Autor:.Raúl Jiménez Vázquez
Fuente: Siempre
Fecha: 14 de Agosto de 2016
El genocidio del 2 de octubre de 1968, el Halconazo del 10 de junio de 1971, la guerra sucia y los demás crímenes de Estado perpetrados durante las décadas anteriores pasaron casi inadvertidos ante los ojos de la comunidad internacional. Ello se debió, entre otras razones, al cerco informativo instrumentado por el gobierno federal con la total complicidad de los más importantes medios de comunicación y a la estrategia de distorsión de la verdad histórica desplegada desde la cancillería a través de la emisión de boletines con narrativas ad hoc destinados a las embajadas y consulados.
Muy pocas voces críticas lograron saltar a la palestra. Una de ellas fue la de Fernando Benítez, quien en un artículo publicado el 23 de octubre de 1968 en las páginas de la revista Siempre! denunció la extrema crueldad del ataque contra los miembros del movimiento estudiantil, y externó su repudio a los acuerdos de las cámaras del Congreso de la Unión en los que se estableció que la actuación del Ejecutivo federal estuvo rigurosamente apegada a la Constitución.
Hoy en día, afortunadamente el escenario no es el mismo, por lo menos en el plano supranacional. Esta metanoia, este cambio sustantivo, se debió primordialmente a la feliz conjunción de varios factores: el afloramiento y enraizamiento ciudadano del discurso de los derechos humanos, el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa de la dignidad humana, la expansión del pensamiento crítico y, sobre todo, el afianzamiento de las instituciones emanadas de los sistemas universal e interamericano de protección de derechos humanos.
Ayotzinapa_43-CIDH
Tal contexto hizo posible que la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa no fuera cubierta con la indigna loza de la impunidad y el olvido. De no haber mediado la oportuna y eficaz intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguramente habría prevalecido la «verdad histórica de los hechos» urdida por la PGR y la indagatoria penal estaría ya durmiendo el sueño de los justos.
Por ello, es digna de aplauso la reciente aprobación por el ombudsman hemisférico de la implementación de un mecanismo de seguimiento especial a las medidas cautelares relacionadas con la desaparición de los alumnos de la normal «Raúl Isidro Burgos», cuyo propósito central es compeler al Estado mexicano a que se atiendan las recomendaciones vertidas en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y se determine el paradero de las víctimas. Acorde a esta estrategia interamericana, el relator para México y/u otro comisionado y dos o más asesores técnicos de la Secretaría Ejecutiva, entre otras medidas, podrán entrevistarse con los integrante del batallón de Iguala.
Ésta es una nueva y esperanzadora hoja de ruta en pos de la verdad, la justicia y las reparaciones integrales. Ojalá que así lo entiendan quienes se han dedicado a darle vueltas y evasivas al esclarecimiento de un hecho que se califica como un crimen de lesa humanidad.