieron en faltas administrativas durante la investigación del caso Iguala, por lo que será la Secretaría de la Función Pública (SFP), que ahora dirige la ex titular de PGR y ex jefa del mando policiaco Arely Gómez, quien establezca el grado de responsabilidad de cada uno de ellos.
Funcionarios federales dejaron claro que la Vistaduría General de PGR no encontró elementos que sustenten que Zerón u otros funcionarios sembraran evidencia en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, en ias diligencias del 28 y 29 de octubre de 2014, donde fue localizada una bolsa de plástico con restos óseos calcinados, uno de los cuales corresponde al estudiante Alexander Mora Venancio y otro del que hay probabilidades que sea de Jhosivani Guerrero de la Cruz.
En abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó entrever, durante su segundo informe de labores, que se pudo haber manipulado evidencia en el lugar.
Los expertos presentaron un video donde se observa a Tomás Zerón con personal de la PGR y con Agustín García Reyes, El Chere/e, uno de los presuntos jefes de Guerreros Unidos, durante una diligencia que no fue documentada ministerialmente el 28 de octubre, donde el detenido reveló el lugar donde fueron quemados los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa (tiradero de Cocula) y que las cenizas fueron echadas en bolsas al río San Juan.
MILENIO tuvo acceso al acuerdo que la visítaduría presentó a la SFP, donde señala lo siguiente: «Esta representación social de la Federación, visitador con adscripción a la Dirección General de Asuntos Internos, determina procedente dar vista al órgano interno de control de la institución en la institución, dependiente de la SFP, en términos del considerando quinto, inciso c), apartados I y II del presente acuerdo, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones y de considerarlo procedente, inicie procedimiento correspondiente en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por la posible comisión de infractores administrativas contra Tomás Zerón y Bernardo Cano Muñozcano», este último que acompañó a Zerón al río San Juan.
Ahora, la SFP determinará el grado de responsabilidad de ambos ex funcionarios, lo que podría derivar desde una amonestación hasta la inhabilitación en sus funciones.
Reclaman En conferencia de prensa, Sara Irene Herrerías y Alfredo Higuera Bernal, subprocuradora de Derechos Humanos de PGRy fiscal del caso Iguala, respectivamente, confirmaron lo dicho por Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los normalistas, en el sentido de que se solicitó iniciar un procedimiento administrativo contra Zerón y seis funcionarios más.
Sin embargo, Vidulfo y los padres de las víctimas reclamaron, durante la reunión en la que estuvo presente Raúl Cervantes Andrade y Miguel Ángel Osorio Chong, titulares de la PGRy Gobernación, respectivamente, que no se haya acusado penalmente a Zeron y a los otros servidores públicos.
Luego de seis meses del último diálogo, Higuera Bernai señaxo que la fiscalía a su cargo también indaga cómo fue que el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, obtuvo los números telefónicos de Ornar García Harfuch, ex mando de la Policía Federal y actual titular de la AIC, mismos que aparecen reproducidos en una libreta asegurada al presunto criminal.
Roberto Campa Cifrían, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, mencionó que durante el encuentro se acordaron reuniones mensuales para dar avances sobre la investigación de los normalistas, entre otras medidas.