AUTOR: Ruth Zavaleta Salgado
FUENTE: Excélsior
FECHA: 12 de agosto de 2016
En Guerrero, en las últimas dos semanas, se han firmado diversos convenios entre diferentes secretarías federales y el gobernador Héctor Astudillo; los temas principales están relacionados con el desarrollo rural sustentable, la cultura democrática y cívica, la coordinación para la Reforma Educativa, el apoyo al empleo y, en el caso del combate a la violencia contra las mujeres, la autoridad estatal ha realizado diversas acciones tanto con las representaciones de organizaciones sociales como con las autoridades federales y municipales, pero el gran tema sigue siendo el de la seguridad pública.
Tal vez las preguntas que nos surjan después de ver los noticiarios son: ¿por qué no se avanza en el tema? ¿Por qué persiste la sensación de inseguridad? ¿Qué retos se enfrentan en dicho rubro? Para responder esto y más, en días pasados, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, Pedro Almazán Cervantes, el fiscal General del estado, Xavier Olea Peláez, y el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, comparecieron ante diputados del Congreso local. Literalmente, los funcionarios expusieron la falta de presupuesto y recursos humanos pero, por otra parte, de los datos que expusieron se traduce que se requiere una estrategia en la cual todos los actores involucrados de forma directa o indirecta se hagan corresponsables de impulsar acciones en conjunto.
La primera acción tiene que ver con la construcción de un diagnóstico profundo, municipio por municipio y comunidad por comunidad, de la problemática que se enfrenta. No toda la violencia está relacionada con el narcotráfico, algunos delitos se cometen en su nombre, pero cada región tiene su problemática.
Para realizar esta acción en particular debe emprenderse una reforma de actitud del Poder Judicial local, cuyo objetivo central sea investigar profesionalmente la comisión de delitos para combatir la impunidad y procurar justicia de forma inmediata a las víctimas de cualquier tipo de violencia física, como asesinato, secuestro o extorsión, y más si ésta se dirige contra niños o mujeres.
Por supuesto, para lograr este gran objetivo, la Fiscalía General del Estado (FGE) debe contar con tecnología para implementar operativos eficaces en contra de los grupos delincuenciales; asimismo, tiene que incrementar el salario de sus fiscales para evitar corrupción e impulsar un cambio de condiciones de trabajo de su personal que en este momento son: parque vehicular en condiciones de chatarra, tecnología arcaica, ausencia de presupuesto para los operativos que cotidianamente se llevan a cabo, insuficiencia de insumos periciales que permitan resolver con prontitud y certeza las probanzas que se aportan a los órganos jurisdiccionales y tiene que haber capacitación para el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que, lamentablemente, no se atendió sino hasta la presente administración.
Sin lugar a duda, la segunda acción, que consiste en resolver el problema de recursos humanos de la policía y lograr la participación coordinada con los municipios en las tareas de seguridad, es igual o más urgente que las dos primeras y requiere del apoyo económico de la Federación y de la corresponsabilidad de la autoridad municipal.
Hasta el momento, 55 de los 81 ayuntamientos han firmado la carta de adhesión al mando mixto, 21 no se han pronunciado y los alcaldes de Pilcaya, Atlamajalcingo, Atlixtac, Cochoapa el Grande y Metlatónoc decidieron no adherirse.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública detalló que la dependencia está al 30% de su capacidad y enlistó una serie de requerimientos para subir su nivel de eficacia en las tareas que le corresponden: reclutamiento, capacitación y equipamiento de, cuando menos, tres mil policías, 250 motocicletas, 50 camionetas y 50 vehículos tipo sedán como patrullas, asimismo, conformar un grupo táctico aeromóvil de reacción inmediata con fuerzas especiales. Adquirir software y hardware para cámaras de seguridad, colocar postes de contacto ciudadanos y crear aplicaciones móviles para mejorar las capacidades de los C4. Por si fuera poco, hace falta un trabajo urgente de mantenimiento en los 15 Centros de Reclusión Social del estado, que tienen una sobrepoblación de mil 233 reclusos.
Por donde se le vea, el problema de inseguridad que enfrenta Guerrero no puede ser resuelto sólo con la participación federal o estatal, por lo que la acción más urgente, después de escuchar las intervenciones de algunos diputados, debe ser la reconciliación entre las fuerzas políticas que detentan el poder en la entidad; el pluralismo político no puede ser obstáculo para poner en primer lugar la búsqueda de la paz para los guerrerenses.