AUTOR: Carlos Padilla Ríos
FUENTE: Zócalo
FECHA: 11 de enero de 2017
Carlos Padilla Ríos Durante los dos últimos años, Anabel Hernández ha investigado la desaparición de los normalistas, cuyos resultados ha publicado intermitentemente en la revista Proceso, como por ejemplo: la participación del Ejército y la Policía Federal en los ataques contra los normalistas, que el gobierno niega. Con documentos de la PGR y dictámenes médicos periciales, revela que varios detenidos, a los que el gobierno acusa de matar y quemar a los normalistas en Cocula, fueron torturados y obligados a confesar crímenes que nunca cometieron. «Son muchachos pobres, albañiles de Cocula, detenidos al azar y torturados para arrancarles esas confesiones», asegura.
También publicó que se monitoreó a los estudiantes desde que salieron de la Normal Rural de Ayotzinapa, contrario a la versión oficial de que el gobierno federal ignoraba las actividades de los normalistas, y sabía que los jóvenes irían a Iguala. «Fui la primera en publicar las declaraciones ministeriales de los militares, donde confesaron que monitorearon en todo momento a los estudiantes, lo que contradice y desmiente lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos», recuerda.
-También revelaste que efectivos del Batallón 27 dispararon contra al menos dos camiones donde se transportaban los jóvenes, gracias a la consulta de las pruebas de balística que realizaste, lo cual no se ha publicado mucho en los medios.
-Esta cuestión de que los militares dispararon al menos contra dos autobuses, el estrellado en la calle de Juan N. Álvarez y el de Los Avispones (equipo de fútbol) que se encontraba en el cruce de Santa Teresa, es parte de la indagatoria que hice, basada en las pruebas de balística realizadas en las primeras horas posteriores a los hechos del 26 y 27 de septiembre, donde claramente el perito señala que en la escena del cnmen, y en los camiones, hay casquillos y perforaciones que corresponden al arma G3, y la única corporación policiaca o de autoridad pública que porta esa arma es el Ejercito Mexicano, el 27 Batallón de Infantería.
Los casquillos tenían la marca FC.
Investigo y descubro que esas letras son el distintivo de la fábrica de cartuchos de la Sedeña, a quien remito una solicitud de acceso a la información: Por favor dime cuántos cartuchos de este calibre para esta arma has producido del 2001 a la fecha. Dime si cualquier ciudadano con licencia de portación de arma puede comprar estos cartuchos y dime cuántos te han robado. La respuesta de Sedeña, quien me dio la información este año después de varias largas, fue contundente: no te puedo decir cuántos cartuchos produzco para esta arma G3, porque es de seguridad nacional. Nadie puede comprar estos cartuchos, no están a la venta, sólo pueden ser usados por el Ejército Mexicano; y no me han robado ninguno.
Estas pruebas de balística estaban ahí desde las primeras horas y, en vez de que la Fiscalía General de Guerrero y la PGR llamaran inmediatamente a los elementos del 27 Batallón y les hicieran peritajes de sus amias, como lo hicieron con los policías municipales de Iguala, este caso se hubiera resuelto en muy pocas horas. Los responsables hoy estarían en prisión y todo este escándalo y este dolor a los padres de familia no hubiera ocurrido y se sabría el paradero de los muchachos a pocas horas de ocurridos los hechos.
-En el libro mencionas que la participación del Ejército en Iguala fue para recuperar la droga que iba en uno o dos autobuses tomados por los estudiantes, y que la misma se entregó al capo que habría dado la orden de detener los camiones.
-Es correcto, desde los primeros días de mi investigación encontré que había dos elementos clave, que no todo el tiempo eran una constante, y son dos autobuses Estrella de Oro, los que el gobierno federal, el Ejército y la Policía Federal monitorearon y siguieron físicamente desde que salieron de Ayotzinapa el 26 de septiembre, y en esos camiones iban los 43 normalistas desaparecidos. Para mí era una intriga que, si los normalistas viajaban en cinco autobuses, por qué se focalizó el ataque en dos y de los otros tres ningún chico desaparece. ¿Cuándo es que estos muchachos toman estos camiones? Los muchachos secuestraron los camiones el 22 de septiembre en Chilpancingo y, en el momento en que toman estos autobuses, inmediatamente son perseguidos. El 26 de septiembre salen esos camiones de la normal y los siguen y los monitorean hasta que llegaron a la caseta, donde ya los esperaba la Policía Federal y el Ejército.
Testimonios provenientes del crimen organizado señalan que la droga no pertenecía a ninguna de las organizaciones que el gobierno menciona (Guerreros Unidos) ni de los detenidos responsabilizados de estos hechos.
En esa región opera un capo vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva, quien fue notificado de que sus autobuses habían sido robados, por lo que ordenó al 27 Batallón de Infantería y a otras autoridades federales rescatar la droga. Aparentemente dos millones de dólares en heroína. De acuerdo con esta versión, los estudiantes se habrían dado cuenta de este operativo de rescate del enervante, y es cuando ordenan la desaparición de los 43, entre 10:30 y 11:00 de la noche del 26 de septiembre de 2014.
-Deduces que la desaparición de los estudiantes se decidió porque fueron testigos de que efectivos del Ejército recuperaban la droga de los autobuses en que ellos se transportaban.
-Ese fue el móvil de la desaparición. No hay en todo el expediente, en la investigación, alguna otra explicación. Entre las 10:30 y 11:00 de la noche los policías municipales y otras autoridades dispararon contra los autobuses para detenerlos. En esta refriega resulta herido en la cabeza Aldo Gutiérrez, en el callejón N. Álvarez. Otro muchacho tiene un ataque de asma y casi se muere en el camión; sin embargo, en ese momento no se dio la orden de desaparición. Todos estos muchachos fueron llevados al hospital. Es después de las 10 de la noche cuando cambia totalmente la orden.
-En el mismo libro incluyes las investigaciones internas de la PGR a las que tuviste acceso.
-Cuando estoy terminando el libro tengo acceso a dos documentos clave en todo este caso, porque independientemente de mis investigaciones y conclusiones, basadas en documentos, peritajes técnicos y de balística, e independientemente de las conclusiones a las que llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (G1EI), hoy tenemos dos documentos internos de la PGR elaborados en una investigación practicada por ministerios públicos facultados por la Procuraduría, del área de la Visitaduría General, la encargada de asuntos internos y de revisar que por dentro de la institución se hagan las cosas correctamente; de investigar la corrupción, desvíos de recursos, investigar la manipulación y falsificación de pruebas.
Esta Visitaduría produjo dos documentos este año, (uno en abril y otro en septiembre). Uno de 177 páginas relacionado única y exclusivamente a la indagatoria interna practicada contra Tomás Zerón De Lucio, el entonces titular de la Agencia de Investiga ción Criminal, sus peritos y ministerios públicos que participaron en las diligencias del río San Juan, donde según el gobierno, de manera casual, accidental, por la declaración de un testigo, habían encontrado bolsas con restos humanos, entre ellos los de Alexander Mora, uno de los 43 normalistas desaparecidos.
El encubrimiento del Estado ha sido terrible, lo que la Visitaduna sí dice en su expediente, en sus conclusiones, es que la actuación del Ejército fue dolosa, que los militares mintieron, cambiaron sus declaraciones ante la PCíR, que el Ejérdto manipuló vídeos y bitácoras del C4 y que por eso debe ser investigado.»Ibda esta información de las manipulaciones del C4, de los vídeos, son datos que yo ya había publicado previamente.
Realmente es a través de dos rutas como se llega a la misma, conclusión de que el Ejército fue una parte importante esa noche, hay que investigarlo y fincarle responsabilidades, de acuerdo con la propia Visitaduna General.
Habrá que investigar también al capitán José Martínez Crespo.
Entonces, esta investigación llega a conclusiones muy contundentes de que la Policía Federal, la Ministerial, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal de Guerrero y algunos elementos de la Policía Municipal de Iguala participaron, lo que el gobierno intenta encubrir y esconder, al crear una falsa versión con la famosa «verdad histórica» de la PGR.