- Primer Ministro canadiense debe implementar reformas para que las empresas mineras de su país cumplan con los más altos estándares internacionales de derechos humanos
25 de abril de 2016.- Más de 190 organizaciones basadas en América Latina, Europa y los Estados Unidos entregaron hoy al Primer Ministro de Canadá una carta pública instando a que su gobierno promueva reformas legales y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo. El apoyo diplomático y financiero del estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tales pronunciamientos refuerzan las conclusiones de un informe elaborado una coalición de organizaciones de América Latina titulado El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá.
Las organizaciones firmantes solicitan que Canadá garantice los más altos estándares internacionales en sus políticas de fomento a la minería y en sus relaciones con los países donde operan empresas canadienses. Por otra parte, solicitan también la creación de mecanismos de acceso a la justicia en Canadá para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocados por empresas canadienses puedan ser reparadas por los daños provocados, cuando esto no ha ocurrido en el país donde ocurrieron los hechos.
Las organizaciones firmantes de la carta reconocen los gestos de apoyo hacia un mayor respeto a los derechos humanos manifestados por el gobierno de Justin Trudeau desde su nombramiento como Primer Ministro. Sin embargo, esperan que el discurso de apertura hacia nuevas políticas de derechos humanos se materialice en medidas concretas para que las empresas mineras con sede en Canadá actúen dentro de un marco legal consistente con las obligaciones internacionales del Estado canadiense.
Su Excelencia Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá
Ottawa, Ontario
Estimado Señor Trudeau,
Tenemos el gusto de dirigirnos a usted para manifestar nuestra satisfacción por el escenario que se inaugura tras su elección como Jefe de Gobierno de Canadá y por los gestos de apoyo hacia los derechos humanos manifestados por usted desde su nombramiento como Primer Ministro.
Particularmente, destacamos la conformación de un gabinete ministerial diverso, con un número inédito de mujeres y dos ministros indígenas; sus pronunciamientos en torno a la cuestión migratoria y la crisis humanitaria en países avasallados por conflictos internos; su compromiso en priorizar la relación “nación a nación” entre el gobierno canadiense y los pueblos indígenas, empezando con la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el compromiso constructivo y renovado de su gobierno en las negociaciones climáticas y, en general, la disposición para replantear las políticas de Canadá en materia de derechos humanos y especialmente los derechos de los pueblos indígenas.
Como activistas, organizaciones latinoamericanas, redes y organizaciones internacionales con aliados en América Latina, estamos enterados de la problemática y preocupados por las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas mineras canadienses que operan en la región. En base a nuestra experiencia, nos permitimos hacerle las observaciones y recomendaciones siguientes, en el espíritu de reconocimiento de que compartimos algunos principios universales en materia de derechos humanos y justicia que trascienden fronteras.
Las instituciones y redes abajo firmantes vienen trabajando desde hace varios años en la defensa de los derechos humanos de comunidades y personas afectadas por actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales en América Latina. Como es de su conocimiento, varios estudios publicados durante los últimos años han analizado el rol del Estado canadiense en la comisión de dichas violaciones, a través de su apoyo político, financiero o diplomático a empresas involucradas en las mismas. A modo de ejemplo, en abril de 2014 una coalición de organizaciones de América Latina, con el apoyo de ONGs y centros académicos basados en Canadá, Estados Unidos y Europa, publicó un informe titulado El Impacto de la Minería Canadiense en América Latina y la Responsabilidad de Canadá. Este documento fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la Misión de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, a la Cancillería de Canadá y a las Embajadas canadienses en los países donde se ubican los 22 proyectos mineros examinados, a saber: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina y Perú1
El documento reconoce los esfuerzos de varios parlamentarios, incluyendo miembros del Partido Liberal, por la adopción de un marco legislativo que establezca de forma más efectiva la rendición de cuentas de empresas mineras canadienses por sus actos en el exterior. Se destaca, en este sentido, el Proyecto de Ley C-300, de iniciativa de John McKay MP, que usted apoyó, y que buscaba asegurar que empresas del sector extractivo que reciben apoyo del gobierno de Canadá actúen de manera consistente con los estándares internacionales ambientales y de derechos humanos. Usted se acordará del fuerte lobby ejercido por gremios del sector extractivo antes del rechazo del proyecto, pero por una diferencia de solo seis votos2 miembros del Parlamento y de la sociedad canadiense este tema es de gran relevancia.
En noviembre de 2014, se llevó a cabo una audiencia ante la CIDH titulada Impacto de las Actividades de Empresas Mineras Canadienses sobre los Derechos Humanos en América Latina.
Durante la audiencia, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la academia canadiense3 sostuvieron la necesidad de que Canadá tome medidas concretas para prevenir y reparar las afectaciones de derechos humanos derivadas de actividades de empresas canadienses en América Latina. En su resumen del 153o Período de Sesiones, la CIDH subrayó la importancia de que los Estados de origen de las empresas transnacionales, haciendo especial mención a Canadá, tomen medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos.
En adición a las iniciativas ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el rol del Estado canadiense en violaciones perpetradas por empresas mineras con sede en dicho país ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos. En la última revisión sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos por parte de Canadá, llevada a cabo en julio de 2015 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, uno de los principales puntos de preocupación fue la ausencia de mecanismos efectivos dirigidos a prevenir y mitigar las violaciones cometidas por sucursales de empresas mineras canadienses en el territorio de terceros países. En el pasado mes, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU publicó su sexto informe periódico sobre Canadá, y recomendó que dicho país refuerce la legislación que rige las actividades en el extranjero de las empresas registradas o domiciliadas en su jurisdicción. Asimismo, recomendó que Canadá “introduzca mecanismos efectivos para investigar las denuncias presentadas contra esas empresas y adopte las medidas legislativas necesarias para facilitar el acceso a la justicia ante los tribunales nacionales de las víctimas de las actividades de esas empresas.4
Ante el referido escenario, el desempeño de Canadá en materia de derechos humanos se ha deteriorado de forma considerable bajo administraciones anteriores, no solo ante los ojos de la comunidad internacional, sino ante aquellas personas, pueblos y comunidades que conviven con el impacto negativo de los proyectos extractivos conducidos por empresas canadienses.
En vista de la sensibilidad por los derechos humanos manifestada por usted durante la inauguración de su nueva administración, le instamos a adoptar las medidas que estén a su alcance para promover reformas legislativas y administrativas con el fin de regular más eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo. En particular, recomendamos un inmediato cambio de postura por parte del Estado canadiense con miras a:
- Garantizar que las empresas mineras canadienses que realizan actividades en América Latina lo hagan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos a los que están sujetos tanto los países anfitriones como el propio Estado de Canadá. Al respecto, y ante la gran conflictividad en torno a la minería que ha ido en aumento en la región, es vital que el gobierno de Canadá y las empresas mineras canadienses respeten el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado, antes de realizar cualquier actividad minera en sus territorios.
- Respetar la decisión de las comunidades indígenas y no indígenas que han dicho no a la minería a gran escala debido a los daños severos al medioambiente y al bienestar social que conlleva.
- Implementar las recomendaciones que hizo el Comité Permanente sobre las Relaciones Exteriores y el Comercio Internacional en 2005.5
- No inmiscuirse ni brindar ningún tipo de apoyo gubernamental, sea a través de programas de desarrollo, acuerdos comerciales y/o de asociación, financiamiento público o asistencia técnica, que busque influenciar la adopción o modificación de marcos regulatorios en los países receptores de proyectos extractivos.
- Incorporar estándares internacionales de derechos humanos y de transparencia en la regulación de las agencias de crédito e inversión pública y privada que financian actividades extractivas e imponer salvaguardias a empresas que reciban subsidio estatal.
- Garantizar un efectivo acceso a la justicia ante los órganos de la jurisdicción canadiense, para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocadas por empresas canadienses en el exterior puedan obtener justicia, verdad y reparación integral.
- Crear mecanismos objetivos, imparciales y eficaces de monitoreo e investigación de denuncias de violaciones a derechos humanos, individuales y colectivas, provocadas por empresas mineras canadienses en el exterior. Tales mecanismos deberían ser diseñados de conformidad con los Principios de París sobre el estatus y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos.
- Dejar de impulsar tratados de libre comercio y acuerdos de inversión que favorecen la protección y la promoción de los intereses de las empresas mineras canadienses por encima de los derechos humanos, individuales y colectivos, y la protección del medioambiente.
- Abstenerse de impulsar mecanismos de arbitraje internacional, que es una herramienta poderosa para blindar las inversiones extranjeras que se favorecen de la inexistencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos.
Luego de varios años de indisposición al diálogo y falta de autocrítica por parte del anterior gobierno, tenemos la esperanza de que su compromiso por los derechos humanos culminará en medidas que harán responsables a las corporaciones y agencias estatales y prevendrá más abusos por parte de las compañías mineras canadienses operando en el extranjero. Tales medidas permitirán que Canadá sea reconocido como una nación que respeta los derechos humanos.
Con el testimonio de nuestra estima y consideración.
1 Se adjunta a la presente comunicación una versión impresa del informe y su resumen ejecutivo.
2 Ver, http://www.miningwatch.ca/article/bill-c-300-high-water-mark-mining-and-government-accountability
3 Mining Watch Canadá, Justice and Corporate Accountability Project y Halifax Initiative.
4 Ver, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, E/C.12/CAN/CO/6, 4 de marzo de 2016.
5 Al respecto, véase http://www.miningwatch.ca/article/corporate-accountability-canada-miningwatch-archive.
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Acción Colectiva Socioambiental Forum Solidaridad Perú
Acción Ecoloógica Franciscans International
Afectados por Represas Ríos Vivos Fraternidad Misionera del Sagrado Corazón
Alcaldía del Municipio de Casillas, Guatemala Frente por la Salud de los Pueblos
Alcaldía del Municipio de Mataquescuintla, Guatemala Fundación Agrecol Andes
Alcaldía del Municipio de San Rafael las Flores, Guatemala Fundación Ambientalista Mariano Abarca
Alcaldía del Municipio de Santa Rosa de Lima, Guatemala Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz
Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor Fundación Simiente
Asociación de Biologos de la Universidad del Tolima Fundación Tierra Nuestra
Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta Global Justice Clinic
Asociación Fundación CORDES GRUFIDES
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Grupo de Apoyo Mutuo
Asociación Madre Tierra Guatemala Human Rights Commission
Asociación Marianista de Acción Social Human Rights Research and Education Centre of the University of Ottawa
Asociación Pro Derechos Humanos Institute for Policy Studies
Asociación Pro Derechos Humanos en España Instituto Bartolomé de Las Casas
Asociación Servicios a Programas de Desarrollo e Investigación Instituto de Defensa Legal
Barrio San Pedro Instituto de Derecho Ambiental de Honduras
Bienaventurados los Pobres Instituto de Estudios de las Culturas Andinas
Bios Iguana A.C. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
Cabildo por las Mujeres de Cuenca Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
Cáritas El Salvador, Diócesis de San Miguel Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.
CEHPRODEC Instituto Sócioambiental
CENSAT Agua Viva International Network of Human Rights
Center for International Environmental Law International Presentation Association
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica Jesuit European Social Centre
Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala JPIC Família Franciscana de Honduras y JPIC OFM
Centro de Análisis e Investigación – FUNDAR Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos de Honduras
Centro de Derechos de Mujeres en Honduras La Escuela de Agroecología de Bulán
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. La Escuela de Agroecología de Kimsakocha
Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» La Fundación Savia Roja
Centro de Documentación e Información La Red Agroecológica del Cañar
Centro de Ecología y Pueblos Andinos Las Escuelas de Agroecología de Saraguro y Tenta
Centro de Educação, Pesquisa e assessoria sindical e Popular, Brasil Las Escuelas de Agroecología de Saraguro y Tenta
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos Mesa Nacional frente a la Minería en El Salvador
Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio Mesa Permanente por la Justicia Laboral
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos Misereor
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
CESTA Movimiento Ambientalista Santabarbarense
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Movimiento Ambientalista Santabarbarense
Colectivo Madre Selva Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia
Colectivo Voces Ecológicas Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero
Columban Center for Advocacy and Outreach Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra
Comisión Claretiana de Justicia Paz e Integridad de la Creación Colombia Oriental y Ecuador Network in Solidarity with the People of Guatemala
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación NGO Mining Working Group
Comisión Diocesana de Defensa de la Naturaleza Notre Dame de Sion New York
Comisión Paz y Ecología Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Lima
Comité Ambiental en Defensa de la Vida Observatorio Ambiental de la Universidad del Tolima
Comité Guardianes de la Naturaleza del Municipio de Casillas Observatorio Ciudadano
Commissão Nacional da Terra Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina
Community Resource Centre Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
Congregations of St. Joseph Organización en Defensa de la Naturaleza Municipio de Nueva Santa Rosa, Guatemala
Congreso Ambiental de Santander Otros Mundos, Chiapas
Consejo Comunitario de Desarrollo, Aldea San Juan Bosco, San Rafael las Flores, Guatemala Passionists International
Consejo de Cuenca de valle de Ángeles Pastoral da Juventude Rural
Consejo de Pueblos Wuxhtaj Pastoral Social – Cáritas, Diócesis de la Verapaz
Consejo Tiyat Tlali en Defensa de la Vida y Nuestro Territorio Pastoral Social Cáritas
Conselho Indigenista Missionário Pax Christi
Convergencia Ciudadana de Mujeres de Guatemala Pax Christi International
Cooperacción Peace Brigades International
Coordinación de ONG y Cooperativas Plataforma internacional contra la Impunidad
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú Presidente del Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala
Corporación Claretiana Norman Perez Bello Proceso ciudadano «Vélez 500 años, unidos por el desarrollo»
Corporación Nuevo Municipio Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
Corporación Otra Escuela Provincia Nuestra Señora de Guadalupe, Centroamérica, Panamá y Fundación de la Santa Cruz, Haití
Corporación PODION Proyecto “Generando Capacidades en Protección Ambiental”
Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Corporación Red de Promotores de Derechos Humanos Radio Marañón del Vicariato de Jaén
DECOIN Red «Iglesias y Minería»
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales Red «Justiça nos Trilhos»
Derechos Humanos sin Fronteras, Perú Red de Comités Ambientales del Tolima
Derechos Humanos y Medio Ambiente Red de Entidades para el Desarrollo Solidario
Diálogo y Movimiento Red Mexicana de Afectados por la Minería
Diócesis de Huaraz Red Muqui
Diócesis de San Pedro Sula Red nacional de comunidades afectadas por la minería en Honduras
Dominican Leadership Conference Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia
Due Process of Law Foundation Rede de Cooperação Amazônica
ECUARUNARI Secretaría de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos de Centroamérica
El Frente de Defensa del Agua y la Vida del Cañar Sisters of Charity Federation
ENTRECULTURAS Society of Catholic Medical Missionaries
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial The Democracy Center
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras Tutela Legal
Equipo Jurídico Pueblos UNANIMA International
Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Escuela de Agroecología de Mujeres Saraguras Vicaría del Sur, Diócesis de Florencia
FESPAD VIVAT International
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Yasunidos Guapondelig