Autor:.Silvia Garduño
Fuente: Reforma
Fecha difusión: 14 de Agosto de 2016
Condenan sólo a 9 funcionarios en 15 años Rehuyen a castigar desaparición tonada Acusa ONG de autoridades en los registros de resultados SILVIA GARDUÑO Entre 2001 y mayo de 2016, los juzgados federales del país emitieron 21 sentencias por desaparición forzada, de las cuales únicamente 9 son condenatorias.
En respuesta a una solicitud de información, el Consejo de la Judicatura Federal (C JF) señaló que de ratas 21 sentencias, dos son absolutorias, una está bajo la categoría de «acumulación procedente», en una más se determinó «incompetencia» y las ocho restantes están bajo la definición de «otra». las cifras que reporta el CJF son de sentencias de primera instancia, de forma que no se sabe con certeza si ajguna de estas sentencias ha sido revocada, apelada y cuáles ya son definitivas y firmes.
De las 21 sentencias, 10 han sido emitidas durante la actual administración de Enrique Peña Nieto, es decir entre 2013 y 2016, de las cuales únicamente tres de ellas son condenatorias.
En marzo de 2014, el Estado mexicano, a través de la Cancillería, presentó un informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés), en el que señaló que entre2005y2009 se habían rastrado seis sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada Sin embargo, en febrero de 2015, durante la revisión del informe ante el CED en Ginebra, la entonces encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García, actualizó el dato, y dijo que desde 2005, el Poder Judicial de la Federación había obtenido 13 sentencias condenatorias para igual número de funcionarios.
A través de una nueva solicitud de información, el CJF deberá transparentar las versiones públicas de las 21 sentencias, con lo cual se podrá saber si la información proporcionada es congruente con la presentada hace un año ante el CED.
En entrevista, Maureen Meyer, directora del programa sobre México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), afirmó que además de que el número de sentencias es muy bajo respecto al número de personas desaparecidas, resulta preocupante que no haya un registro claro sobre todos los datos.
«Preocupa que no haya un registro claro de los resultados de estos casos, o sea que no es tan fácil encontrar las sentencias. Como fiscal, abres una averiguación previa, logras consignar, pues también debes poder informar qué resultados hay de esto, porque de eso depende tu calidad de investigar.
«Muestra que ha habido muy poco interés y trabajo de calidad para atender esta crisis de desapariciones forzadas Si hubiera un compromiso, pues tendría que haber más sentencias», comentó.
Asimismo, agregó que el número tan bajo de sentencias puede estar vinculado a que muchos de estos casos no se persiguen por el delito de desaparición forzada, sino de secuestro y homicidio, como ocurre con el caso Ayotzinapa.