AUTOR: Patricia Torres
FUENTE: El Sol de México
FECHA: 31 de mayo de 2016
Pide PRD a la PGR reparar daño a indígena acusada de secuestro POR PATRICIA TORRES Piden los diputados Ornar Ortega y Maricela Contreras Julián, del PRD, que la Procuraduría General de la República (PGR), acate orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de reparar el daño causado a la indígena otomi Jacinta Francisco Marcial, quien fue encarcelada tres años por un supuesto «secuestro» a elementos de la AFI.
«Es hora de que el Estado mexicano empiece a pagar por sus graves injusticias y, sobre todo, no las repita más al imputar delitos y encarcelar a personas inocentes», aseveraron los legisladores.
Solicitaron, además, la intervención del Congreso de la Unión, a través de una propuesta de punto de acuerdo de urgente resolución presentada a la Comisión Permanente, para que exhorte a la PGR a cumplir este mandato.
Refirieron que Jacinta Francisco y otras dos mujeres fueron acusadas absurdamente por la PGR de secuestrar a agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) durante un ilegal operativo en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, en 2006.
Durante este operativo, supuestamente para combatir «piratería» de marcas y productos, a los comerciantes les fueron robadas sus mercancías y, como los policías y la PGR -de la cual dependía la AFI- se negaron a pagar lo robado a pesar de ser exhibidos y aceptarlo en principio, cuatro meses después de los hechos, optaron por presentarse como víctimas y acusar a las mujeres otomíes de secuestro.
Así, el 3 de agosto de 2006 y mediante engaños, sujetos vestidos de civil y en un vehículo sin identificación oficial, la trasladaron al Juzgado Cuarto de Distrito de Querétaro donde oyó la extravagante acusación sin poderla entender ni defenderse, pues no tuvo acceso a intérprete alguno.
Las únicas pruebas de la PGR contra ella y otras dos mujeres fueron una foto del periódico «Noticias» en donde casualmente aparece Jacinta -cuando regresaba a su puesto de aguas frescas de una consulta médica en la farmacia del pueblo, mientras policías y comerciantes dialogaban o discutían durante el «operativo»-, y las contradictorias declaraciones de seis elementos de la AFI y varios municipales.